Universidad: ¿generar precariedad o revertirla?

En Cataluña un 44,2% del personal docente investigador está contratado como profesor asociado, tenemos este negativo liderazgo de un ranking. El Observatorio del Sistema Universitario presentó el martes su último informe, en este caso dedicado a la utilización de la figura del profesorado asociado en las universidades públicas españolas. Los resultados para las universidades catalanas son tan decepcionantes como esperados por quien conoce la situación. Este excesivo uso de la figura contractual del profesorado asociado es un problema por diferentes motivos. Es un contrato temporal, breve, con un sueldo muy bajo, no permite hacer carrera académica, obliga a realizar diferentes trabajos simultáneamente para poder llegar a un sueldo mínimo...

Esta figura contractual no fue pensada para este uso. Su objetivo es llevar a la universidad profesorado que tenga su dedicación principal fuera de ella para que aporte unos conocimientos distintos de los que se desarrollan en el ámbito académico. Personas que pueden aportar su especialización laboral a la formación universitaria. Es una buena herramienta para la universidad y la sociedad. Pero algunas de sus ventajas la han acabado pervirtiendo. Permite contratos temporales más baratos para la institución.

La rectora de la Universidad Rovira i Virgili, María José Figueras, al inicio de la crisis vinculada al nuevo coronavirus ya anunció que deberían tomar medidas: reducirían másteres, asignaturas optativas, profesorado asociado... El profesorado asociado permite hacer recortes rápidos. Es un modelo muy útil, adelgaza la estructura y la hace más flexible; eso sí, a costa de las vidas que sufren esta precariedad.

La infrafinanciación de las universidades públicas catalanas, que persiste desde hace años, ha supuesto, entre otras consecuencias, la precarización del profesorado que debería estar haciendo carrera académica. Este profesorado tiene unas condiciones que convierten la estabilidad y el mileurismo en un sueño. También ha tenido graves efectos en el personal de administración y servicios, y en el conjunto de la población, que debería poder acceder a la universidad pública. Las matrículas han subido sustancialmente, también se puede ver en los informes del Observatorio del Sistema Universitario. Si la administración no aumenta directamente la financiación de las universidades, los recursos necesarios se ha decidido que salgan de las personas que asisten a ellas. Hablamos de la situación en las universidades públicas catalanas, en las privadas todavía es peor.

Las respuestas a la crisis de 2008 en forma de recortes no se han revertido, el aumento de las matrículas no se ha revertido. Justo ahora, fruto de la movilización estudiantil, se ha aprobado una reducción de precios del 30%. Ya se había ganado la votación en el Parlamento en diferentes ocasiones, pero el Gobierno de la Generalitat no la había asumido. La última iniciativa del movimiento estudiantil fue crear la ILP Universidades, una iniciativa legislativa popular impulsada por estudiantes y con el apoyo de la comunidad universitaria que, además de hacer efectiva la rebaja de los precios, quiere transformar el actual modelo universitario. Esta medida ha generado respuestas contrarias desde diferentes sectores. Se ha argumentado que se debería actuar en otros momentos de la formación o se ha cuestionado el beneficio que puede ofrecer. No deberíamos pasar por alto los impactos, algunos difíciles de expresar en números, que tiene la universidad en quien puede estudiar.

Los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de 2019, son claros. Las tasas de paro de la población española de acuerdo con su nivel de estudios son las siguientes: un 26% de paro para las personas con estudios que no superan los primarios, un 17,3% con enseñanza secundaria obligatoria, un 12,7% con enseñanza secundaria postobligatoria, un 8,1% con enseñanza terciaria (universitaria o no). Estas diferencias significativas también se hacen evidentes si nos fijamos en los niveles salariales, ya que las medias de 2019 fueron estas: 8.277 euros hasta estudios primarios, 11.488 euros con enseñanza obligatoria, 13.282 euros con enseñanza secundaria postobligatoria, 15.991 euros con enseñanza terciaria no universitaria, 19.002 euros con título de diplomatura o grado, y 24.074 euros con una licenciatura o máster.

Las personas con estudios universitarios disponen de una mejor situación laboral. Los datos son así de claros. Es necesario preguntarse qué estamos haciendo para conseguir que todas las personas puedan acceder a la universidad. Esta es una vía para reducir la precariedad en nuestra sociedad. No es la única a seguir, también hay que actuar en otros ámbitos. Pero la universidad no debería ser generadora de precariedad: ni en el estudiantado, ni en el profesorado, ni en el personal docente e investigador, ni en el personal administrativo. La universidad genera precariedad y es capaz de revertirla; hay que decidir qué queremos que haga.

Jordi Mir es profesor de Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra.