Los narcopisos del Raval de Barcelona rompen el confinamiento del barrio

El fenómeno de los narcopisos -pisos ocupados donde se trafica e incluso consume sustancias estupefacientes en el interior- no se ha detenido durante el estado de alarma. De hecho, con todos los vecinos confinados en sus casas y los comercios con las persianas bajadas, la presencia de consumidores y vendedores de sustancias prohibidas es cada vez más evidente, sobre todo, en las calles del barrio del Raval de Barcelona.

Incluso el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, admitía este martes que mientras toda la población ha echado el freno, “continúa habiendo actividad delictiva”. “Nos preocupan, y mucho, los narcopisos y por eso tanto Mossos d’Esquadra como Guardia Urbana siguen con sus actuaciones e investigaciones. Ahora pedimos a la ciudadanía la máxima colaboración para que no sigan estas actividades”, pedía Batlle.

La entidad Acció Raval lleva días denunciando la desatención que sufre el barrio. Critican que, mientras la especulación y la gentrificación expulsa a familias del Raval, hay pisos vacíos propiedad de bancos y fondos de inversión que son ocupados impunemente por bandas que los convierten en verdaderos supermercados de la droga. La entidad se ha fijado en el número 7bis de la calle Salvador, donde hay tres pisos dedicados, supuestamente, al tráfico de drogas y a la compraventa de objetos robados. “Estamos en periodo de confinamiento por coronavirus, pero los narcotraficantes lo rompen impunemente tanto de día como de noche para vender droga, esconder material robado…”, lamenta un representante de la entidad que califica este punto como uno de los lugares más “inseguros y peligrosos” del Raval. “Los vecinos del edificio, entre los que hay un niño con asma, un joven diabético, ancianos y otras personas especialmente vulnerables, tienen que descender por una escalera que incumple las más elementales normas de higiene si quieren salir a la calle a comprar”, denuncian. Y es que el tráfico continuo de compradores y vendedores por la escalera impide las distancias de seguridad y la higiene requerida durante el estado de alarma. “Los pisos donde tiene lugar la actividad delictiva son propiedad de fondos de inversión o de una empresa administrada por un banco que ha cedido a la Agencia de la Vivienda de la Generalitat para vivienda social”, denuncian.

Carmela Torro y Rafael Gómez son un matrimonio que vive en el edificio desde hace años y que han visto como desde hace dos años se ha degradado la finca. “El tráfico de drogas es continuo. A veces son discretos y escuchas un silbido desde la calle con el que el comprador avisa al camello y hay un intercambio más o menos cauto. Otras lo hacen con máxima desfachatez”, denuncia Gómez. Después de llamar a Mossos y Guardia Urbana en repetidas ocasiones y de enfrentarse a los okupas de estos narcopisos, Gómez y Torro decidieron dibujar a principios de esta semana tres semicírculos. “Entre cada semicírculo hay una distancia de dos metros. Es una manera de decirle al comprador de droga que debe respetar la distancia que nos exige la posibilidad de contagio por coronavirus”, ironiza Gómez. El matrimonio, además, colocó unos guantes en la entrada de la finca con un cartel: “Estimado cliente. Respeta la distancia. Usa guantes. Desinfecta tus manos”. Tanto las líneas rojas como el cartel pronto fueron destruidos. El matrimonio sabía que eso pasaría, pero quisieron así llamar la atención del infierno diario en que se ha convertido el edificio.

La semana pasada los Mossos detectaron un piso similar en el mismo barrio, en la calle Valldonzella. La presencia de los agentes en el exterior y la presión obligó a los narcotraficantes a marchar sin necesidad de acceder al domicilio. Ayer los agentes fueron a los tres pisos okupados. En dos de ellos identificaron a las personas que había en el interior. En el tercero no abrieron la puerta. La policía sigue presionando y controlando la actividad que se desarrolla en estos inmuebles. No es el único narcopiso que existe en el Raval y muchos están sometidos a la presión policial. Pese a ello, los agentes no pueden acceder a los inmuebles hasta que no presentan ante los juzgados pruebas de que se está llevando a cabo una actividad ilegal y el juez autoriza la entrada y registro. Cuando se efectúan estas intervenciones los traficantes ocupan otro piso y las investigaciones vuelven de nuevo a la casilla de salida.

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