El novio de Ayuso recurre la decisión de Peramato de no expulsar a García Ortiz de la carrera fiscal

Alberto González Amador ―novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso― ha pedido a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que corrija su decisión de no expulsar a su antecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, de la carrera fiscal después de la condena a dos años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos contra el empresario.

González Amador ha recurrido el decreto dictado por Peramato el pasado 23 de diciembre, donde resolvía mantener a García Ortiz en la carrera fiscal. Según fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS, la jefa del ministerio público se basó, por un lado, en que el propio Supremo limitó la pena de dos años de inhabilitación al cargo de fiscal general del Estado, indicando expresamente en el fallo que sería “excesivo” proyectarla a otros cargos. El fundamento jurídico se encuentra en los artículos 32 y 35 del Reglamento del Ministerio Fiscal, que prevén expresamente que la pena de inhabilitación especial para cargo público provoque la pérdida de la condición de fiscal una vez que la sentencia sea firme, pero con el alcance que la misma establezca.

Por otro lado, la nueva fiscal general aludió al artículo 44.2 del citado Reglamento, por virtud del cual están incapacitados para ejercer como fiscal los que hayan sido condenados por delito doloso ―como lo es la revelación de secretos―, contemplando que cuando la condena sea inferior a seis meses se pueda sustituir la expulsión de la carrera fiscal con una suspensión de hasta tres años. El decreto razonó que la exposición de motivos de la reforma que se hizo en 2007 del Reglamento explicaba que esta salvedad buscaba amortiguar la sanción de expulsión para los casos menos graves, por analogía con la normativa aplicable a los jueces, que determina su salida de la carrera solo cuando se trate de penas de cárcel. En ese sentido, el decreto subrayó que tanto la Inspección Fiscal como el Supremo, en una sentencia de 2017, concluyeron que el artículo 44.2 debía interpretarse de modo que solo se expulsara de la carrera fiscal a quienes fueran condenados por delito doloso a más de seis meses de prisión.

Sin embargo, el abogado de González Amador sostiene en su recurso que Peramato debe ceñirse a la literalidad del citado precepto, “sin referencia alguna a la necesidad de condena a penas privativas de libertad”. También aduce que, en los requisitos para ser fiscal, se exige no haber sido condenado por un delito doloso. Y que, para quedar rehabilitado como fiscal, se requiere que los antecedentes penales hayan sido cancelados, enfatizando que en el caso de García Ortiz estarán vigentes hasta el 22 de enero de 2029.

Por todo ello, el novio de Díaz Ayuso insta a Peramato a anular el decreto por el que mantuvo a García Ortiz como fiscal; a darle acceso íntegro al expediente administrativo que concluyó con tal decisión; y a retrotraer las actuaciones de modo que González Amador pueda intervenir como “interesado” en este procedimiento por ser la víctima del delito. De forma subsidiaria, plantea que se anule el decreto declarando directamente “la incapacidad” de García Ortiz “para el ejercicio de funciones fiscales”.

El empresario insta a la Inspección Fiscal a investigar

El empresario aprovecha también para instar a la Inspección Fiscal a investigar el hecho de que García Ortiz y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ―que también estuvo imputada pero fue exonerada antes de llegar a juicio― intervinieran desde sus respectivos cargos en los procedimientos vinculados a González Amador tanto antes como después de la revelación de secretos. El abogado del novio de Díaz Ayuso alega que esa actuación afecta al derecho de defensa de su cliente en el caso que se sigue en su contra por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. No obstante, cabe recordar que tanto García Ortiz como Rodríguez se abstuvieron de ejercer como jefes en la causa sobre revelación de secretos.

El decreto ahora impugnado por González Amador permitió que García Ortiz regresara a su trabajo de fiscal tras ser cesado como jefe del ministerio público en ejecución de la condena del Supremo. Según fuentes fiscales consultadas por EL PAÍS, pidió su reingreso a la Sección de lo Social del Tribunal Supremo, sede judicial a la que queda adscrito por su condición de fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera fiscal.

Entretanto, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que perteneció García Ortiz, informó la semana pasada de que había logrado reunir mediante donaciones la multa de 7.200 euros y la indemnización de 10.000 euros que el Supremo impuso al exfiscal general del Estado como parte de la condena. Fuentes de la asociación fiscal precisaron a EL PAÍS que el dinero ya ha sido depositado en una cuenta del Banco Santander a nombre del alto tribunal.