Amenazas de muerte que no dan derecho a asilo

”Yo fui una suboficial de la Policía Nacional de Honduras durante más de 20 años. Denuncié a un superior por intento de violación. Desde entonces, mi vida se convirtió en un infierno. Los tribunales me dieron la razón y expulsaron del cuerpo a mi jefe. Empezaron a llegarme amenazas de muerte. En mi país hay mucha corrupción y connivencia entre la policía y las maras y otras pandillas. Pedí la baja voluntaria y huí. Si no lo hubiera hecho estaría muerta”, así de tajante se mostraba este viernes por la mañana la exsuboficial Gabriela —nombre falso porque pese a que han pasado los años sigue “teniendo terror”— en Barcelona. En junio de 2017 se embarcó en un avión rumbo a la capital catalana con dos de sus hijos. Huía del miedo pero en España la vida no está siendo fácil. Pidió el asilo político y hace pocos meses que se lo denegaron. Sobrevive y la burocracia se ha convertido en una traba que no se lo está poniendo fácil.

Gabriela, de 48 años, es una de las beneficiarias del programa de acogida al refugiado —bautizado como Nausica— del Ayuntamiento de Barcelona. Nausica nació en 2016 ya que durante el primer mandato de Ada Colau el Consistorio creyó que el Sistema Acogida e Integración para Solicitantes y Beneficiarios de Protección Internacional del Gobierno central era insuficiente. El concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra, recordaba este viernes: “El programa estatal da una protección durante 24 meses. Transcurrido este tiempo veíamos que los solicitantes de asilo tenían que recurrir a los servicios sociales para personas sin recursos, por eso inventamos este programa”. Nausica ofrece alojamiento y manutención durante unos meses más.

A Gabriela le aceptaron la petición de asilo y pudo beneficiarse del programa estatal durante dos años. Luego acabó en el Nausica. Allí sigue pese a que ya hay una primera resolución denegándole el asilo. “El papel dice que mi país es seguro”, lamenta. El concejal de Derechos de Ciudadanía y Partición denuncia: “El 90% de solicitudes de asilo que se presentan en España se deniegan. Es una injusticia porque estas personas consiguen establecer lazos e incluso tener trabajo. Es entonces cuando les llega una resolución de denegación y quedan como irregulares. Y las administraciones nos quedamos sin herramientas para ayudarles”.

En 2019, 9.429 personas iniciaron en Barcelona los trámites para adquirir la condición de refugiado. A través del programa Nausica, el Ayuntamiento aumentará este año la atención a esas personas con 500.000 euros para alcanzar 1,5 millones e incrementar el servicio en 39 plazas más, llegando a un total de 117.

Gabriela ocupa una de esas plazas. Ha recurrido la denegación del asilo. No está todo perdido ya que lleva más de tres años en España: “Demostraré que tengo arraigo. Lo que necesito es trabajar. Podría ser controladora de accesos o vigilante. Al fin y al cabo esa es mi formación”, dice.