El Gobierno balear ampara a un orientador educativo denunciado por docentes y familias por insultos y desatención a alumnos

La Consejería de Educación de Baleares ampara desde hace meses al orientador del IES Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears, en Palma, sobre el que pesan, al menos, cinco denuncias internas presentadas por docentes del centro escolar que revelan reiteradas faltas de respeto, insultos y una continua dejación de funciones. La problemática no solo se circunscribe a los docentes, ya que al menos cuatro familias de alumnos han presentado en los últimos meses denuncias ante distintos estamentos del Gobierno de Baleares acusando al orientador de desatención y de un reiterado rechazo a informes clínicos sobre los estudiantes. La Consejería de Educación explica que hay dos informaciones reservadas abiertas para resolver las denuncias de los docentes y las presentadas por el orientador contra sus compañeros.

El funcionario, que trabaja en el IES CTEIB desde septiembre de 2022, fue condenado por la Audiencia Provincial de Palma a una pena de 10 meses de cárcel por un delito de coacciones contra una compañera del IES Madina Mayurqa a la que, según el relato de los hechos expuesto en la sentencia, intimidó y privó del “pacífico disfrute de su derecho a la libertad”. La sentencia de la Audiencia Provincial ratificó el dictamen en primera instancia del juzgado de lo penal número 4 de Palma en el que se calificaba lo vivido por la víctima de “pesadilla” y en el que también se imponía una orden de alejamiento del orientador contra su compañera. Esa sentencia también condenó a la Conselleria de Educación a pagar 20.000 euros por la tardanza en tomar medidas contra el orientador a pesar de que existían “indicios sólidos” de su actuación. Contra esta sentencia cabía recurso.

EL PAÍS ha recogido los testimonios de cuatro familias de alumnos que denuncian un bloqueo constante del orientador, malas formas en el trato directo e incluso el traslado de información falsa hacia el entorno de los estudiantes, entre otros aspectos. Una de las familias explica que el orientador negó de inicio un caso de Trastorno del Espectro Autista en un alumno, al que trató de forma desconsiderada. La familia solo logró revertir la situación tras la intervención de la dirección del centro escolar y de la inspección educativa. La familia de otro alumno sostiene que el orientador se negó a hacer la adaptación de un estudiante con TDHA, poniendo en duda la veracidad de los informes clínicos que los ratificaban, lo que perjudicó al alumno y a ellos les provocó una sensación de “ninguneo”.

Una situación muy parecida relata otra de las familias, que manifiesta que el orientador se negó a comenzar un protocolo por Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad, les trasladó información falsa y terminó perjudicando el desarrollo académico del alumno. Otra de las familias consultadas explica que, además de los malos modos en el trato directo, el funcionario elaboró un documento “repleto de falsedades” y rechazó los informes clínicos externos que los familiares habían solicitado para acreditar la condición del estudiante. Todas estas familias, que prefieren permanecer en el anonimato, presentaron quejas formales ante la Inspección Educativa y otros estamentos ante las que, aseguran, no han recibido respuesta.

Denuncias de docentes

Algo similar ha ocurrido con las denuncias de hasta cinco docentes del centro, que no han recibido respuesta por parte de la Consejería de Educación. Según ha ratificado EL PAÍS, meses después de empezar a trabajar en el centro el orientador recibió varias llamadas de atención por parte de la dirección después de que una de las docentes transmitiera su incomodidad tras recibir proposiciones como las que le llevaron a ser denunciado en el IES Madina Mayurqa. En noviembre de 2023 la inspección educativa realizó un requerimiento en el que le exigieron a tratar con corrección a los miembros del centro, tener una conducta adecuada y cumplir las instrucciones del equipo directivo.

Sin embargo, fuentes del centro denuncian que esta fue la única llamada de atención y no sirvió para que el orientador dejara de hostigar a sus compañeros de trabajo, que hablan de episodios de faltas de respeto, insultos reiterados, rechazo a los encargos de sus superiores y una continua dejación de funciones con los alumnos. Las denuncias fueron presentadas por cinco personas distintas entre 2023 y 2025 y cuentan con numeroso respaldo documental. Fuentes del centro escolar aseguran que los denunciantes que han dado el paso no han recibido respuesta alguna a sus solicitudes por parte de la consejería de la que, aseguran, es conocedora de todo lo que ha ocurrido tras las denuncias y comunicaciones.

La Asociación de Padres y Madres (AMIPA) del centro escolar se sumó al malestar de las familias y el pasado mes de julio envió una carta, dirigida a siete estamentos del Gobierno de Baleares, en la que reclamaron a la consejería que tomase medidas contra el orientador. En su misiva, a la que ha tenido acceso este periódico, denunciaron que el funcionario exhibía una actitud “confrontativa, despectiva y de faltas de respeto hacia las familias, el alumnado y otros profesionales del centro”. Entre ellas, destacaron la comunicación de información falsa a las familias, una falta a la verdad sobre el resultado de pruebas diagnósticas, el rechazo arbitrario de informes externos, la falta de colaboración con la psicóloga educativa del centro y reuniones a puerta cerrada con alumnos menores sin la presencia de las familias generando situaciones de presión y coacción.

El presidente de la AMIPA del centro, Iván Pou, afirma que desde la misiva enviada en julio no se les ha pedido desde ningún organismo la identificación de las familias afectadas. “Pese a haber sido advertidas de la existencia de situaciones que, según las familias, estaban generando importantes perjuicios, ni la consejería ni la inspección educativa han promovido contacto alguno con los padres afectados ni han prestado interés en recabar directamente su testimonio”, sostiene. Por eso, han reclamado al Gobierno de Baleares actuar “con la máxima celeridad” para garantizar la protección de los alumnos “ante un patrón de conducta reiterado”. La asociación ha solicitado la suspensión del orientador y la apertura de una investigación disciplinaria “con garantías”.