Una juez exime a un ‘mosso’ diabético de trabajar por la crisis del coronavirus

Una juez de Tarragona ha ordenado a la Generalitat a que envíe a casa a un agente de los Mossos d’Esquadra que padece diabetes ante la epidemia de coronavirus. La magistrada ha dejado en suspenso la obligación del policía de incorporarse al servicio mientras dure “la situación de emergencia sanitaria” por el virus. El auto argumenta que, según los informes remitidos por el Ministerio de Sanidad, las personas diabéticas son “el segundo grupo de personas con mayor riesgo de muerte si desarrollan la enfermedad”.

Hasta este miércoles, un total de 571 agentes de los Mossos d’Esquadra han solicitado a la Dirección General de Policía del Gobierno catalán un permiso retribuido para ausentarse de su lugar de trabajo por “deber inexcusable”. Son policías que sufren alguna patología (asma, problemas respiratorios), pero también mujeres embarazadas y lactantes. Alrededor del 75% de las peticiones son denegadas. Ese fue el caso de un agente de seguridad ciudadana de El Vendrell que padece diabetes y que decidió recurrir la decisión de la administración ante la justicia.

La titular del juzgado contencioso-administrativo número 2 de Tarragona, Natalia Jiménez, le ha dado ahora la razón. La juez le ha exonerado, de forma cautelar, de la obligación de presentarse en su puesto de trabajo con argumentos de salud pública. "Tras los estudios realizados en China y por la misión de la OMS”, se ha constatado que la letalidad del coronavirus entre diabéticos es muy elevada y “alcanza el 9,2%”. Que el mosso se quede en casa no solo le beneficia a él, sino a todos. “Redunda en beneficio e interés de la salud pública ante la grave situación de pandemia existente en la actualidad”, señala el auto, que recoge los argumentos del abogado José Antonio Bitos.

La juez recuerda, además, que una instrucción de la Generalitat reconoce el derecho de los empleados públicos que prestan servicios “en sectores estratégicos” y padezcan “enfermedades crónicas” (como la diabetes) a obtener el permiso. El sindicato USPAC, que tramita la demanda, exige precisamente a la Dirección General de Policía que conceda los permisos retribuidos a los mossos en situación de riesgo: mayores de 60 años, con patologías previas y también a las embarazadas y lactantes.