Los afines a Puigdemont violaron los estatutos del PDeCAT para hacerse con la marca JxCAT

La propiedad de la marca Junts per Catalunya ha sido parte importante del enfrentamiento entre el entorno de Carles Puigdemont y la dirección de su propio partido, el PDeCAT. La lucha, de momento, la ha ganado el expresident, que se prepara para poner en marcha, este sábado, un nuevo partido con ese nombre, sin ninguna atadura con la formación heredera de Convergència. Una victoria, sin embargo, llena de claroscuros e intrigas. El expediente del partido, que reposa en el Registro de Partidos del Ministerio del Interior y que ha sido consultado por EL PAÍS, muestra cómo el equipo de Puigdemont logró hacerse con el codiciado nombre ante la falta de previsión de los neoconvergentes liderados por David Bonvehí.

Las actas de estos dos años de vida de Junts per Catalunya, refrendadas notarialmente, dan detalles de la operación para hacerse con las siglas, orquestada por el núcleo cercano al expresident, y capitaneada por el abogado Quim Jubert, que aspira este sábado a ser miembro de la comisión que redacte la ponencia organizativa del nuevo partido. Fue fundamental para lograrlo el vacío en los estatutos iniciales de Junts, que no hacían mención a si las asambleas tenían que ser presenciales o no. De hecho, esa es la primera modificación en las normas internas que hace la nueva dirección, blindándo la posibilidad telemática. También queda claro que Laia Canet, la primera presidenta de Junts, participó de la operación (la dirección del PDeCAT pensaba que estaba de su lado). Tanto Canet como la nueva secretaria Montserrat Morante, habrían incurrido en una falta de doble militancia, que en el PDeCAT es considerada una falta grave o muy grave. Hay dudas de que se respetaran los estatutos de Junts también.

Junts per Catalunya había sido un partido de paja, con una vida política bajo mínimos, más allá de firmar las coaliciones electorales. Como marca, debutó en las elecciones catalanas convocadas bajo el artículo 155 de la Constitución. La lista la confeccionó Puigdemont a su medida y arrinconando al PDeCAT. Las tensiones entre los neoconvergentes y los independientes no tardaron en aflorar, por ejemplo, por la gestión económica. La entonces coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, tomó la precaución de registrar el partido para asegurarse el control.

La petición se cursa el 5 de julio de 2018. Pascal encomendó al abogado Xavier Solà (saqueador confeso de la Associació Catalana de Municipis) realizar los trámites para inscribirlo ante Interior y pidió a una amiga personal, Canet, ser la presidenta. Una escritura notarial del 28 de junio de ese año, certifica el nacimiento de la formación con una “asamblea general de afiliados” que “ratifica la elección de un comité ejecutivo” que completan el secretario Pol Xart y la tesorera Ana Soriano, ambos también empleados del PDeCAT. De momento, los dos facultaban a Canet para realizar todos los trámites, incluidas “las enmiendas estatutarias” necesarias. El PDeCAT prohíbe la doble militancia aunque permite excepciones si las acepta su Consejo Nacional. Ese trámite, dicen desde el partido, nunca se realizó para ninguno de los tres.

Las prisas con las que se hizo el registro quedan patentes en algunos errores formales, como mezclar castellano y catalán en algunas frases, por ejemplo, cuando explican los objetivos de la formación: “conseguir una sociedad más libre ‘i’ humanitaria, ‘des de’ una nación independiente”. Los estatutos fijaban algunas condiciones para ser militante, como tener el aval mínimo de otros dos afiliados. O que hubiera una asamblea general ordinaria cada año y el comité directivo se cambiara cada dos. No hay ninguna referencia expresa a la doble militancia ni a la posibilidad de celebrar reuniones telemáticamente, lo que en definitiva terminaría dando la llave para hacer el cambio de titularidad.

Los documentos muestran una reducida vida de partido, más allá de la firma de las coaliciones electorales que se hacen en las Juntas Electorales. En una asamblea extraordinaria el 18 de febrero de 2019 se aprueba el cambio de domicilio. También consta un cambio de logo, pasando del inicial de fondo amarillo y las cuatro barras rojas al costado al que se ha hecho funcionar hasta esta semana, con las barras en la parte inferior. Nunca se registró un NIF.

El partido hibernó mientras que el entorno de Puigdemont sacó a Pascal de la dirección del partido, comenzó el mandato de David Bonvehí y se desató la lucha entre los que no querían disolver las siglas en el nuevo espacio promovido por el expresident y el exlíder de la ANC, Jordi Sànchez. De por medio, el mandato del Consejo Nacional de converger de alguna manera con Puigdemont. Varias fuentes del PDeCAT confirman que Canet pidió en varias ocasiones ser relevada de la presidencia del partido de paja, pero eso nunca se concretó. Bonvehí y sus fieles, contrarios a disolver su proyecto político de centro derecha en el magma ideológico de Junts, siempre consideraron que la marca de Junts estaba bajo control.

La dirección de los neoconvergentes jugó a fondo la baza de ser los dueños legales del partido. “Aquí se puede intentar confundir a la gente, pero lo que está claro es que Junts per Catalunya es un partido registrado por el PDeCAT y, a partir de aquí, podemos hacer ingeniería”, defendió el 3 de julio en una entrevista a El Periódico el portavoz Marc Solsona.

El problema era que Junts ya estaba en la órbita de Puigdemont desde hacía seis días. Según un acta refrendada por el notario Joan Rúbies Mallol, en una asamblea telemática (cuya celebración adelantó Nació Digital) se cambió toda la cúpula. Carles Valls, alcalde de Balenyà (Barcelona), sin nexos con el PDeCAT, fue nombrado presidente del partido “por acuerdo de la asamblea”. El notario da fe del acta de ese encuentro a distancia, elaborada por la también secretaria Montserrat “Monforte”. En realidad se refiere a Montserrat Morante, que había sido miembro de la Ejecutiva del PDeCAT y que rompió el carnet el pasado jueves, según publicó el diario Ara, lo cual implica que incurrió en doble militancia, algo que los estatutos del la formación neoconvergente no permite.

Aquí también son evidentes las prisas, con el nombre de Morante mal escrito no solo en el acta sino en la escritura. Lo corrigen a mano. La nueva cúpula de Junts la completan dos personas ajenas al PDeCAT: la tesorera Irene Negre –concejal de Junts en L’Aldea (Tarragona)– y el defensor del afiliado Josep Pagès, una de las personas que en su día apuntó la Generalitat como síndico electoral en el 1-O. El cambio oficial se presenta en el registro del Ministerio del día 1 de julio, por un escrito de Jubert. El libro de altas y bajas de militantes de Junts no es público y se desconoce desde cuándo eran militantes los miembros de la nueva cúpula, quién les avaló (como exigen los estatutos) y el censo total de militantes.

Canet, que según el acta se encargó de la convocatoria de la reunión telemática vía correo electrónico, daba el visto bueno a la operación y firma el documento con un “conforme, la presidenta saliente”. El primer acto de Valls es modificar los estatutos del partido para blindar las acciones telemáticas como el congreso que comienza mañana sábado y que durará hasta octubre. Jubert también se ha afanado en tramitar un NIF, que existe desde el 14 de julio. Tanto Canet como Morante declinaron comentar los incumplimientos a los estatutos de ambas formaciones.