Las drogas enardecen el conflicto de La Mina después de un asesinato
Los Baltasares aprovechan la muerte de uno de los suyos para presionar al resto de los clanes y quedarse con los puntos de venta
La guerra en la Mina no es una guerra fácil. El conflicto por el control de las drogas y la muerte de un hombre el pasado 23 de enero ha enardecido la situación. Aparentemente, en la actualidad reina la calma en el barrio después de que 500 personas, de los clanes de los Chatos, los Peluos, los Cascabel, los Zorros y los Manuel, se hayan visto obligados a abandonar el barrio por la presión, el miedo y las amenazas por parte del clan de los Baltasares, al que pertenecía la víctima. Nunca antes se había vivido una dispersión así.
La Operación Titán, llevada a cabo en dos fases por los Mossos d’Esquadra contra el menudeo de droga en el barrio, generó una situación de vacío de poder. Un contexto que los Baltasares, junto con los Alunda, supieron aprovechar para hacerse con los puntos de venta, sobre todo pisos liberados después de la actuación policial, expulsando a todos los demás en parte con la excusa del asesinato. “La droga que se vende ahora en el barrio es prácticamente toda de los Baltasares”, concretan fuentes policiales.
Los Mossos siguen muy de cerca lo que pasa, y tienen identificadas a cinco personas que amedrentan al resto y que infunden el temor en la comunidad: Julián, Joaquina y Miguel Ugal, tíos de la víctima, Luis Miguel Antimasveres, también de los Baltasares, y Miguela Amaya, del clan de los Alunda, que se han asociado con ellos y se han beneficiado de la huida masiva del barrio.
Fuentes policiales destacan la agresividad y la violencia de algunos de los Baltasares. En concreto de Miguel Ugal, que hace poco ha salido de prisión, donde cumplía condena por uno de los crímenes con más enseñamiento que se recuerdan en La Mina, el asesinato a puñaladas de Francisco Lacera en el parque del Besòs. Además, según esas mismas fuentes, otro de los familiares ha comprado seis armas, entre ellas dos ametralladoras, para advertir y tensar más aún el ambiente.
Esas mismas fuentes hablan de extorsiones a pequeños comerciantes, a los que les piden que les paguen a partir de ahora los alquileres de locales o pisos que antes eran propiedad de las familias que han huido. La presión ha afectado a cinco generaciones relacionadas con los Peluos, que se han instalado en localidades del Maresme y el Vallès.
También clanes tradicionales, con autoridad en el barrio, que ya se han desvinculado de las drogas, como los Chatos, que ahora viven de un negocio de chatarra, de manera legal, se han visto obligados a irse, con el drama que eso supone para las familias. “Van ocupando pisos como pueden, pero a la que les localizan les echan, nadie les quiere allí”, aseguran fuentes policiales.
Los Jodorovich
Oficialmente, el área de mediación de los Mossos trabaja para apaciguar el conflicto y evitar que vaya a más. Pero en realidad, la negociación recae en otro clan, mucho más prestigioso que el resto, y alejado de La Mina: los Jodorovich, de la Zona Franca. A través de un pastor evangélico de la familia, están decidiendo quiénes pueden volver y en qué condiciones. Aunque el regreso está siendo a cuentagotas.
¿Y por qué los Jodorovich? Algunas fuentes policiales apuntan en primer lugar a que son una familia neutral, que no está viciada por el conflicto. Además, es una de las familias más poderosas de Cataluña, sospechosa de nutrir de la droga al resto de clanes que después se vende en los pisos. Los Jodorovich han sido objetivo de diversas investigaciones policiales de las que hasta ahora han conseguido salir de manera más o menos airosa.
La Mina es un barrio donde conviven históricamente diversos clanes de la droga mezclados con personas que no tienen nada que ver con ese mundo, y que normalmente no suele salpicar con sus conflictos más allá de sus fronteras. Su propia naturaleza provoca que muchos de los problemas se solucionen en casa, al margen de los cauces legales. A lo que se suma la conocida como ley gitana, del ojo por ojo, diente por diente, que se enarbola desde el 23 de enero, y que posiblemente no cesará hasta que los otros seis implicados en la muerte (los Mossos ya han detenido a dos) no sean arrestados.
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