La Oficina Antifraude andaluza investiga la “afinidad política y sindical” de trabajadores del Ayuntamiento de Martos

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) se ha dirigido en varias ocasiones al Ayuntamiento de Martos (Jaén) para requerirle una “relación de trabajadores con vínculos familiares, por consanguinidad o afinidad, afectivos, de afinidad política o sindical o de interés económico con los órganos de gobierno del Ayuntamiento”. Todo ello en relación al expediente abierto para investigar un proceso selectivo de dicho consistorio que, según la OAAF, podría ser constitutivo de “fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros”.

“Se están extralimitando claramente en sus funciones con una estrategia de acoso y de acorralamiento que no tiene ningún sentido”, afirma Emilio Torres, alcalde socialista de Martos (Jaén). Su Ayuntamiento ha recibido en los últimos meses hasta tres investigaciones por supuesta corrupción por parte de la OAAF, dos de las cuales —una vinculada a un proyecto urbanístico en el solar de una cooperativa y otra a otro proceso selectivo― han sido archivadas esta misma semana, coincidiendo con la denuncia del PSOE asegurando que la OAAF está llevando a cabo una “causa general” contra su partido en la comunidad andaluza.

Desde el Ayuntamiento marteño se anuncian acciones legales contra este órgano, creado por el Gobierno andaluz en 2021 y dependiente del Parlamento autonómico, por “extralimitarse” en sus funciones. La petición para identificar a aspirantes de procesos selectivos por su “afinidad política o sindical” ha sido la principal línea roja que, según los socialistas, se ha traspasado desde la OAAF. Se trata de “datos sensibles” que estarían protegidos, según establece el artículo 9 del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos”. No obstante, la Secretaría General de la Oficina Antifraude cree que su difusión “no atenta contra el derecho fundamental a la intimidad personal, puesto que se trata de solicitar ciertos datos en aras a hacer posible la investigación en el contexto de la lucha contra el fraude”, según se indica en uno de los requerimientos dirigidos desde la entidad al Ayuntamiento de Martos.

En la respuesta dirigida a la OAAF, la secretaria general del Ayuntamiento de Martos hace patente su malestar por los continuos requerimientos de Antifraude y, en especial, por la petición de datos considerados como sensibles. “No es posible informar de afinidades políticas o vínculos afectivos ya que no constan en este Ayuntamiento ni tan si quiera por notoriedad, ya que ninguno de los seleccionados en estos procedimientos han formado parte de candidaturas de partidos políticos ni han sido apoderados o interventores en procesos electorales que pudieran arrojar este dato”, señala la secretaria en el escrito al que ha tenido acceso este periódico. Y añade que, pese a existir en el Ayuntamiento empleados municipales con relación de parentesco con miembros de los órganos de gobierno, estos ya eran trabajadores municipales antes de que sus familiares formaran parte de distintas corporaciones. Como ejemplo, se investiga a un asesor jurídico que entró en el Ayuntamiento en el año 2000 y que logró la consolidación de su plaza en 2011.

El alcalde de Martos alude a la situación de “indefensión absoluta” en la que se encuentran. Asegura que van a pedir conocer la identidad de los denunciantes ante la Oficina Antifraude “porque las denuncias falsas también pueden ser un delito”, aunque no tiene dudas en señalar al PP como el partido que está detrás de estos requerimientos tramitados desde la OAAF. El Ayuntamiento ha tardado un año en recibir respuesta a algunas de sus alegaciones, y eso a pesar de que el reglamento de la oficina establece un plazo máximo de seis meses para resolver los expedientes.

El PP contraataca en los tribunales

Una tardanza que ha contrastado con la celeridad con la que la OAAF ha archivado el caso del audio del líder del PP de Jaén, Erik Domínguez, donde ofrecía información privilegiada a un cargo de Ciudadanos sobre la convocatoria de un proceso selectivo en el Consorcio Metropolitano de Transportes. Tras este archivo, el PP ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una querella criminal por revelación de información contra el también parlamentario andaluz del PP.

La parlamentaria socialista Ángeles Férriz sostiene que la filtración de Domínguez “encaja a la perfección en lo que la ley de la Oficina Antifraude entiende por corrupción, la conculcación de principios de igualdad, mérito y capacidad en puestos de trabajo en la Junta y sus entes instrumentales”. Desde el PSOE lamentan que la Oficina Antifraude archive la denuncia socialista “porque el fraude no se llegó a consumar”, cuando esto fue así única y exclusivamente, según ha incidido, porque la persona a quien el parlamentario jiennense del PP filtró las bases “no se presentó a la plaza”.

Los socialistas han mostrado su preocupación ante el “talante paternalista” que viene exhibiendo la OAAF hacia dirigentes del PP, limitándose a “reprochar duramente” pero sin sancionar. Ya ocurrió lo mismo con la denuncia socialista por incompatibilidades del director general de Pesca de la Junta por conceder ayudas a empresas propias. Asimismo, la oficina lleva cuatro meses sin pronunciarse sobre el exviceconsejero de Salud Miguel Ángel Guzmán, que fichó por una empresa a quien otorgó 14 contratos por 44 millones de euros, apenas tres meses después de dejar su cargo en la Junta.

La Junta de Andalucía creó en 2021 la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) y, a pesar de su escaso protagonismo en este tiempo, la entidad informó del aumento en un 1.300% durante el pasado año de los casos investigados. Su anterior director, Ricardo Puyol, presentó su renuncia al cargo el mes pasado para poder reintegrarse a la carrera judicial tras los cambios provocados por la reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial.