El Estado, esa jaula según Buch

El domingo por la tarde, mientras la televisión catalana emite Churchill, la cinta de titulares que se desliza continuamente por la parte baja de la pantalla sintetiza el relato sobre la crisis sanitaria elaborado por el independentismo gobernante en Cataluña: Es este: “El Consejo de Ministros aprueba las restricciones de movimientos anunciadas la víspera por el presidente Sánchez”. “Quim Torra celebra una medida que la Generalitat pedía desde hace tiempo”. “Urkullu pide en la conferencia de presidentes que las comunidades autónomas sean las que concreten las actividades esenciales”. “En las últimas 24 horas han muerto 832 pacientes de coronavirus en toda España”. “Llega a Cataluña un millón y medio de material quirúrgico comprado a China”.

Los contenidos resumidos en estos titulares habían sido explicados antes más ampliamente en los noticiarios y en la abundante programación dedicada estos días a la pandemia. Se da por sabido que el material llegado de China ha sido pedido por la Generalitat. Se da por sabido que las medidas adoptadas por Sánchez llegan tarde porque hace ya tiempo que han sido reclamadas por Torra. Se reitera que a las comunidades autónomas se les impide decidir sobre aspectos decisivos de la crisis, como recuerda la demanda de Urkullu, que por supuesto no va a ser atendida. Y todo ello sobre el truculento escenario de muerte que asola España, Cataluña incluida. Poco antes, en una rueda de prensa emitida en directo, el consejero de Interior, Miquel Buch, había explicado, a propósito de la confinación de Igualada y la Conca d'Òdena, que la “camisa de fuerza” y la “jaula” en la que Cataluña está metida impide que la Generalitat aplique medidas necesarias contra la epidemia pero que sin embargo no son autorizadas por el Gobierno de España. En la retórica de Buch la camisa de fuerza y la jaula pueden ser, según se quiera interpretar, los decretos del Gobierno de España sobre el estado de alarma, el propio Gobierno español o, simplemente, el Estado. El martes subrayó que la Generalitat no puede decidir nada porque se halla subordinada al Gobierno de España.

Si no actuamos más y mejor es porque no nos dejan. Así es como la pandemia del coronavirus ha sido convertida en un balón de oxígeno por el gobierno de Junts per Catalunya y ERC, que el propio Torra había dado ya por agotado el 29 de enero al anunciar unas elecciones anticipadas. Cuando Sánchez decretó el estado de alarma y se constituyó en autoridad única para dirigir la política contra la crisis sanitaria, liberó de esa pesada responsabilidad a quienes la detentaban hasta ese momento. La consecuencia inmediata en Cataluña ha sido que el Gobierno de Torra abrazara con entusiasmo el papel de víctima: primero, del centralismo; luego, de la ineficacia. Siempre, del Estado, ese ente foráneo, y enemigo que es el Estado español cuando quien se refiere a él es un nacionalista catalán. Un inesperado regalo dialéctico para los soberanistas que se mueven como pez en el agua en la confrontación con el pérfido centralismo español.

Instalado así en el papel de portavoz de todas las quejas, demandas, peticiones, reclamaciones y exigencias ante el Estado, el Gobierno de Torra ha debido actuar como ejecutor de una política sanitaria que no dirige y lo ha hecho recuperando el discurso del victimismo contra el centralismo y poniendo siempre por delante que si algo no funciona es por culpa del Gobierno de España; si llega tarde es por culpa del Gobierno de España, si no hay medios es porque el Gobierno de España no los aporta. Siempre más tarde de lo que necesitamos, siempre con menos de los que reclamamos, repiten el president y sus consejeros. Lo más significativo sea, quizá, el momento en que Torra preconiza la irresponsabilidad económica total de la Generalitat. En pocos minutos de diferencia exige la rebaja, aplazamiento y/o exención de impuestos para empresas y trabajadores autónomos y, acto seguido, exige también que eso sea en todo caso a cuenta del Gobierno de España. El mismo esquema que aplica a la demanda de instaurar con urgencia una renta mínima universal para los afectados por la crisis, que por supuesto debe ser con fondos aportados por el Estado.

Es una incógnita el rendimiento que esta mezcla de victimismo y oportunismo descarado pueda tener en unas elecciones, sean cuando sean. Pero los soberanistas se esfuerzan para convertirla en una oportunidad para recuperar la maltrecha cohesión de esa mitad del universo social catalán que les sigue desde 2010. Una oportunidad caída del cielo cuando menos la esperaban y más falta les hacía. Pero también se puede volver contra ellos como un bumerán.