Un alga invasora implacable amenaza la biodiversidad, la pesca y el turismo en el sur de España

Su capacidad para sobrevivir es portentosa. Habita adherida al fondo rocoso, pero también es capaz de hacerlo en suspensión, flotando a la deriva. Se puede reproducir por esporas y también por esquejes que pueden generar, cada uno, cientos de nuevos individuos. Su multiplicación parece infinita si se tiene en cuenta que en apenas un metro cuadrado puede haber miles de ellas. El alga marina Rugulopterix okamurae, original de Asia, llegó a Ceuta en 2015 en las aguas de lastre de algún barco. Tardó solo un año en cruzar el estrecho de Gibraltar. Con la ayuda del cambio climático, en menos de una década ha arrasado el fondo marino de buena parte de la costa de Cádiz, reduciendo la biodiversidad, golpeando a la pesca comercial y causando problemas al turismo. La Costa del Sol occidental es su nueva víctima. “El impacto es total”, subraya María Altamirano, catedrática de Botánica de la Universidad de Málaga. “Es como cuando un incendio arrasa un parque natural, pero como esto no se ve, apenas se actúa”, explica.

Andalucía es, de momento, la región más afectada del país, pero su presencia empieza ya a convertirse en un problema para diferentes costas tan variadas como Alicante, Almería, Canarias, Murcia o Bilbao. La flota pesquera anda desesperada y los ayuntamientos se dejan el presupuesto en eliminar las arribazones que llegan a sus playas, que generan miles de toneladas de residuos. Las cifras hablan solas. Solo en Estepona se han retirado más de 18.000 toneladas desde 2020, según los datos del Ayuntamiento, que gasta un millón de euros cada año en estos trabajos. En Casares, con apenas 2,2 kilómetros de playa, el pasado mes de abril se retiraron 460 toneladas de algas debido al intenso viento de poniente. Su delegada de Playas, Noelia Rodríguez, asegura que retirarlas supone un “esfuerzo extraordinario” tanto de personal como de gasto. Y es algo que ocurre casi a diario, desde Conil hasta prácticamente la ciudad de Málaga, más de 200 kilómetros de costa. Y bajo el mar la especie ya coloniza áreas protegidas como Cabo de Gata, en Almería.

Las investigadoras Sandra Mogollón, Mariana Zilio, Eva Buitrago, Ángeles Caraballo y Rocío Yñiguez han calculado que la Rugulopterix okamurae causa 3,3 millones de euros de pérdidas a un municipio como Tarifa (que no llega a los 20.000 habitantes y donde en 2020 se retiraron 2.300 toneladas de algas), según indican en las conclusiones de su estudio El impacto económico de Rugulopteryx okamurae. “Sobre todo en la pesca”, afirman las científicas, que destacan que su modelo se podría aplicar —con modificaciones— a otros territorios para contabilizar el impacto global de los sectores pesquero o turístico.

La catedrática María Altamirano, vicepresidenta de la Sociedad Española de Ficología, aclara que “no hay ni un solo funcionario que haya dejado de comer por culpa del alga: donde hay que poner el foco es en el sector pesquero”, destaca quien cree que ante la imposibilidad de actuar donde el alga está ya asentada, hay que implementar “ya” medidas para prevenir que siga distribuyéndose en otros lugares. El Ministerio para la Transición Ecológica —que incluyó a la especie en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras a finales de 2020— puso en marcha en 2022 una estrategia de control, pero no ha tenido demasiado éxito.

Mientras el turismo todavía mira de reojo, la flota pesquera lleva años dentro de un túnel del que no sabe bien cómo salir. “La especie ha cubierto todas las zonas de hasta 50 metros de profundidad con luz solar en nuestra costa. La transformación del ecosistema ha sido bestial”, sostiene Nicolás Fernández, gerente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz. El portavoz relata que el erizo ha desaparecido de Tarifa, como el pulpo de todo el entorno del Cabo de Trafalgar: donde antes se capturaban mil toneladas anuales ahora apenas quedan ejemplares. Hay más datos escalofriantes. De las 800 toneladas de pez sable que se capturaban en 2015 se pasó a 600 kilos en 2019, reducción similar a las de especies como el voraz.

La flota compite en un caladero cada vez más pequeño y esquilmado porque en el resto de la costa pescan algas en vez de peces. Luego pasan semanas enteras limpiando las redes. O las tienen que tirar y gastar 3.000 euros en comprar nuevos aparejos. Por eso muchas embarcaciones acaban en el desguace. No rentan. La Junta de Andalucía ha ofrecido ayudas puntuales, pero la flota pide más recursos de investigación, instrucciones claras sobre cómo actuar o que les permitan modificar su actividad. Quieren dirigirla a la pesca del atún, especie que aseguran se ha recuperado “enormemente” e incluso “ya tiene una comunidad residente en el Estrecho”. “Este es un tema muy grave en el que las administraciones han hecho dejación de funciones”, sostiene Fernández.

Miles de toneladas al año

“Es un disparate. Un auténtico desastre”, insiste Daniel Gómez, concejal de Playas de Mijas, localidad malagueña donde solo el año pasado retiraron más de 4.000 toneladas de esta especie invasora de sus 14 kilómetros de costa. Gómez afirma que, de momento, su descomposición genera malos olores y atrae piojos marinos, pero que el turismo todavía no se ve afectado “porque se realiza un enorme esfuerzo para mantener todo limpio”. “Un día limpias y a la mañana siguiente vuelve a estar todo inundado. Y lo peor es que esto ha llegado para quedarse”, subraya el edil. Los operarios de Marbella, por ejemplo, arrancan sus jornadas a las cinco de la madrugada con un arsenal de maquinaria con el objetivo de dejar las playas limpias cada día. Las más afectadas son las de San Pedro Alcántara, Nueva Andalucía, Fontanilla y Cabopino, donde eliminar las arribazones —un millar de toneladas de media anual—ha supuesto ya más de tres millones de euros de gasto, según fuentes municipales.

A veces hay tantas que es imposible quitar todos los restos orgánicos, lo que para el Ayuntamiento “puede generar una mala imagen de las playas, tanto para vecinos como para turistas, y puede suponer también un problema para los servicios de playas como hamacas o chiringuitos”. A municipios como Benalmádena, Torremolinos o Málaga solo llegan algunos pequeños arribazones de manera puntual, pero todo hace indicar que pronto también deberán acostumbrarse a ellas. También a incorporar a sus presupuestos anuales la limpieza de playas por culpa de esta especie invasora, así como el gasto que supone su traslado a los centros de tratamiento.

Cada localidad ha gestionado durante estos años la recogida de algas a su manera, pero desde marzo la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol se ha hecho cargo de su transporte hasta el Centro Ambiental de Casares, reduciendo el alto gasto municipal: deben pagar 42 euros por cada tonelada. Hasta ahora allí se trataba como cualquier otro residuo sólido urbano —por eso no hay ni estadísticas— pero ahora se manejará como residuo de poda sucio. Ello permitirá elaborar compost, venderlo y recuperar algo de dinero. También hay investigaciones para utilizar el alga como elemento de construcción para cosmética o incluso para calzado, aunque aun sin demasiado éxito.