Torra propone un pasaporte de inmunidad rechazado por los expertos en salud pública

La Generalitat de Cataluña estudia habilitar un certificado de inmunidad, que identifique quién ha pasado la enfermedad, para acudir a determinados lugares y “recuperar interacciones sociales”. Se trata de una especie de pasaporte serológico que indica quién está infectado, quién ha sufrido ya la covid-19 y quién no ha estado expuesto al virus. La medida, una de las propuestas que se contempla en el plan de desconfinamiento del Govern que coordina el infectólogo Oriol Mitjà y que el president Quim Torra ha trasladado a Pedro Sánchez en la reunión de presidentes autonómicos, ya ha sido rechazada por la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph) porque limita libertades en función del estado de salud y fomenta la discriminación.

Torra ha revelado este mediodía que ha expuesto en la reunión de Pedro Sánchez con presidentes autonómicos el plan de desconfinamiento para Cataluña. El Govern aprobará el texto en una reunión del Consell Executiu aunque carece de competencias para poder ejecutarlo. El programa tiene 10 puntos y el sexto plantea valorar la posibilidad de implantar un certificado digital vinculado al carnet de vacunación siempre “cumpliendo los estándares europeos” y asegurando los criterios bioéticos, de privacidad, de protección de datos y de igualdad de acceso. “No es nada que no se esté planteando países como Alemania o el Reino Unido”, ha dicho. El octavo consejo es el de estudiar el uso de un “pasaporte de inmunidad” para la reapertura progresiva de espacios públicos con alto riesgo de transmisión y en situaciones en las que ni se pueda asegurar la distancia de seguridad de metro y medio o dos metros. “Sería temporal y varía según el estado inmunológico, infección y de riesgo”, ha dicho.

El borrador del plan de desconfinamiento que maneja el Govern contempla “valorar la implantación de un certificado digital vinculado al carné de vacunación (pasaporte de inmunidad) que incluya el estado inmunológico de cada persona”. Este documento “personal, privado, verificable y transportable”, matizan los expertos que han elaborado el plan, servirá para regular la vuelta al trabajo y recuperar la vida social “de forma segura”.

El grupo de trabajo señala que este certificado de inmunidad sería “equivalente” al carné de vacunación, aunque señalan que, “para que la estrategia fuese efectiva, se tendría que valorar que fuese por imposición general, no electiva ni voluntaria”. La vacunación sistemática en España no es obligatoria y el carné vacunal no limita la entrada a los niños no inmunizados a ningún establecimiento (excepto algunas guarderías que piden el carné de vacunación de forma voluntaria en la matrícula). Según el grupo de expertos encabezado por Mitjà, el pasaporte serológico podría tener participación pública (ligado a la historia clínica) y también privada (con certificados emitidos por laboratorios de análisis privados).

Sin embargo, la medida que manejan los asesores de Torra —entre los que no hay ningún jefe de servicio de Infecciosas, Cuidados Intensivos, Salud Pública o Medicina Preventiva de ningún hospital catalán ni tampoco expertos en bioética— ha sido rechazada radicalmente por la Sempsph. “Se desaconseja de forma expresa, la emisión generalizada de certificados serológicos por parte de los Servicios de Salud y se insta a las Autoridades Sanitarias a garantizar que la realización de estas pruebas analíticas atiende exclusivamente a indicaciones clínicas o a las disposiciones dictadas por parte de Salud Pública ante situaciones concretas”, apuntaron los expertos en salud pública en un documento de trabajo. Además de apuntar que la legislación vigente contempla “la confidencialidad de cualquier información clínica y la imposibilidad de ser requerido por parte del empleador este tipo de certificados”, la Sempsph insta a no usar medidas que conducen a “la limitación estratificada de las libertades y derechos fundamentales por motivo de salud” y generan discriminación y estigma en función del estado serológico”. “Las medidas dirigidas a hacer público el estado serológico pueden disuadir a la población en la búsqueda de atención sanitaria”, concluyen.

El grupo de trabajo de Torra —en el que tampoco está el secretario de Salud Pública, Joan Guix— planea que, una vez se sepa la prevalencia de personas infectadas en Cataluña, se inicie un programa de pruebas masivas a través de las PCR y los test serológicos, priorizando población de riesgo y servicios esenciales, pero también poniendo el foco en “población con alta movilidad que pueden actuar como vectores de contagio”, como los canguros o los asistentes del hogar, señala el documento. “El cribado incluiría un millón de PCR en los próximos cuatro meses y test serológicos que se tendrían que repetir cada cuatro meses con un total estimado en los cuatro próximos meses de seis millones de test”. El plan del Govern es incluir los resultados de estos test en un sistema de certificado digital con tres posibilidades: rojo, si la persona tiene una PCR postiva o ha tenido algún contacto de riesgo directo y reciente; verde, si tiene anticuerpos positivos y PCR negativa; y amarillo, si tiene PCR negativa desde hace menos de 30 días y no ha tenido contactos de riesgo ni síntomas compatibles con la enfermedad. “Este pasaporte permitiría la entrada a ciertos espacios con alto riesgo de transmisión (hospitales, empresas, edificios públicos, aviones, etc.) de una forma anónima”.

Los expertos en medicina preventiva advierten de que, con estos métodos, “en algún momento se pueda estar incitando a que alguien se infecte para poder salir”. Y, señalan, además, la falta de evidencia sobre la inmunidad en la covid-19. “No sabemos si los anticuerpos son protectores, el tiempo que duran y si son neutralizantes o no. Sabemos que la reinfección no es muy probable pero hay casos documentados. Si algo ha indicado esta pandemia es que hay que ser humilde con cada recomendación y no ser tajante”, señalan fuentes de la Sempsph.

El pasaporte serológico ha generado una fuerte controversia más allá de los preventivistas. Desde el punto de vista bioético, por ejemplo, también suscita rechazo. “Es un problema jurídico, porque da inseguridad y afecta a los derechos fundamentales, y es una cuestión de bioética. Una cosa es establecer medidas para ayudar a contener la epidemia y otra un pasaporte, que introduce una etiqueta. Además, se tienen que correlacionar conjuntos de datos personales almacenados en distintas bases de datos y necesitas la tecnología de terceros ajenos al sistema público para explotar estos datos y hay un elevado riesgo para la privacidad si no se diseña bien desde el principio. Las reglas del juego tienen que estar muy definidas. Hay que integrar la ética desde el principio porque el componente ético y el componente social marca el desarrollo tecnológico”, advierte Itziar de Lecuona, doctora en Derecho, profesora del Departamento de Medicina de la Universidad de Barcelona (UB) y subdirectora del Observatorio de Bioética de la UB. La experta señala que las estrategias de este tipo para contener la pandemia tienen que ser coordinadas a nivel europeo. “Y las medidas deben ser proporcionales al fin que se persigue. El pasaporte es altamente invasivo”, agrega.

“Brotes recurrentes”

El plan de desconfinamiento del Govern se centra en los resultados que arrojan sus modelos matemáticos. El grupo de trabajo prevé “brotes recurrentes” de infecciones por coronavirus en los próximos meses y prepara una desescalada en cinco fases. La Generalitat, con todo, no tiene competencias para desarrollar este plan porque dependen del Ministerio de Sanidad para iniciar el desconfinamiento.

Aún así, los expertos de Torra proponen, según sus modelos matemáticos, mantener la limitación de la movilidad en torno al 65% para sostener la epidemia bajo control. Al menos, hasta que los nuevos ingresos en las unidades de cuidados intensivos estén por debajo del 20% del total de hospitalizados. “El modelo del Programa de Clima y Salud de ISGlobal señala que el mejor de todos los escenarios, desde el punto de vista de minimización de la epidemia, se obtiene si se incorporan gradualmente las personas en una proporción diaria correspondiente a un valor del 30% superior a la tasa previa de confinamiento. Esta tasa diaria corresponde a la reincorporación de unas 150.000 personas”.

El grupo de trabajo de Torra planea también levantar el confinamiento a menores y ancianos en franjas horarias segregadas para evitar el impacto psicológico del encierro.

Los expertos que trabajan en el plan de desconfinamiento aboga también por realizar test masivos a la población para diagnosticar cuanto antes las infecciones agudas. Su propuesta pasa por realizar 1,5 millones de pruebas PCR en 16 semanas para detectar y aislar los casos positivos y contener la propagación de la infección. Estas pruebas se unirían a los otros seis millones de test que recomienda hacer el grupo de trabajo a modo de cribado poblacional para detectar el nivel de inmunidad de la población.

Los asesores de Torra también apuestan por reforzar las medidas de protección indivudual y que las mascarillas sean obligatorias fuera del hogar. El borrador del plan contempla además la creación de un Instituto Catalan de Inteligencia Epidemiológica, que asumiría algunas funciones que ahora dependen de la Agencia de Salud Pública, como recopilar datos sobre la covid-19, generar predicciones fiables y organizar la respuesta ante crisis epidemiológicas.

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