La fiscalía investiga al alcalde y cinco concejales de Albolote por presuntos delitos de prevaricación y malversación

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Granada ve indicios de sendos delitos de prevaricación y malversación en la actuación del alcalde de Albolote (18.198 habitantes), el popular Salustiano Ureña García, y cinco de los concejales que forman parte de la Junta de Gobierno local, tres del PP y dos de Ciudadanos. El origen de esos posibles delitos está en la adjudicación a dedo, sin ningún proceso administrativo reglado y en alrededor de 48 horas —de la mañana del 7 a la del 9 de junio de este año— del contrato de limpieza de las calles de Albolote. Se trata de un servicio valorado en 340.000 euros que debe cubrir la limpieza del pueblo desde junio pasado hasta el próximo 31 de julio. El procedimiento elegido por el alcalde y su equipo contó con un informe jurídico contrario de tres funcionarios municipales, la secretaria municipal, el interventor y la jefa del servicio de contratación, y contra el que el propio primer edil dictó una resolución para “levantar el reparo” que le ponían. El PSOE local denunció los hechos en Fiscalía, que ha ordenado ahora a la Guardia Civil que investigue lo ocurrido.

El trámite de adjudicación de este contrato especialmente rápido, muy discreto y casi confidencial y, cuenta, además, con alguna peculiaridad horaria. La discreción y confidencialidad —los grupos municipales desconocían que estos trámites estaban en marcha— se pone de manifiesto al ver el orden del día del pleno mensual celebrado el 6 de junio de este año. No se dijo una palabra sobre un tema tan relevante para el pueblo por la materia y por la cantidad de dinero involucrada. A la mañana siguiente, sin embargo, el asunto cogió velocidad hasta completarse el procedimiento en tres mañanas: el 7 de junio el alcalde dictaba una memoria que justificaba la necesidad del contrato, su urgencia y la forma en la que se debía proceder.

El día 8, los funcionarios dictaban su informe contrario explicando que “no consta la tramitación del procedimiento de licitación correspondiente… con vulneración de los principios que rigen la contratación pública”. A continuación recuerdan que “dicha infracción del ordenamiento jurídico pudiera dar lugar a responsabilidades penales, entre otros un presunto delito de prevaricación, así como responsabilidades en materia de ejecución presupuestaria”. Esa misma mañana, Ureña García firma una resolución levantando ese reparo haciendo uso de su potestad de contradecir las pegas de los funcionarios y saltárselas para poder seguir adelante con el procedimiento. Aquí es cuando surge la peculiaridad con las horas.

Según las marcas horarias a las que ha tenido acceso este diario, el documento jurídico contrario de los tres trabajadores municipales se firma a las 12.51 horas. El documento por el que el alcalde levanta ese reparo se firma oficialmente media hora antes, a las 12.23 horas. Ureña García, en definitiva, firmó una resolución contra algo que aún no había ocurrido. Él ha justificado esa discrepancia a EL PAÍS: “Ya nos habían advertido”. Salustiano Ureña ha reconocido a continuación: “Así contado, suena bastante mal, lo tengo que reconocer”.

Con el reparo puesto y levantado en esa curiosa secuencia temporal, poco después, a las 13.15 horas, fue convocada en el despacho de alcaldía una junta de gobierno extraordinaria —antes, a las 13.00 horas, había habido una ordinaria en la que no se trató el asunto— con dos puntos, uno de ellos la aprobación del contrato de limpieza. Primero se votó la necesidad, la urgencia del caso y, a continuación y por unanimidad de los seis asistentes, los ahora investigados por la Fiscalía, se aprobó otorgar el contrato a la empresa Hufoca Multiservicios SLU. El 9 de junio, según la Fiscalía y poco más de tres mañanas y 48 horas después del inicio, el contrato estaba firmado.

Menos de 10 días

La Fiscalía no solo ha puesto su interés en el procedimiento y su velocidad. También se ha fijado en algunas curiosidades de la empresa Hufoca: la mercantil se constituyó el 1 de junio, se inscribió en el Registro Mercantil el 3, se dio de alta en la Agencia Tributaria el 6 y consiguió su primer gran contrato, por valor de 340.000 euros, el día 8, que el 9 ya estaba firmado. De la nada al todo, en menos de 10 días.

Según ha explicado el alcalde a este diario, la necesidad y la urgencia de un nuevo contrato de limpieza está en la reforma laboral aprobada este año, que impide a los ayuntamientos contar, “como hasta ahora, con bolsas rotatorias de trabajo”. Hasta este junio, explica, la limpieza, jardinería y pequeños mantenimientos se hacía con personal de esas bolsas de trabajo. Tras la ley, y antes de verano, iniciaron el trámite para sacar una oferta pública de empleo para estabilizar a los 12 trabajadores que se encargaban de ello antes. El alcalde cree que el proceso no se cerrará hasta final de año. De ahí, la necesidad del método seguido, justifica Ureña, en una conversación llena de apelación a “los técnicos” y a sus criterios.

A la pregunta de por qué otorgar el concurso a una empresa que no existía unos días antes, el alcalde dice que han pedido presupuestos a las empresas que conocían —“Que tenemos en correos electrónicos”, puntualiza el alcalde— y que la elegida ha sido la que “los técnicos han considerado más ventajosa”. Aunque la empresa con esa denominación es nueva, Ureña García insiste: “Al propietario sí lo conocíamos, porque trabajaba con nosotros desde hacía un par de años”. Según él, en una compañía bajo su nombre y apellidos “que ahora se transforma en Hufoca”. Este diario ha buscado, pero no ha podido encontrar ninguna empresa bajo el nombre de Francisco Javier Foche Madrid, propietario y administrador único de Hufoca. El alcalde, que hasta en tres ocasiones durante la conversación con este periódico ha admitido “lo mal que suena” cómo ha transcurrido todo, ha explicado que no conoció personalmente a Foche Madrid hasta los días del contrato.

El secretario general del PSOE en la localidad, Rafael Leiva, ha dicho que es necesario saber “por qué el alcalde no realizó este proceso en tiempo y forma y lo ejecutó” con informes desfavorables que incluso “advertían de posibles responsabilidades penales”.