De suicidio a posible asesinato machista: los padres de Ana Buza pretenden que se impute al novio de su hija cinco años después

“Su hija ha muerto en extrañas circunstancias”. Así transmitió a Antonio Buza un agente de la Guardia Civil que su hija Ana, de 19 años, había sido hallada muerta detrás de un quitamiedos de la autovía de la A-4, a la altura de la salida hacia Carmona. Eran las 7 de la mañana del 7 de septiembre de 2019. En estos cinco años, Buza ha tratado de esclarecer cuáles fueron esas extrañas circunstancias y ya no le quedan dudas. Lo que tiene muy claro es que no son las que dictaminó la jueza de instrucción de esa localidad sevillana y el fiscal cuando cerraron el caso, 36 horas después de que se hallara su cadáver, afirmando que se trataba de un suicidio. Los distintos expertos que la familia de la joven ha contratado desde entonces coinciden en que fue atropellada por su novio, que iba al volante, y confirman la teoría de los padres de que fue un asesinato machista. Una tesis que el padre de Ana está deseando poder confirmar en los próximos meses, si finalmente el juez decide la apertura del juicio oral. Su tenacidad consiguió que se reabriera la causa, que la expareja de su hija fuera imputada y que fuera un juez de violencia de género de Sevilla quien asumiera la investigación, cuya fase de instrucción se cerró el pasado 29 de julio.

“Lo que siempre he querido era saber lo que pasó, que me demostraran qué ocurrió ese día”, señala Buza. Matemático, apela a esa deformación profesional por resolver los problemas de manera científica para justificar la incansable búsqueda que emprendió entonces para hallar una lógica a una premisa que para él era inconcebible: que su hija, una estudiante brillante y de carácter alegre, sin ningún episodio de depresión, se hubiera quitado la vida. En este camino —en el que se ha dejado una fortuna en la contratación de expertos― también ha podido llenar las lagunas de una investigación plagada de negligencias y decisiones judiciales discutibles. El resultado final le ha reportado tranquilidad: “Sé lo que ocurrió y cómo ocurrió y tengo a los profesionales deseando ir a juicio y al careo con otros peritos”, afirma. Su esperanza pasa por que el juez que lleva la instrucción no archive la causa y decida abrir la fase de juicio oral, determinando el tipo de delito por el que se le imputa, si homicidio doloso o asesinato.

A las tres de la madrugada del 7 de septiembre de 2019, Ana viajaba en el coche de su pareja desde hacía un año, R. V., de 25 años. El vehículo circulaba a 117 kilómetros por hora. Su cuerpo, con múltiples traumatismos, fue encontrado tras el quitamiedos de la carretera, a 60 metros del vehículo de su novio, que apenas tenía rasguños. La Guardia Civil se presentó tras recibir tres llamadas del 112. Allí el joven ofreció hasta cuatro versiones de lo sucedido: que se le había cruzado un animal, que se había despistado; y ante la incredulidad de los agentes y justo después de que llegara su madre al lugar de los hechos, que Ana se había suicidado abriendo la puerta del coche y tirándose a la cuneta. El motivo: una discusión con su padre. Primero adujo que por sus malas notas y, al constatar que el curso había terminado en junio y ella había sacado matrículas de honor, aseguró que fue por cuestiones de dinero.

Esta es la versión que creyeron los agentes de la policía judicial que llegaron después y la que asumió la jueza de instrucción de Carmona y el fiscal que cerraron el caso a las 36 horas. “Lo hicieron sin esperar al resultado definitivo de la autopsia, ni a los resultados de toxicología, ni al informe de la Guardia Civil de Tráfico”, señala Buza. Los investigadores tampoco tomaron declaración a los que llamaron al 112, ni visionaron la cámara de videovigilancia que estaba a pocos metros del lugar del siniestro. No interrogaron a R. V. para que aclarase sus versiones contradictorias, ni se molestaron en preguntar al padre de la joven si habían discutido. A él su novio, un día después, le ofreció otra versión de lo ocurrido: que la puerta se abrió sola y Ana se cayó al tratar de coger una mochila.

“No me quiero acordar cuando me informan de la muerte de mi hija. Esos fueron los peores días de mi vida”, rememora Buza sobre la parálisis emocional en la que se hundió su familia y que llevó a que decidieran incinerar el cuerpo a las 48 horas de que se realizara la autopsia. Diez días después, un correo los despertó de ese limbo: seis meses antes de fallecer, su hija había pedido ayuda a una psicóloga para que tratara a su novio por su comportamiento celoso, manipulador, controlador y violento. Buza constató entonces que la investigación se había cerrado demasiado pronto y en falso. Cree que la tesis de la “presunción de suicidio” se había aceptado a la ligera y lo que sigue siendo muy duro para un padre: lo ponía a él como el responsable de que se quitara la vida.

Un día después, Buza pidió la reapertura del caso. Se encontró con la oposición frontal de la jueza: “Su hija se ha suicidado, está clarísimo. ¿Se entera o no se entera? En caso de que fuera violencia de género le correspondería a mi compañero de arriba. Me voy a la sala de vistas que tengo cosas más importantes que hacer”, asegura él que le dijo en un despacho de los juzgados. Esa misma impresión la transcribió el fiscal por escrito: “Es comprensible que un padre no acepte el suicidio de su hija y busque culpable en terceras personas”.

La Audiencia Provincial no opinó igual. La familia de Ana presentó el correo, sus notas con matrícula de honor y el extracto bancario que acreditaba que ella recibía dinero suficiente de su padre. En noviembre de 2019 ordenó que se retomara la investigación judicial. Buza se rodeó de un equipo legal y científico para demostrar que su hija había sido atropellada por su pareja en la cuneta y que bajo la apariencia del suicidio realmente se ocultaba un supuesto asesinato machista. Ingenieros y criminólogos han reconstruido el accidente y han constatado que a una velocidad de 117 kilómetros por hora es imposible que nadie pueda abrir la puerta y arrojarse de un vehículo; diferentes médicos forenses han analizado las fracturas de la joven para concluir que no son compatibles con un suicidio, sino con un atropello. Las conclusiones de los distintos expertos son que, por algún motivo, ella bajó del coche y mientras andaba por la cuneta, él la atropelló intencionadamente. “De todos estos documentos se infiere que la tesis del suicidio es imposible porque se incumplen las leyes más elementales de la física y la aerodinámica”, reafirma Buza.

La reconstrucción del accidente y los informes de medicina forense presentados por la familia de Buza difieren de los que pidió el fiscal tras la reapertura del caso al equipo de Reconstrucción de Accidentes de la Guardia Civil y al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, que concluyeron que la muerte de Ana no se produjo como consecuencia de un atropello. “Si alguno de los informes que hemos encargado concluyera que hay un mínimo porcentaje de probabilidades de que no fuera un atropello me retractaría de una acusación tan grave”, advierte el padre de Ana. “Acuso porque estoy completamente seguro”.

Tratamiento para sus celos

Porque además de las evidencias empíricas, el padre asegura que cuenta con otras indiciarias relacionadas con la situación de opresión y aislamiento a la que R. V. sometió a Ana movido por su carácter controlador. La psicóloga que lo trató durante seis meses declaró durante la instrucción —un testimonio al que la jueza se negó y que la Audiencia le obligó a admitir― que era un maltratador, celoso, manipulador y violento, que apartó a su novia de su círculo de amigos y la dejó sin redes sociales. Una amiga también testificó cómo la controlaba durante las clases en la facultad observándola por el cristal de la puerta y corroboró el carácter tóxico de esa relación. “Se han analizado cientos y cientos de correos electrónicos entre Ana y R. V., de donde se desprende que éste ejercía una situación de acoso, celos y manipulación constantes, una obsesión por aislarla y, en definitiva, una violencia de género brutal, que es sumamente evidente hasta para la persona menos lega en la materia”, apunta Buza.

La reapertura del caso provocó que R. V. fuera llamado a declarar como testigo tres meses después del fallecimiento de Ana —también porque la Audiencia obligó a la jueza a hacerlo― y que en julio de 2020, gracias a la presentación de las pruebas forenses y científicas recabadas por la familia de la joven, fuera imputado por su muerte. Pese a todo, el caso tardó otros tres años en ser trasladado a un juzgado de violencia de género.

“La policía judicial que acudió al lugar del accidente no tenía formación en violencia de género”, advierte Buza. En sus informes, realizados tras analizar el móvil de la joven y un documento de su ordenador, concluyeron que Ana no era una víctima porque nunca había trasladado a su familia o amigos que sufriera violencia de género. En todos estos años, colectivos feministas y plataformas ciudadanas de Carmona han apoyado públicamente con actos y manifestaciones a la familia alertando de que es habitual que las víctimas de violencia nieguen o minimicen el maltrato.

Móvil manipulado

El análisis de los móviles tanto de Ana como de su supuesto asesino son otro ejemplo sobre el que incide Buza. El celular de la joven apareció 19 días después de su fallecimiento. Fue su padre quien lo encontró a 72 metros de donde estaba su cadáver y se lo entregó a los investigadores. Nadie ha sabido explicar cómo es posible que apareciera allí si la madre del novio declaró después en sede judicial que ella misma lo había encontrado en el coche de su hijo y se lo había entregado a un agente. Ese terminal, eso sí, ha sido analizado tanto por la Guardia Civil como, por supuesto, los expertos contratados por la familia de Ana. Las conclusiones del informe de estos últimos es que el aparato fue manipulado antes y después de la muerte de la chica y ese detalle determinó al juez a ampliar el pasado mes de enero la instrucción otros seis meses.

El otro móvil que inexplicablemente tardó tiempo en ser analizado fue el del presunto asesino de Ana. La jueza se lo pidió el 3 de diciembre de 2019, tras tomarle declaración como testigo. Él indicó que tenía poca batería. “Tráigalo recargado, dentro de dos o tres días, y quedaría usted muy mal si borrase algo”, respondió la magistrada. Del terminal no se supo nada hasta que el 29 de julio de 2020 (más de un año y medio después), cuando la Guardia Civil notifica al joven que debía entregar el dispositivo, orden que obedece el 12 de agosto. Los peritos contratados por la familia de Ana han constatado que el chico hizo un borrado de todos los datos el 30 de julio. La acusación particular también quiere demostrar científicamente en el juicio que el imputado manipuló el móvil de la joven tras su muerte y destruyó pruebas de su propio teléfono.

“No ha habido ganas de investigar”. Así resume Buza estos cinco años de instrucción de un caso impulsado casi exclusivamente por su afán de desentrañar de una manera que no deje lugar a dudas esas “extrañas circunstancias” con las que le comunicaron que su hija había muerto. Su carácter matemático le ofrece la absoluta certeza de que todas las pruebas le dan la razón y de que el imputado finalmente ingresará en prisión. Una vez cerrada la instrucción, el juez debe ahora decidir si archiva el caso definitivamente o imputa al chico y por qué delito exactamente.

En lo que va de año, 34 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.278 mujeres.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.