Año y medio sin intérprete de signos para su hija sorda: “El sistema me pone unas trabas que no pienso trasladarle a ella”

María José Retamero lleva nueve años luchando por que ningún obstáculo coarte el desarrollo y limite la felicidad de su hija de 8 años, de la que prefiere no dar su nombre. Nació con movilidad limitada, pero esquía y monta a caballo. Con cuatro años confirmaron que lo que le impedía oír bien no eran mocos en los oídos, sino una hipoacusia severa profunda, cuyas consecuencias en el colegio se paliaron con una radio FM, un amplificador que proyecta la voz de los profesores directamente al audífono de la pequeña. Sin embargo, desde que pasó a Primaria sus problemas de comprensión se agravaron y el año pasado el equipo de orientación recomendó la incorporación a su colegio de Sevilla de un intérprete de lengua de signos (ILSE), que con el inicio del nuevo curso no ha llegado por problemas burocráticos en la solicitud del recurso. “El sistema no me ayuda, a los padres de niños con necesidades especiales nos lo deberían poner más fácil, pero solo nos ponen trabas, trabas que debería resolver el sistema y que no pienso trasladar a mi hija”, sostiene Retamero.

Fue en primero de Primaria cuando Retamero percibió un cambio de comportamiento en su hija: “Estaba perdida y triste porque no se enteraba bien de lo que explicaba el profesor”. En segundo, el equipo de orientación educativa dictaminó que necesitaba un intérprete y en abril de 2022 el colegio concertado Claret, de Sevilla, en el que estudia la hija de Retamero, hizo la solicitud a la Consejería de Desarrollo Educativo. El procedimiento para la petición de profesores de educación especial funciona de manera distinta en los centros concertados que en los públicos, explican fuentes de ese departamento. “El régimen jurídico y económico va por un concierto con pago delegado para los profesores y complementario para el personal no docente que necesiten y son esos recursos los que tienen que administrar”, explica un portavoz de la consejería.

El director del colegio, José Ruiz, indica a este diario que en todo momento siguieron las directrices de la delegación de Desarrollo Educativo: “Primero se nos dijo que especificáramos que necesitábamos el recurso. En abril se nos aclaró que lo que teníamos que pedir era una unidad educativa y no un recurso y presentamos las alegaciones en julio solicitándola, pero no nos han respondido”. El nuevo curso ha comenzado sin un intérprete de lengua de signos para la hija de Retamero. El director indica que su centro cuenta con tres unidades de apoyo a la integración por los que la Junta paga al maestro de educación especial y que en el capítulo de otros gastos tiene una cantidad asignada para contratar a personal adicional por algunas horas. “El ILSE es un recurso muy concreto, si destino los fondos a ese profesional para atender a una sola alumna, tengo que prescindir de otro profesor de atención especial que apoya a 15 niños”, sostiene Ruiz, que insiste en que en enero volverá a solicitar una nueva unidad de integración para garantizarse la presencia de ese profesional. Las fuentes consultadas de la consejería señalan que este año el Claret ha solicitado un aula de otro tipo.

“Nosotros seguimos las indicaciones de la delegación”, insiste Retamero. “Esta situación es desesperante. Te dicen que se trabaja por la inclusión, pero la inclusión no existe porque no hay recursos y al final te marean y las madres desisten”, abunda. Ella, abogada de profesión, presentó un escrito a Fiscalía en agosto, pero no ha tenido respuesta: “Me trasladaron que habían mandado aviso a delegación, pero que no han contestado y mientras tanto mi hija sigue sin la atención que le han recomendado”. Retamero no se da por vencida y acaba de impulsar una campaña en change.org para recabar firmas de apoyo.

María José Abad, presidenta de la Asociación Cultural de Integración Sordo-Oyente (Aciso), precisa que hay más niños en la misma situación que la hija de Retamero. “Se están poniendo más recursos, sobre todo en Infantil, pero es cierto que muchos no llegan porque en los centros se desconoce cómo gestionar la petición o los plazos para solicitarlos”, explica, y alude al preceptivo trabajo de los equipos de orientación que deben evaluar al menor y luego elaborar un informe psicopedagógico con las dificultades que presenta y los recursos que necesita. “Las administraciones públicas se rigen por plazos e informes, pero eso o el déficit de este tipo de profesionales no debe repercutir en nuestros niños, porque se supone que hay unas premisas claras que favorecen la inclusión y la diversidad”, abunda.

Abad también considera que el problema de la hija de Retamero quizás se hubiera resuelto con mayor agilidad de haber estado en un centro público. “No funcionan de la misma manera. En los públicos se acude a la bolsa de especialistas, pero en los concertados hay un presupuesto que se le da al centro y que tiene que gestionar. Si hay niños que implican una serie de gastos adicionales por sus discapacidades se puede solicitar un incremento en la partida presupuestaria o pedir una unidad más de integración”, recalca y llama la atención sobre el hecho de que “no todos los niños de diversidad tienen las mismas prioridades”.

“Estamos constantemente con el alumno”

Los ILSE en Andalucía son personal externo a los que la Junta subcontrata. “Son profesionales con un perfil muy específico, para unas necesidades muy específicas de niños muy concretos y es un recurso caro”, precisa Beatriz Raposo, del sindicato Ustea en Sevilla, que llama la atención sobre su situación de precariedad. Ana Perea es una de ellos. “Ahora estamos bajo el convenio colectivo de discapacidad en centros educativos públicos y nos reconocen 30 horas semanales, pero somos fijos discontinuos”, explica.

Perea estudió lengua de signos por interés personal y no tenía intención de ser intérprete, pero con casi 20 años de experiencia en las aulas, siente pasión por lo que hace: “Mientras que el resto de profesores cambia de aula, nosotros estamos constantemente con el alumno, para que pueda entender lo que se explica, pero también para crear relaciones con los compañeros y los profesores y transmitirles a ellos lo que quieren decir”. Antes era normal que tuviera que compartir centros, algo que redunda negativamente en el apoyo a los alumnos, porque hay horas en las que carecen de apoyo. “En el centro en el que estoy somos dos intérpretes para cuatro alumnos”, señala. Normalmente un intérprete por niño no es suficiente porque, aunque tienen asignadas las mismas horas lectivas, los ILSE tienen reservadas seis horas para poder prepararse las materias que imparten los profesores y que ellos tienen luego que traducir.

Las licitaciones en los centros públicos suelen ser de un año prorrogable. Perea señala que en los concertados la situación es distinta: “En el caso de los públicos acuden a nuestra empresa, en el resto son los centros los que tienen que buscarse la vida y es necesario que en el dictamen de escolarización se diga expresamente que se necesita un ILSE y no otro tipo de profesor de apoyo”. Retamero recuerda que desde que nació su hija no ha dejado de “reinventarse y formarse” y es lo que pretende hacer también para conseguir que tenga un intérprete de lengua de signos en su aula. “Tengo fuerzas y no voy a rendirme por algo que debería resolver y de lo que debería hacerse cargo el sistema”, advierte. La federación de Ampas andaluzas junto con los sindicatos de educación y las asociaciones de directores de colegios de primaria e institutos de la comunidad han hecho un llamamiento para que el próximo lunes 4 de diciembre se rodeen los centros educativos para llamar la atención sobre la falta de recursos para los alumnos con necesidades especiales.

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