Buena política

La crisis del coronavirus lo ha alterado todo e incluso está haciendo que nos replanteemos el concepto de “normalidad”. Ha destruido vidas, ha inoculado miedo, ha hecho las preocupaciones más concretas y que ocupen el centro de la reflexión de la mayor parte de la ciudadanía. Ha cambiado en menos de tres semanas la situación económica y social y ha situado a las instituciones ante una prueba decisiva. Estamos frente a muchas cosas (la mayoría todavía desconocidas), pero también ante un gigantesco estrés colectivo, y una rotura de costuras en cualquier debate que se ha reverberado especialmente en las redes, justo ahora que mucha más gente está pendiente de ellas. Los ejemplos serían infinitos, pero hay uno que merece la pena citar especialmente.

El economista Xavier Sala i Martín, a menudo, activo y decididamente asertivo en las redes, escribía hace dos días en un tuit que regidores y regidoras de los ayuntamientos no tendrían que cobrar durante la crisis o, alternativamente, que si quisieran cobrar se podrían dedicar a ayudar a las residencias de la tercera edad, tan golpeadas en estos momentos por la pandemia (los últimos datos hablan de 900 muertos) y tan olvidadas en la última década por los gobiernos de la Generalitat, que es quien, en definitiva, tiene las competencias. Hay que remarcar el preocupante menosprecio que muestra el profesor hacia la valía profesional de todas aquellas personas que se dedican a los cuidados, y que ojalá de una vez para siempre después de esta crisis vean reconocidos un trabajo y unas competencias que son y serán fundamentales.

Pero ahora parece interesante concentrarse en las acusaciones de inoperancia dirigidas a aquellas personas que se dedican a la política institucional local. Parece especialmente importante porque a nadie se le escapa que en Cataluña esta crisis ha estado marcada también por un conflicto “de relato”, importante, en el que la Generalitat presidida por Torra (y buena parte de la opinión pública o televisada afín, especialmente pública, así como el independentismo gore presente en las redes) ha marcado posiciones en base a la idea de una supuesta mayor eficiencia del Govern, que parece que lo tenía todo previsto, que se ha contrapuesto a una ineptitud del Gobierno central. Un relato que —además de las derivadas peligrosas que ha tenido, especialmente en la polémica sobre el cierre de Madrid (el paso del “Madrid nos roba” al “Madrid nos mata” ha sido muy, demasiado transitado)— es muy difícil de demostrar. Se podría dejar el tema a un lado, argumentando que tanto la Administración central como la catalana están ante un reto inesperado y gigantesco y ya vendrán tiempos para hacer balance, corregir errores, elaborar críticas argumentadas. Pero la cuestión parece especialmente hiriente si se relaciona con el tuit de Sala i Martín, porque cuando se está ante una crisis de esta magnitud la capacidad de tomar decisiones rápidamente y sobre todo la colaboración entre instituciones resulta fundamental. Y, en ese sentido —a diferencia de lo que parece pensar el mediático profesor—, la prueba de esto han sido justamente los ayuntamientos.

Mientras Torra iba a la BBC a mentir sobre las medidas de confinamiento que había tomado el Gobierno de Pedro Sánchez, los ayuntamientos más pequeños ya estaban abasteciendo a los trabajadores de la sanidad con materiales cada vez más difíciles de encontrar, mediante iniciativas propias o canalizando el impulso de la sociedad civil. Mientras la única preocupación del presidente de la Generalitat era enviar improbables cartas a organismos internacionales, los ayuntamientos respondían a las necesidades más directas de los sectores más vulnerables, potenciando servicios sociales y —en situaciones muy complicadas— haciendo funcionar todas nuestras ciudades y nuestros pueblos. Mientras en ruedas de prensa surrealistas del Govern se escondía la información sobre la situación de las residencias, alcaldes de ERC e incluso consistorios donde gobiernan las CUP (como en Sant Cugat) pedían ayuda a la UME para desinfectarlas, ante la inoperancia de la Generalitat. Mientras se generaba un verdadero vacío informativo en torno a la Conca d’Òdena, el alcalde de Igualada, del PDeCAT —mientras resaltaba la colaboración de los ayuntamientos de la zona, todos a manos de partidos diferentes—, alertaba que la situación era grave, poniendo por delante el bienestar de sus vecinos al relato de un Govern en el que los suyos participan. Y mientras que a finales de febrero la Generalitat ni siquiera pensaba en cerrar las escuelas, en Barcelona ya se había trazado un plan de emergencia que ha llevado a coordinar y gestionar en poquísimo tiempo la creación de un espacio para personas sin hogar, la ampliación de los grandes hospitales de la ciudad acondicionando pabellones, para descongestionar las estructuras hospitalarias.

Todos estos ejemplos nos hablan de dos cosas. De la enorme capacidad de coordinación que han tenido los ayuntamientos, fueran del color político que fueran. Y de unas regidoras y unos regidores que —lejos de lo que piensa Sala i Martín, pero seguramente muy cerca de la percepción de la ciudadanía, como han demostrado los últimos estudios demoscópicos— han hecho, en esta coyuntura tan difícil, simplemente buena política, si por eso entendemos poner por delante de cualquier otra cosa los intereses de las personas. Cuando pase esta crisis, tendríamos que recordar todas quién y cómo ha hecho buena política. Para descartar aquella que, en tiempos difíciles o en tiempos más felices, simplemente es mala.