Una victoria de la comunidad migrante

Cuando se escriba la historia de la regularización extraordinaria que podría ser aprobada muy pronto, una cuestión debe figurar en primer término: esta es una victoria de la comunidad migrante organizada. Fue el movimiento Regularización Ya el que, en plena pandemia, exigió un reconocimiento de la dignidad, los derechos y la contribución colectiva de los trabajadores y las trabajadoras sin papeles. Fue su organización la que aseguró la recogida de más de 700.000 firmas de españoles en las condiciones más adversas. Fueron su coraje y decencia los que inspiraron a la histórica coalición de cerca de un millar de organizaciones de todo el espectro social e ideológico que respaldó el esfuerzo para llevar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) al Congreso.

Por estos motivos, la ILP ya era un éxito incluso antes de ser considerada.

Pero su aprobación no es un mero trámite. Todas las razones que eran válidas cuando este proceso se puso en marcha hace ya cinco años mantienen hoy su vigencia: las magnitudes de la irregularidad siguen siendo insoportables (840.000 mujeres, hombres y niños, según la estimación más reciente); la irregularidad es un determinante devastador del castigo social, legal y laboral de quien la padece; el Estado pierde fortunas cada año como consecuencia de las contribuciones fiscales y sociales no realizadas; y nuestra economía renuncia al talento y las capacidades que necesita hoy de forma desesperada.

Se trata de una cuestión de orden y sentido común, tanto como de justicia. La regularización es el primer paso inevitable de una política migratoria segura, predecible y sujeta a derechos y obligaciones. Esta es una aspiración de la inmensa mayoría de nuestra sociedad y de los partidos que la representan. De hecho, durante buena parte de su tramitación parlamentaria, la ILP contó con el apoyo de un centro-derecha que luego se distrajo con el inane juego de reproches al que se ha reducido la política española. Sería estupendo que lo recordaran hoy, antes de lanzarse en tromba contra el Gobierno y los partidos que le apoyan.

El camino no ha terminado. Los primeros análisis del borrador del Real Decreto sugieren que un número innecesario de personas sin papeles podrían quedar fuera de la medida como consecuencia de las condiciones impuestas. Esto es algo que debe ser corregido en la tramitación de la norma. Tanto como la naturaleza de una política migratoria miedosa y de puerta estrecha que alimenta la irregularidad en contra de los derechos de una parte y de los intereses de la mayoría.

Lo que es igualmente importante, esta decisión va a despertar un rechazo visceral por parte de un sector minoritario, pero ruidoso de la sociedad que hoy se siente autorizado para odiar en público. Las consecuencias de este odio están siendo retransmitidas en directo desde lugares como Minneapolis (Estados Unidos). Por eso conviene saborear esta victoria histórica y colectiva: la de una sociedad decente que ha sabido ver en sus vecinas, en sus colegas de trabajo y en los compañeros de clase de sus hijos a seres humanos como nosotros. No más, pero tampoco menos. La victoria de un país que nada a contracorriente en medio de esta distopía obscena en la que nos despertamos cada mañana. Ojalá el ejemplo de la sociedad española ―la que está formada por quienes ya estábamos y quienes han llegado de fuera― ilumine a un mundo cada vez más oscuro.