El Gobierno y el PNV cierran cinco transferencias para consolidar la mayoría

El Gobierno central y el vasco, conformado por una coalición del PNV y el PSE, han cerrado un acuerdo este jueves sobre cinco transferencias pendientes que reconduce la relación entre La Moncloa y los nacionalistas vascos y busca así consolidar la mayoría de la investidura después del pacto para la financiación autonómica con ERC. Después de las sucesivas crisis del PSOE en noviembre y diciembre, con escándalos de corrupción y de abusos sexuales, Pedro Sánchez había dado instrucciones a sus negociadores y se implicó también en persona para cerrar acuerdos con sus principales socios y hacer más gestos con Junts para intentar recuperar la relación.

Después de muchos tiras y aflojas con el PNV, y la suspensión en diciembre de una reunión de la comisión bilateral ante la falta de acuerdo, este viernes se volverá a citar ese órgano para cerrar el traspaso de estas cinco competencias que habían pactado en julio pasado en La Moncloa el presidente y el lehendakari, Imanol Pradales, pero se retrasaron por discrepancias con los distintos ministerios afectados.

Se trata de la transferencia de la gestión del subsidio de desempleo, de las prestaciones no contributivas, del seguro escolar, del salvamento marítimo y del centro de verificación de maquinaria de Barakaldo (Bizkaia). Con estos cinco traspasos se completa lo que estaba acordado con el lehendakari y se había bloqueado en diciembre, pero aún quedan otra decena de competencias por cerrar en los próximos meses para llegar a los que los nacionalistas llaman “el cierre del Estatuto vasco”, esto es: completar todas las pendientes. Entre las pendientes están puertos, aeropuertos y más cuestiones relevantes de la Seguridad Social.

Las negociaciones eran intensas en las últimas semanas, aunque se habían bloqueado, lo que llevó al líder del PNV, Aitor Esteban, a lanzar una amenaza este lunes. A partir de ahí, entre el martes y el miércoles, la negociación se desencalló y se ha cerrado este jueves, según fuentes tanto del Gobierno vasco como del Ejecutivo, que se reunirán este viernes.

El acuerdo, adelantado por El Confidencial, supone un nuevo paso del Gobierno en la línea de consolidar las relaciones con los socios clave de la legislatura y tratar de contrarrestar así en el arranque de 2026 la imagen de precariedad política con la que cerró el año 2025 el Ejecutivo, lo que disparó los rumores de posible adelanto electoral.

Sánchez y su equipo han trabajado de forma discreta durante diciembre —él mismo se reunió dos veces en secreto con Oriol Junqueras, líder de ERC, para negociar el modelo de financiación, antes de encontrarse públicamente en La Moncloa— para poder arrancar el año con una sensación completamente diferente, aunque siempre queda la incógnita de Junts, que ha suspendido sus reuniones periódicas con el PSOE y no quiere negociar abiertamente ninguna reapertura de las relaciones. Sánchez ha hecho varios gestos con los independentistas y prepara otros, como la publicación de las balanzas fiscales, pero nada garantiza que se pueda resolver el problema con el partido de Carles Puigdemont incluso aunque el Tribunal Constitucional y la justicia europea fallaran a su favor y le permitieran así volver a Cataluña. Esa herida sigue abierta aunque el Gobierno confía en que podrá solventar las próximas votaciones en el Congreso porque Junts no tumbará decretos fundamentales como el de la subida de las pensiones.

Respeto a la ‘caja única’

La transferencia de competencias incluidas en la Ley General de Seguridad Social ha sido históricamente objeto de controversia. El motivo de la polémica es la fina línea que separa dichos traspasos de una posible ruptura de la caja única de la Seguridad Social, que garantiza la unidad e igualdad de la protección social en todo el territorio.

En el caso de los traspasos que se sellarán este viernes —es la primera vez que se traspasa a una comunidad la gestión de prestaciones del Servicio Público de Empleo— el Gobierno central ha venido enfatizando que no se produce en ningún caso una ruptura de la caja única. En particular, con las transferencias de la gestión de las prestaciones y subsidios por desempleo; de las prestaciones no contributivas por hijo a cargo, nacimiento o por adopción (sin incluir las contributivas por estos conceptos); y el seguro escolar, todas ellas encuadradas dentro del sistema de protección de la Seguridad Social.

Dicha unidad quedaría garantizada porque lo que se trasfiere es exclusivamente la gestión administrativa material (tramitación de expedientes o propuestas de resolución, entre otras cuestiones de procedimiento) pero se mantienen en el ámbito estatal, la recaudación y los fondos para el abono de estas cuantías, así como los posibles futuros cambios de legislación al respecto.

Otra cosa es el traspaso del “régimen económico” de la Seguridad Social, que también se incluyó en el acuerdo entre el Ejecutivo y el PNV para apoyar la última investidura de Sánchez, como parte de la el “traspaso efectivo” al País Vasco de todas las transferencias incluidas el Estatuto de Gernika que están aún pendientes. Esta transferencia, mucho más delicada constitucionalmente, sigue siendo negociada por los dos Gobiernos, según las fuentes consultadas.

Dicho todo esto, hay expertos en materia de Seguridad Social que apuntan a que transferir el acto administrativo de reconocer la prestación al solicitante, sobre todo en el caso de las prestaciones contributivas por desempleo, sí supondría incurrir en cierta ruptura de la caja única del sistema, porque se trata de una potestad administrativa que la ley atribuye al SEPE, como parte de la Seguridad Social.