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Derecho a la vivienda discursivo, no efectivo

El problema no es ver la realidad, siempre hay quien nos la mostrará si verdaderamente no la queremos esconder; el problema es cambiarla. Las administraciones no están trabajando así

Una pancarta en un balcón del Clot, en Barcelona.
Una pancarta en un balcón del Clot, en Barcelona.MASSIMILIANO MINOCRI

Durante los últimos años se ha hablado y reivindicado tanto el derecho a la vivienda que corremos el riesgo de que alguien piense que es real. No, el derecho a la vivienda no es real. No importa si lo dice la Constitución... Hoy no hay leyes que garanticen el derecho a la vivienda. Un derecho no lo es de manera efectiva si alguien no lo garantiza. Estos días lo estamos volviendo a ver con la Proposición de Ley de Regulación de los Alquileres, impulsada por el Sindicat de Llogateres i Llogaters, acordada con el Gobierno de la Generalitat y una mayoría parlamentaria (ERC, JxCat, ECP y CUP). Esta proposición de ley está recibiendo un amplio apoyo de la sociedad civil, más de 4.000 entidades se han puesto a su lado.

Desde la movilización social se ha considerado la vivienda una necesidad humana y se ha reivindicado que sea un derecho efectivo. La PAH, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, nacida en 2009, no ha dejado de reivindicarlo en un contexto de crisis económica que ha llevado a miles de personas en Cataluña a perder su hogar. Esta semana han presentado un nuevo informe, Emergencia habitacional, pobreza energética y salud: inseguridad residencial en Barcelona 2017-2020. Elaborado con la Aliança contra la Pobresa Energètica, el Observatori DESC, la Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres y la Agència de Salut Pública de Barcelona. Antes de la PAH, V de vivienda ya reivindicó el derecho a la vivienda. Lo hacía en un contexto de crecimiento económico y precios al alza que excluían cada vez a más gente.

En 2017 se creó el Sindicat de Llogateres i Llogaters en Barcelona. En su manifiesto inicial señalaban un dato muy ilustrativo del cambio que se estaba produciendo (la PAH también lo había anunciado): en 2015, el 83% de los desahucios en Barcelona fueron por impago de alquiler. Un segundo dato también era muy preocupante: mientras el precio medio de los pisos en Barcelona en ese momento era de 801 euros, uno de cada tres trabajadores cobraba menos de 843 euros. Poder disponer de una vivienda exigía dedicar una parte muy considerable de los recursos. La situación se ha agravado. Los datos nos dicen que en los cinco últimos años los alquileres han subido 30 veces más que los salarios. Desde organismos internacionales también nos llegan informaciones muy preocupantes, los datos de Eurostat o la OCDE nos muestran el devastador liderazgo que hemos alcanzado. España está a la cabeza de lo que se considera sobreesfuerzo, dedicar más del 40% de los ingresos a la vivienda.

Esta realidad es vista por todo el mundo que quiera mirar, a la derecha y a la izquierda del arco parlamentario. El antiguo consejero de Economía Andreu Mas-Colell tampoco lo niega y ha escrito planteando alguna iniciativa. El problema no es ver la realidad, siempre hay quien nos la mostrará si verdaderamente no la queremos esconder; el problema es cambiarla, transformarla. Las administraciones no están trabajando de la misma manera. Sin entrar en valoraciones, podemos encontrar diferentes proyectos por parte del Ayuntamiento de Barcelona con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda y un comportamiento bastante diferente del Gobierno de la Generalitat o el Gobierno central. Hay que analizar las políticas de vivienda más allá de discursos y buenas intenciones.

El Sindicato ha logrado articular una propuesta con grandes esfuerzos para ser punto de encuentro de colectivos y sensibilidades muy diferentes. JxCat, poco después de su apoyo, se ha echado atrás y pide enmiendas que acabarían con el objetivo de la nueva ley. Una vez más nos encontramos con una falta de coherencia. Lo hemos visto antes, también con leyes aprobadas en el Parlament contra la emergencia habitacional como la impulsada en julio de hace cinco años por la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética. Las suspensiones del Tribunal Constitucional pueden explicar cosas, pero no todas.

Durante más de 10 años la movilización a favor del derecho a la vivienda, que ha documentado y explicado muy bien João França en Habitar la trinxera, ha hecho posibles grandes cambios. No ha ganado el derecho a la vivienda efectivo, pero ha ganado el discursivo. Difícilmente encontraremos a nadie que se posicione en contra del derecho a la vivienda, difícilmente encontraremos partidos y gobiernos que hagan efectivo este derecho. Cuesta mucho ir en contra del sentido común que ahora pide regular alquileres, hacer frente a la crisis ecológica... Decir una cosa y hacer otra es una solución demasiado habitual.

Jordi Mir es profesor de Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra.

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