La Fiscalía de Sevilla también investiga la supuesta modificación de pruebas vinculadas al cribado del cáncer de mama

La Fiscalía de Sevilla investiga la supuesta desaparición y modificación de los historiales médicos y pruebas diagnósticas de mujeres afectadas por el fallo en los cribados de cáncer en el sistema informático de gestión e información del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en la aplicación ClicSalud+ y el portal Diraya. Esta actuación se suma a la que ya abrió para esclarecer los retrasos en el diagnóstico de los cribados de cáncer de mama.

Esta segunda investigación, según ha adelantado la Cadena SER y ha confirmado EL PAÍS, se inicia por el escrito que el martes presentó Amama, la asociación de mujeres víctimas de cáncer de mama de Andalucía, en el que pedía al ministerio público que investigara el borrado y la alteración de pruebas diagnósticas. Estos informes son esenciales para que las mujeres afectadas por los fallos de cribado puedan presentar demandas ante la supuesta negligencia. Las diligencias han sido encomendadas a la Sección de Criminalidad Informática, que está investigando la comisión de presuntos delitos de obstrucción a la justicia, encubrimiento y contra la seguridad en la información sanitaria.

El consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz, y el propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, han negado categóricamente que el SAS pueda borrar los historiales médicos. Sanz llegó a pedir a las mujeres de Amama que dejaran de “lanzar infundios”, aunque horas más tarde el SAS reconocía que una caída del sistema de ClicSalud+ el martes había impedido “temporalmente” acceder a las pruebas. Amama interpuso su denuncia justamente el martes. Muchas mujeres se encontraron con que un día después, cuando sí pudieron acceder a sus mamografías, estas ya no tenían la marca que indicaba que su lesión era sospechosa, o veían cómo en sus informes médicos desaparecía el nombre del profesional que lo había realizado.

Uno de esos casos es el de Anabel, cuyas mamografías supuestamente alteradas mostró la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, al presidente Moreno durante la sesión de control al Gobierno de este jueves. Anabel se hizo el cribado en 2023 y a raíz del escándalo de las ecografías comprobó que en su historial de ClicSalud+, tenía cuatro pruebas con círculos que señalaban a su lesión sospechosa, dos de ellas firmadas por una radióloga y otras dos por otra. Cuando el miércoles pudo volver a entrar en la aplicación, descubrió que en lugar de cuatro placas, tenía seis, pero que solo una de ellas mantenía la señal y los nombres de dos radiólogas, mientras que las demás estaban limpias y sin identificar.

Durante el pleno, el presidente andaluz acusó a Nieto de decir “barbaridades” y poner en el foco a los médicos que son, dijo, los únicos que podrían alterar las pruebas diagnósticas. A última hora de la tarde del jueves, el SAS, emitió un comunicado acompañado por un vídeo explicativo de una radióloga de la unidad de mama y de la jefa de servicio de Radiodiagnóstico y cáncer de mama del Hospital Reina Sofía de Córdoba sobre el procedimiento de análisis de las imágenes del programa de cribado.

Tras señalar que se desarrolla un sistema de doble lectura por dos radiólogos distintos, sin que ninguno pueda conocer el informe del otro, y advertir de que no siempre se toman imágenes clave en los estudios radiológicos, el SAS indica que, en caso de realizarse, “en el sistema debe aparecer la proyección sin la marca y con la marca o imagen clave. Por eso pueden aparecer dos imágenes de la misma proyección: una señalada y otra no”.

La Fiscalía Superior de Sevilla informaba este jueves de que también había abierto diligencias de investigación en relación con las denuncias presentadas por la Defensora del Paciente e Izquierda Unida sobre los retrasos en el diagnóstico de los cribados de cáncer de mama. El ministerio público ha pedido a la Consejería de Sanidad que informe de los hechos, las medidas adoptadas para la reparación del daño a las víctimas y sobre la prevención de situaciones similares en el futuro.

Por su parte, la Defensora del Paciente interpuso el 2 de octubre una denuncia en la que exigía responsabilidades al Servicio Andaluz de Salud por “dejación de funciones” en el programa de detección precoz. Una semana después, Izquierda Unida presentó otra en la que pedía que se investigue a los tres últimos consejeros de Salud que ha tenido Moreno —Jesús Aguirre, Catalina García y Rocío Hernández— por delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes por omisión y omisión del deber de prestar servicios sanitarios.