El Govern aprueba el reglamento de la renta garantizada

El gobierno de la Generalitat ha aprobado este martes el reglamento que despliega la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), una prestación que se aprobó en el Parlament en julio de 2017 y que se empezó a aplicar en septiembre ese año. Desde entonces ha cosechado críticas por no haber conseguido dar cobertura a todas las personas necesitadas. Con el reglamento aprobado, se amplía a varios colectivos vulnerables, como las familias numerosas y los parados de larga duración de más de 55 años, que a partir de ahora podrán compatibilizar la ayuda con tener un trabajo parcial.

Hasta ahora, la compatibilidad de la prestación con el trabajo parcial era exclusiva de las familias monoparentales. El reglamento amplía este supuesto a otros colectivos. En la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno, la portavoz Meritxell Budó ha explicado los mecanismos para hacer compatible la prestación con los contratos a tiempo parcial: se tendrán en cuanta solo los días de cotización efectiva, y en los contratos discontinuos se contarán por meses naturales acumulados. En el caso de contratos a tiempo completo pero de muy corta duración, el reglamento prevé la acumulación en fracciones de 60 días para no descartar las solicitudes antes de tiempo.

La nueva norma también incluye más supuestos para no dejar fuera de la prestación a las víctimas de la violencia machista. Solo se tendrán en cuenta los ingresos y rentas individuales de cada mujer, sin contar las prestaciones económicas que perciben por su situación. Tampoco se les aplicará el requisito de tener una residencia continuada y efectiva en Cataluña en los últimos dos años anteriores a la solicitud de la RGC. Esta era una de las reivindicaciones de las entidades sociales, que también pedían hacer compatible que varias unidades familiares percibiesen la prestación pese a vivir en un mismo hogar: será posible en el caso de mujeres víctimas de violencia machista y en situaciones de emergencia social, como la acogida de personas en paro o desahuciadas.

Las entidades del tercer sector social han celebrado la aprobación del reglamento, que consideran “imprescindible y urgente” ante la situación de crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia de coronavirus. No obstante la Taula del Tercer Sector, en un comunicado, ha criticado el retraso en la aprobación de esta norma. La Taula recuerda que se sigue dejando fuera a colectivos como los jóvenes de 18 a 23 años, las personas sin hogar o los migrantes que llevan poco tiempo en Cataluña. Además apunta que tienen que mejorar las cuantías (actualmente está en el máximo previsto por la ley, que es de 664 euros al mes para una persona adulta) y los trámites.