El abogado del PP actuó como secretario en una sociedad del ‘caso ERE’

El abogado del Partido Popular andaluz en el caso ERE, Luis García Navarro, actuó en 2002 como secretario no consejero de la empresa Al Ballut Dehesas de Calidad, beneficiada con dos ayudas por 2,6 millones del fondo para empresas en crisis de la Junta. UPyD denunció ayer ante la Fiscalía de Sevilla esta actuación puntual del letrado del PP, que no resultó beneficiado por las subvenciones y solo acudió a la reunión en la que se constituyó esta sociedad de la Sierra Norte de Sevilla. El empresario y exconcejal socialista imputado en el caso José Enrique Rosendo presidió esta empresa para la cría de cerdos, y tras su constitución García Navarro, que levantó fe del acta de creación de la sociedad, renunció a su puesto un año después.

Mientras que la denuncia de UPyD le achaca “una capacidad decisoria” por razón de su cargo, este defiende que se limitó “a asistir a la sesión constitutiva” de la empresa. El secretario no consejero de cualquier sociedad carece habitualmente de margen de maniobra y su función es dejar fe de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración. “Mi actuación fue estrictamente profesional, ajena completamente al desempeño de cargos que ocupaba en aquellas fechas en el Partido Popular de Sevilla”.

Al Ballut recibió una ayuda por 1,4 millones desde la Consejería de Empleo, mientras que la sociedad Msm Montanera de Jabugo, administrada por Al Ballut, recibió 1,2 millones en 2004. “Nunca he recibido ninguna gestión conducente a la obtención de ayudas públicas por parte de Al Ballut ni por supuesto jamás he recibido ni un solo céntimo de dicha sociedad”, añadió el letrado. García Navarro, oriundo de la Sierra Norte sevillana, asegura que tampoco cobró por su desempeño en 2002 como secretario no consejero de esta sociedad.

El abogado al frente del bufete que representa al PP en otros casos mediáticos como Invercaria o Mercasevilla, es secretario adjunto del Consejo de Administración de RTVA y formó parte del comité ejecutivo regional del PP andaluz y de la junta directiva regional, además de concejal y diputado provincial en Sevilla. La acusación que ejerce el PP en el caso ERE ha liderado numerosas iniciativas a través de escritos que han abierto nuevas vías en la compleja investigación, incluidas ayudas concedidas por la Consejería de Empleo en la Sierra Norte de Sevilla.