La reforma de la financiación echa a andar con el único apoyo de Cataluña y la presión de Montero al PP por el dinero adicional

Llegó el momento. Tras más de una década con el sistema de financiación autonómico caducado y después de años en el que las comunidades del PSOE y del PP exigían la actualización del modelo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, puso su propuesta sobre la mesa. Fue en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles y después de alcanzar un acuerdo con Esquerra que supondría 21.000 millones de euros adicionales para todas las regiones en caso de que se aprobase en el Congreso, escenario a priori complejo con los equilibrios parlamentarios actuales. Antes de la cita crucial del CPFF, solo Cataluña estaba conforme con la iniciativa impulsada por el Ministerio socialista y ese rechazo generalizado salvo por la Generalitat catalana se mantuvo también tras la cita con Montero, donde la vicepresidenta primera recordó a los ejecutivos territoriales que, en caso de llegar a aprobarse, podrán decidir de forma voluntaria si se acogen o no al nuevo esquema.

Desde que se anunció la reforma, que fue adelantada por el líder de ERC, Oriol Junqueras, el 8 de enero tras su reunión en La Moncloa con Pedro Sánchez, las críticas por parte de la oposición y de los barones regionales se han sucedido en cascada, aunque había una presión creciente para renovar el marco de la financiación, pendiente desde 2014. Tras la reunión, las comunidades del PP volvieron a criticar que la reforma no es el resultado de un proceso multilateral, sino de un “un acuerdo político” que beneficia a Cataluña.

La consejera de Hacienda catalana, Alicia Romero, ha hablado al contrario de “una ventana de oportunidad”, subrayando que el nuevo modelo es “más justo e igualitario”. “Espero que las comunidades críticas puedan hacer sus aportaciones (...). No queremos que Cataluña pierda 4.700 millones”, ha declarado tras el encuentro. En cambio, su homólogo de Castilla-La Mancha, el socialista Juan Alfonso Ruiz Molina, ha sido particularmente duro en su evaluación, tachando la propuesta y su carácter voluntario de “chantaje” de Cataluña al Gobierno central que ahora Hacienda quiere trasladar a las comunidades.

La posibilidad de mantener el esquema vigente no supone una novedad, pues está contemplada en la disposición transitoria tercera de la actual Ley de Financiación, que se remonta a 2009. Montero ha anunciado que, después de este CPFF, el órgano donde se reúnen el Ministerio de Hacienda y los consejeros del ramo para debatir temas de finanzas autonómicas —y donde hoy no se ha votado la propuesta, puesto que es un encuentro informativo—, arrancarán las conversaciones bilaterales con cada uno de los territorios. La intención del Gobierno es que esté lista este año para que entre en funcionamiento en 2027, aunque es consciente de que será complicado reunir los apoyos necesarios en el Parlamento para que reciba luz verde.

Montero ha dedicado cada una de sus respuestas en la rueda de prensa posterior al CPFF a defender el nuevo modelo y a desmontar las acusaciones que lo tachan de insolidario y de traje a medida para Cataluña. La ministra ha asegurado que la reforma “supone un hito”, porque hacía 17 años que no se presentaba una propuesta tan detallada y cerrada para renovar el modelo. Montero ha aprovechado también para criticar que el PP no se puso manos a la obra ni siquiera teniendo mayoría absoluta y pese a estar el marco pendiente de renovación desde 2014. Asimismo, ha negado tajantemente que el sistema fuese “ideado para contentar a Cataluña”, y ha recordado que los independentistas reclamaban un cupo similar al que disfruta el País Vasco. “Estamos hablando de una reforma del modelo común. Así que todos los titulares, insinuaciones, afirmaciones sobre mi persona y sobre el presidente, sobre que estábamos pactando un cupo separatista, son mentira”, ha argumentado.

La reforma que propone el Gobierno supone una evolución del sistema vigente con un aumento de los recursos a disposición de las comunidades en hasta 21.000 millones de euros en el primer año de funcionamiento del nuevo marco. El grueso de esta cifra, 16.000 millones, se conseguiría elevando el porcentaje de cesión a las autonomías del IRPF y del IVA del 50% actual al 55% y al 56,5%, respectivamente, y el resto sería el resultado de aumentar la aportación que hace el Estado a la caja común del sistema. Eso significa que, de no acogerse voluntariamente al nuevo modelo de financiación, las comunidades renunciarían los recursos extra prometidos.

“El sistema garantiza la suficiencia. Es el primer hecho político diferencial”, ha zanjado Montero, detallando que más de 15.000 millones, equivalentes al 70% de los recursos adicionales que se inyectarán, irán a comunidades del PP (que gobiernan 11 de 15 territorios de régimen común). “Entonces me pregunto dónde está el perjuicio. Es la máxima de que siempre se beneficia Cataluña y se perjudica al resto. Pero esta afirmación es falsa”, ha insistido, recordando que Pedro Sánchez, nada más arrancar la legislatura, ofreció al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sentarse a debatir la reforma de la financiación autonómica: “Dijeron que no. No se quisieron sentar a hablar”.

De acuerdo con los datos de Hacienda, todas las comunidades engordarían el volumen de los recursos a su disposición, con la excepción de Cantabria y Extremadura, que sin embargo serían compensadas (garantizando el llamado statu quo) para que no pierdan ingresos con respecto al marco actual. Cataluña sería la segunda comunidad que más vería incrementar sus ingresos en términos absolutos, con unos 4.700 millones adicionales, solo por detrás de Andalucía —donde Montero se presentará por el PSOE a las elecciones autonómicas—, y saldría beneficiada por los nuevos ajustes al reparto inicial que Hacienda plantea introducir: un fondo climático que se destinaría principalmente a los territorios mediterráneos y la posibilidad de aumentar el porcentaje de cesión de IVA.

Estos ajustes han sido criticados por arbitrarios por el centro de estudios Fedea, en un análisis publicado este mismo miércoles y firmado por su director y experto en financiación autonómica, Ángel de la Fuente. El economista considera, sin embargo, que la propuesta de reforma es positiva, porque simplifica el modelo y se traduce, “de entrada, en un reparto más equitativo de sus recursos”. Pero critica que se han incluido “dos nuevos elementos de más que dudosa justificación”, el Fondo Climático y el Mecanismo IVA Pymes, que “reintroducen la arbitrariedad que con buen criterio se buscaba eliminar”.

Ordinalidad

Montero también ha replicado a quienes afirman que el modelo es insolidario. “Los territorios con más capacidad tributaria aportan más recursos al sistema y las comunidades con menos son receptoras netas. Quien diga que el sistema es insolidario directamente miente. La solidaridad aumenta”, ha zanjado, recordando que los mecanismos de nivelación que prevé el nuevo modelo reducirán la brecha en la financiación per cápita a la mitad, de los 1.500 euros actuales a 700. Sin embargo, no ha aclarado cuánto dinero por habitante ajustado recibirá cada comunidad con la reforma.

Otro punto caliente era la ordinalidad, criticada por la mayoría de las comunidades porque beneficia a los territorios más ricos. Este principio implica que una autonomía ocupe la misma posición en el ranking de las comunidades que más aportan y que más reciben, una simetría que se garantizará para Cataluña en el futuro marco, como había exigido ERC, pero que no se blinda en la reforma. “La ordinalidad que contiene el modelo de financiación autonómica que presentamos es la misma que contiene el que abandonamos”, ha zanjado la ministra. “Ahora es más transparente, se ve mejor el flujo monetario. Por tanto, es falso que este sistema tenga ordinalidad. No tiene. Se cumple para algunas comunidades, y es el caso de Cataluña. No tengo los datos y no es intención del Gobierno de España ver qué sitio ocupa cada uno, sino reducir la brecha por habitante”.

Tras las reuniones bilaterales con cada comunidad, el Gobierno empezará a escribir la ley. “No hay razón objetiva para que ninguna comunidad pueda oponerse. Lo que he visto hoy ha sido la repetición de un argumentario político”, ha insistido Montero. Una vez esté listo el articulado de la norma, que tiene que tramitarse como ley orgánica, arrancarán las reuniones con los grupos políticos. “Le pido al PP que me diga con qué parte del modelo no está de acuerdo. Lo que no vamos a hacer es volver a meterlo [la reforma] en el cajón”, ha zanjado.