La Audiencia archiva la querella contra el juez que sentenció a Puig Antich

La lucha de las hermanas de Salvador Puig Antich por hacerle justicia ha topado, una vez más, con los tribunales. Cuando el Tribunal Supremo rechazó revisar el caso del joven anarquista ejecutado por garrote vil en 1974, el Ayuntamiento de Barcelona y la familia se querellaron por delitos de lesa humanidad contra el juez del Consejo de Guerra que firmó su sentencia de muerte. Ha sido en vano. La Audiencia de Barcelona ha archivado el caso.

El carpetazo a la causa, aunque previsible, marca un punto y seguido en la lucha de la familia de Puig Antich. Los magistrados admiten que, como sostiene la querella, los delitos de lesa humanidad no prescriben. Pero recuerdan que el delito no puede aplicarse en España a hechos ocurridos antes de 1977 porque ese año se aprobó la ley de amnistía, que impide investigar violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Francisco Franco.

El auto contiene algunos guiños al planteamiento de la familia de Puig Antich. Los magistrados admiten que la ley de amnistía “hoy no cumpliría los parámetros” exigidos para garantizar los derechos de las víctimas. Pero recuerda que fue aprobada por un parlamento ya democrático y que ha sido confirmada, en dos ocasiones, por el Congreso de los Diputados. “La conclusión es clara, la voluntad del pueblo español es mantener esa ley, por lo que no podemos plantearnos su legitimidad”, dice el auto, que recuerda que hay que tener en cuenta el “contexto histórico” en el que se dictó la norma, que buscaba la “reconciliación nacional”.

Para Sebastià Martínez Ramos, el abogado de las cuatro hermanas, el auto no es el final porque recurrirán ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Ha quedado claro que el juicio fue una farsa. Iremos a Estrasburgo para que haga justicia”, explicó ayer tras conocer la decisión judicial.

Una ley de amnistía que excluye la responsabilidad penal “restringe e impide a la víctima” reaccionar cuando se vulneran sus derechos, admite la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona. Los magistrados recuerdan, no obstante, que cambiar las leyes es “tarea” del poder legislativo, y no del judicial, y que los jueces “no pueden dejar de aplicar” la ley.

La querella fue presentada por el Ayuntamiento de Barcelona hace tres años. Se dirigía contra Carlos González, actual abogado y exjuez del Consejo de Guerra que firmó la pena de muerte. La querella ya fue desestimada por la Audiencia de Barcelona en mayo de 2019, pero el consistorio y la familia recurrieron la decisión, que ahora ha sido confirmada.

Salvador Puig Antich, militante anarquista, fue detenido como presunto autor del homicidio del subinspector de policía Francisco Anguas durante un tiroteo. El proceso estuvo plagado de irregularidades y se le negaron los más elementales derechos de defensa, según ha denunciado de forma reiterada su familia. Tras un proceso plagado de irregularidades, fue finalmente condenado a muerte. El 2 de marzo de 1974, se convirtió en el último preso ejecutado por el método del garrote vil durante el franquismo.

En 2007, el Tribunal Supremo negó la revisión del caso por un estrecho margen de tres votos a dos. La familia exploró esa vía para defender la inocencia de Puig Antich.