Un ex alto cargo de la Junta andaluza obtiene 3,3 millones por la expropiación de un terreno que le costó 36.000 euros

El ex alto cargo de la Junta andaluza Luis García Navarro, consejero del Consejo Consultivo y hasta el pasado marzo número tres de la Consejería de Justicia ha logrado un beneficio de 3,3 millones tras forzar la expropiación de un terreno rústico y luego recalificado como urbano por el Ayuntamiento de Peñaflor (Sevilla). El padre de García Navarro compró la finca en 1992 por 36.000 euros y su hijo ha multiplicado ahora el valor de su finca 93 veces tras un pleito que ha durado 24 años y que aún no ha culminado. Todavía está en el aire una reclamación del alto cargo de 647.647 euros por intereses de demora, que si es atendida elevaría sus plusvalías hasta los 4.015.791 euros. Es decir, 111 veces más que el precio original de compra.

El beneficio económico del abogado ha sido el fin de un proceso contencioso-administrativo iniciado en 1999 y que ahora ha ganado y le ha reportado dos ingresos: uno por 860.346 euros pagado el pasado junio por la Junta de Andalucía -para la que trabajó el año pasado- por el retraso en fijar un justiprecio a la expropiación de su finca; y otro por 2,5 millones que ha pagado el Consistorio de Peñaflor a su esposa, Lourdes Fuster, número tres de la Consejería de Presidencia, a la que García Navarro donó el terreno en 2021.

Ninguno de los abogados tiene reflejados estos ingresos en su declaración de bienes del Portal de Transparencia de la Junta. Un portavoz de la Junta asegura que el capital no está reflejado porque fue transferido a una de las sociedades de Fuster, no a su cuenta corriente. García Navarro manifiesta tener 6.556 euros en sus cuentas bancarias y Fuster, secretaria general de Interior del Ejecutivo autonómico, 18.528 euros. Ambos están casados en separación de bienes. “El dinero lo tengo, pero no es mío. ¿Cómo voy a disponer de ese dinero hasta que no liquide?”, alega el jurista. García Navarro aduce que dado que Adif le reclama en un pleito civil 11.000 metros cuadrados de la finca expropiada y atravesada por las vías del tren, con un total de 25.000 metros cuadrados, la indemnización podría verse reducida de manera considerable. García Navarro fue hasta el pasado marzo secretario general de Infraestructuras Judiciales, Modernización Digital y Regeneración de la Junta. Antes, él y Fuster fueron abogados del PP en el caso ERE, en el que representaron la acusación popular.

En 1997 el Ayuntamiento de Peñaflor (3.648 habitantes) decidió expropiar la finca, al borde del río Guadalquivir, al cambiar el planeamiento para levantar un parque urbano. Dado que el Consistorio no ejecutaba su decisión para indemnizarle por el terreno, García Navarro reclamó a la justicia en 2002 que le obligara a mover ficha y el pleito se ha resuelto este año.

La sentencia ha provocado un enorme agujero económico al pequeño Ayuntamiento sevillano superior a su presupuesto anual (2,4 millones) y que este acabará de pagar dentro de 20 años gracias a un crédito bancario. “Se ha paralizado la compra de terrenos para la residencia de ancianos, con 60 plazas y muy demandada, además del yacimiento arqueológico de la ciudad romana Celti y su centro de interpretación. La oficina de turismo no sabemos si seguirá abierta”, lamenta el alcalde, José Ruiz (IU). “Estamos endeudados al máximo. Imagine una sentencia de 1.000 millones para la ciudad de Sevilla, tendría que venir el Estado a rescatarla”, compara. Hasta ahora, la deuda municipal ascendía a 156.000 euros y pasará a dispararse previsiblemente hasta los 3,1 millones. En Peñaflor Izquierda Unida cuenta con 8 concejales y el PSOE con 2.

Sobre el terreno, entre las vías del tren y un deprimido río Guadalquivir que a la altura de Peñaflor el pasado viernes apestaba y se podía atravesar andando, destaca la antigua fábrica de harina, una mole de seis plantas en ruinas. A su lado, el tronco de una palmera descabezada, comida por una plaga, y por la que el Consistorio pagó 2.502 euros. Otras cuatro palmeras, abonadas al mismo precio, desaparecieron hace años. Para el catastro, el valor del terreno son 24.000 euros.

El padre de García Navarro compró la finca en 1992, cuando este era concejal por el PP en la oposición. En 1997 el alcalde socialista Moisés Ruiz recalificó el suelo como urbano y el planeamiento urbanístico municipal ubicó allí un parque al borde del Guadalquivir. Cinco años después, como el Ayuntamiento no movía ficha y no le expropiaba la finca, el abogado solicitó a la justicia la expropiación forzosa de su suelo. Ante el silencio administrativo, García Navarro reclamó 5 millones como compensación por la falta de aprovechamiento de su finca.

En 2015 la Comisión Provincial de Valoraciones de la Junta fijó el justiprecio por expropiación forzosa en 747.723 euros. El letrado recurrió dicha valoración económica ante la jurisdicción contencioso-administrativa y la Sala Cuarta del Tribunal Superior de Justicia andaluz (TSJA) con sede en Sevilla, le dio la razón y en 2019 multiplicó su valoración por tres hasta los 2,5 millones. Mientras, el Supremo no admitió el recurso del Consistorio para que se pronunciara en última instancia.

Tras un incidente de ejecución, en enero de 2022 los magistrados resolvieron que el Consistorio debía pagarle al abogado del PP en el plazo de un mes. Entonces el Ayuntamiento presentó un plan de pagos con 1,8 millones en metálico y el 25% del capital en dación de bienes, pero los jueces rechazaron la propuesta y amenazaron al alcalde con multarle de manera diaria y actuar contra su patrimonio particular, para así asegurarse el pago inmediato por transferencia bancaria.

Más adelante, el pasado septiembre, el Ayuntamiento pagó el 75% de la indemnización y en diciembre el 25% restante, dinero que finalmente cobró Fuster tras la donación de su marido efectuada un año antes. “Es el pleito de mi vida, que ocupa 24 años de los 30 que llevo en ejercicio”, resume García Navarro. El epílogo del caso es la reclamación que ha interpuesto Fuster para cobrar los intereses de demora, que cifra en 647.647 euros. El Ayuntamiento ha rebajado la cuantía en unos 40.000 euros por una discrepancia de fechas y ahora los magistrados están pendientes de decidir al respecto. Dados los precedentes procesales, parece claro que el Consistorio abonará antes o después también esos intereses, por lo que la ganancia de la pareja de abogados rondará los cuatro millones.

Sin embargo, pese a su pronta finalización, hay varios aspectos paralelos al pleito pendientes de aclararse. Para empezar, la cuantía de 3,3 millones pagada a Fuster se puede ver reducida a casi la mitad si prospera el pleito civil que Adif ha interpuesto para el reconocimiento de 11.000 metros cuadrados de la parcela, que consta de 25.000 metros cuadrados. Al respecto decidirá el Juzgado de Primera Instancia 3 de Sevilla, pero el recorrido se antoja largo y se resolverá previsiblemente dentro de varios años.

García Navarro defiende que tras la compra inicial de la finca con 14.683 metros cuadrados, la escritura fue posteriormente corregida y ampliada hasta cubrir el total de 25.000 metros. En la acera de enfrente, el Ayuntamiento ha subrayado todos estos años que en el registro de la propiedad constan solo 14.683 metros a nombre del letrado, lo que reduciría a casi la mitad su indemnización. Los jueces han desechado los argumentos del Consistorio y alegan que esta discusión sobre el tamaño de la finca debe dilucidarse en la jurisdicción civil, no en la contencioso-administrativa.

“La Junta pagó a García Navarro 387.752 euros por terrenos expropiados que no son suyos (...) Es inexplicable que los jueces, sabiendo que hay un dominio público hidráulico, obligaran a indemnizar”, critican fuentes de Izquierda Unida. El abogado sostiene que los registros catastrales avalan que los 25.000 metros cuadrados le pertenecen.

El registro de la propiedad refleja que la finca de García Navarro posee 14.683 metros cuadrados, mientras que el catastro menciona una escritura que rectifica los linderos y amplía la propiedad del letrado hasta las siete hectáreas, incluidos los 25.000 metros cuadrados en los que se basa la sentencia del TSJA y que propicia la ganancia de 3,3 millones. “El catastro es quien goza de presunción de veracidad respecto de la realidad física del inmueble”, argumenta García Navarro. En cualquier caso, la cuestión se resolverá en la jurisdicción civil. Adif ha rechazado opinar al respecto.

La superficie de una finca viene determinada por la capacidad del dueño para demostrar ante terceros dicha extensión, explican fuentes jurídicas. En el ámbito rural, hay muchas propiedades cuya extensión real no figura ni en el registro ni el catastro, añaden dichas fuentes.

El terreno donde en un futuro lejano podría construirse el parque municipal “invade el dominio público hidráulico y las zonas de protección del Guadalquivir”, según estimó hace dos años la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en un informe. Pero este terreno inundable no está definido porque el organismo del Ministerio para la Transición Ecológica no ha efectuado un deslinde de la zona. Incluso si este deslinde se ejecutara mañana, esta declaración oficial no afectaría a la sentencia firme sobre la expropiación del terreno, solo reducirá las posibilidades del Ayuntamiento para que algún día se convierta en un parque público.