La Junta andaluza reclamará 17 millones de euros al Gobierno para financiar la atención a 567 menores migrantes de Canarias

En plenas negociaciones para cerrar un acuerdo que garantice el reparto puntual de unos 4.000 de los aproximadamente 5.800 menores no acompañados que tutela el Gobierno de Canarias, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha elevado la presión sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia migratoria anunciando que le va a reclamar 17 millones de euros para financiar la atención de 567 migrantes que fueron trasladados desde el archipiélago a la comunidad como mayores de edad, pero que la Fiscalía confirmó que eran menores.

“Esta semana vamos a presentar un requerimiento previo a un recurso contencioso administrativo para reclamar al gobierno de España que ejerza su competencia exclusiva en inmigración”, ha anunciado el barón popular esta mañana en un foro de ABC en Madrid, después de asegurar que no percibe por parte del Ejecutivo de Sánchez “una política seria, rigurosa y consensuada en materia de migración”. El presidente de la Junta ha elevado el tono en esta materia, haciendo incluso un guiño al apelativo de “el educado” con el que la nueva secretaria general del PSOE andaluz y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, se ha empezado a referir a él, para negar que realmente sea “moderado”. “No se debe de confundir educación con ingenuidad, ni moderación con debilidad, a veces se confunde y no nada tiene que ver”, ha dicho Moreno.

La Junta de Andalucía va a reclamar a los ministerios de Interior e Infancia e Inclusión que reconozcan a ese más de medio millar de menores migrantes y que asuman el coste de su mantenimiento, que es competencia de la administración autónoma. Esta petición se cursará a través de la figura del requerimiento previo que, de no ser atendida, derivaría en la presentación del recurso ante los tribunales.

Esta reivindicación del Gobierno andaluz no es nueva. Fue en verano de 2024 cuando la Junta advirtió del acogimiento de 468 menores migrantes que habían llegado como mayores desde Canarias y acusó al Gobierno central de “desentenderse de ellos”. En las distintas conferencias sectoriales sobre Inmigración, la Consejería andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, de quien depende la asistencia de los menores, ha trasladado la necesidad de más recursos para evitar el colapso de su sistema de acogida. “No se nos ha escuchado y por eso hemos decidido acudir a esa vía para que primero se reconozca que son menores de edad y después que se nos aporte la dotación que hemos tenido que asignar en este año y tres meses”, indican fuentes de ese departamento. Otro interlocutor del Ejecutivo autónomo cifra esa cantidad en 17 millones de euros.

De los 567 menores migrantes que llegaron de Canarias a Andalucía como si fueran mayores de edad que ha computado la Junta, en la actualidad siguen bajo la tutela de la administración andaluza 267. Desde la Consejería se advierte de que, además de estos menores, muchos de los que han ido cumpliendo 18 años en este tiempo siguen dentro de programas para extutelados de la comunidad.

“Andalucía defiende la solidaridad y la cooperación en un asunto que es muy sensible, con muchas aristas, pero necesitamos coordinación, planificación, liderazgo y la construcción de un reglamento que nos permita hacer una migración regulada, organizada y planificada. España necesita políticas de Estado también en esta materia”, ha señalado Moreno.

El Defensor del Pueblo ya denunció en su último informe las fallas en la identificación y acogida de los menores migrantes a su llegada a Canarias. La propia Fiscalía ha reclamado una nueva norma que regule el procedimiento para la determinación de la edad de estos jóvenes.