La criminalización de la covid-19

Con motivo de la crisis financiera del año 2008, escribí un artículo en el que alertaba del clamor social para buscar culpables que suele producirse en situaciones de crisis de extrema gravedad, enfocado al ámbito de mi especialidad profesional que es el Derecho penal económico, tendencia que conduce a expandir la intervención penal y que se concreta en más delitos, más penas y más culpables.

Aunque algún célebre analista, por el que dicho sea de paso siento una cierta admiración, en un programa radiofónico en el cual yo no estaba presente me llamó poco menos que agorero, al final el tiempo vino a darme la razón. Pocos podían imaginar entonces que se adoptarían medidas penales tan drásticas en materia de delitos económicos y delitos vinculados a la actividad empresarial como ocurrió con las reformas del Código Penal que tuvieron lugar en España en los años 2010, 2012 y 2015. Y menos aún que algunas de ellas se harían bajo el impulso del gobierno del PP, nada sospechoso de prejuicios contra el empresariado ni de veleidades izquierdistas.

El análisis del contenido de dichas reformas y de su aplicación en los tribunales excede, en mucho, del objetivo del presente artículo, pero en otros ámbitos que conforman nuestra realidad también se ha podido constatar que el auge de la intervención penal ha ido a más en detrimento de la acción política y ha acaparado el triste protagonismo que todos conocemos, justificado para unos e injustificado para otros, pero en cualquier caso lamentable, porque la represión por sí sola es siempre una victoria efímera y nunca una solución del problema de fondo que actúa como caldo de cultivo del delito que se quiere castigar.

Mientras estamos inmersos en una crisis sanitaria y económica sin precedentes que azota a todo el mundo y que está obligando a los más carismáticos líderes mundiales a desdecirse de sus palabras en cuestión de horas, en nuestro país algunos se siguen aferrando de nuevo al Código Penal para desacreditar la gestión de la respuesta al coronavirus. En unos casos, movidos por razones de oportunismo político y en otros casos, aunque son los menos, porque creen de buena fe que los jueces y tribunales penales nos van a salvar de unos políticos y funcionarios que consideran unos ineptos e irresponsables.

Resultan preocupantes el poco rigor y ligereza de quienes pretenden atribuir delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, prevaricación y una larga cadena de delitos a quienes están al frente de los organismos públicos que están lidiando con esta catástrofe y que tienen que gestionar una situación inédita que ha desbordado y paralizado el planeta. La gestión implica tomar decisiones difíciles y asumir riesgos en unos momentos de gran dramatismo e incertidumbre a todos los niveles y, por descontado, cometer errores que lógicamente se podrán criticar y discutir.

En este contexto, se adivina de nuevo una insólita fascinación por el Derecho penal y por los tribunales de justicia, como si fueran la panacea de todos los males, creando el falso espejismo entre la población, sin duda favorecido por la ola de populismo punitivo que nos invade, de que los jueces nos van a redimir de todas las desgracias y calamidades, incluyendo ahora la pandemia del coronavirus.

A pesar del miedo y la inseguridad que nos causa la situación que vivimos y de la tendencia muy humana a buscar culpables, el siempre fácil recurso al Derecho penal tampoco será esta vez la solución, sin que ello suponga en modo alguno ignorar ni desmerecer la lógica indignación y el reproche que puedan suscitar algunas conductas puntuales que deberán ser investigadas. El Código Penal y los tribunales son la última ratio pero no la solución. Trasladar la gestión de esta crisis a la jurisdicción penal solo servirá para dividirnos más de lo que ya estamos y alejarnos de una respuesta eficaz, que a buen seguro va a exigir grandes dosis de audacia y fuertes consensos en España y en el plano internacional.

Dejarnos arrastrar por la vorágine criminalizadora y jugar con la constante amenaza del Derecho penal para hacer demagogia y coartar al adversario político, sea del color que sea, para después sacar réditos electorales de la puesta en escena es un grave e imperdonable error. Y también una nueva expresión de impotencia y de miseria política y moral que, un momento histórico tan dramático y de tanta trascendencia como este, no nos deberíamos permitir.

Josep M. Paret Planas es Doctor en Derecho penal.