El fichaje de Montilla por Enagás reabre el debate sobre el papel de los ‘expresidents’

El fichaje del expresidente catalán José Montilla por Enagás ha reabierto el viejo debate sobre la figura de los expresidents y la continuidad de las prerrogativas a las que tienen derecho por haber liderado la Generalitat. Salvo los socialistas, todo el Parlament quiere que Montilla se explique. El jefe de filas del PSC, Miquel Iceta, ve correcto que su compañero de partido mantenga la oficina de expresident (que se sufraga con dinero público) mientras es consejero de la cotizada.

“Me parece razonable que utilice la oficina”, defendió ayer Iceta en una entrevista en TV3, en la que negó que el caso de Montilla pueda calificarse de “puertas giratorias”. El expresident dejó el Govern hace 10 años y fue ministro de Industria hace 14. Iceta es contrario a reformar la ley que regula los beneficios que tienen los expresidentes, algo que sí quieren los comunes.

Esta norma, de 2006, establece la existencia de la oficina de cada expresident (con tres asesores, chófer, seguridad e infraestructura), una asignación mensual por el tiempo equivalente al que estuvo en el cargo y la pensión vitalicia (61.000 euros, el 40% del sueldo del president actual). Todo ello depende del Departamento de Presidencia y las cuentas se auditan cada año. La ley aclara que las ayudas económicas son incompatibles con un cargo remunerado, pero no ocurre lo mismo con la oficina. “Nunca he utilizado ni utilizaré medios y espacios públicos para actividades privadas”, dijo Montilla en Twitter.

Reformar la ley

Todos los grupos en el Parlament censuran el fichaje del también exsenador. En 2018, los últimos datos disponibles, Montilla recibió 47.922 euros para su oficina. Actualmente percibe la pensión vitalicia, pues tiene 65 años. Ciudadanos pide directamente acabar con las prebendas que actualmente tienen cuatro de los cinco expresidentes de la Generalitat. Solo las oficinas implican 276.000 euros al año. Jordi Pujol renunció a ellas tras reconocer su fraude fiscal. “Se mezcla lo público y lo privado”, criticó el portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol. Los comunes quieren extender la incompatibilidad de los beneficios con otros empleos a la existencia de la oficina de Montilla.

“La ley de incompatibilidades debe tener más supuestos”, defiende Nacho Corredor, politólogo de la Universidad Pompeu Fabra. Este analista cree que el caso de Montilla tiene matices, pues Enagás es una empresa en la que el mayor accionista es el Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (5% de las acciones) y administra una infraestructura estratégica. “Otra cosa es que estuviera con una empresa de otro país, con intereses encontrados”, añade Corredor.

Para Toni Aira, profesor de comunicación política en la UPF Barcelona School of Management, el problema tiene que ver también con la ética y la buena praxis. “¿Cómo se garantiza que no usará la oficina para su trabajo? Es un terreno difícil”, considera.

Tanto Corredor como Aira creen que, de fondo, está el problema del rol de los expresidentes. “Cada vez tenemos más expresidentes, la ley no está pensada para eso”, dice Aira. “Si tenemos presidentes o ministros cada vez más jóvenes hay que pensar bien cómo se puede asegurar que puedan hacer una carrera profesional”, dice Corredor. O más viejos. En 2019, se hizo un cambio normativo para “asegurar el derecho de los expresidentes a vivir dignamente en todas las etapas de la vida”, pensado para Pasqual Maragall, que sufre de alzhéimer y su oficina no tendría sentido.