El Constitucional, en vela de armas

El Constitucional encara 2026 con la seguridad de que no se va a renovar hasta que se celebren las próximas elecciones generales. El tribunal mantendrá, por tanto, su actual mayoría progresista, pese a que su mandato concluiría el próximo mes de marzo, al cumplirse los tres años desde su última renovación. El recurso pendiente con mayor carga política es el que afecta al líder de Junts, Carles Puigdemont, contra la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación. El órgano de garantías estimó que esta petición de amparo podría resolverse durante el primer trimestre de 2026, y en principio no hay cambio de planes a este respecto.

Está pendiente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las dudas que le plantearon el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre la ley de amnistía y su posible incompatibilidad con principios esenciales del derecho europeo. No obstante, en un primer dictamen –no vinculante- el Abogado General del TJUE rechazó esta tesis y que el procés hubiera lesionado los intereses financieros de la Unión Europea. El Constitucional estará atento al resultado de este procedimiento, pero sin que condicione su calendario indefinidamente. La mayoría progresista del órgano de garantías sigue destacando la relevancia del informe del Abogado General, por cuanto expuso que la ley de amnistía responde a la búsqueda de “un contexto real de reconciliación política y social y no constituye una autoamnistía”.

Nada de ello impedirá, no obstante, que la resolución del recurso de Puigdemont –junto a los presentados por otros líderes del procés- vuelva a suponer un fuerte debate en el Constitucional. De momento impera en el tribunal una etapa de vela de armas, en la que se ha rechazado suspender la orden de detención del líder de Junts, que sigue vigente si regresara a España. También se resolvió sin discrepancias no levantar la inhabilitación de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, como condenados por el uso de fondos públicos para financiar el procés. El tribunal optó por no anticipar debates y decidir sobre esta cuestión cuando resuelva si el Supremo vulneró sus derechos de participación política al negarles la aplicación de la amnistía al delito de malversación.

El PP no ha tirado la toalla en su oposición a la ley de amnistía y ha recurrido esta norma ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Pero en paralelo ha renunciado a promover la renovación del Constitucional. La elección de cuatro magistrados corresponde esta vez al Senado e implicaría el relevo del presidente, Cándido Conde-Pumpido. El criterio habitual llevaría a que dos fueran elegidos a propuesta del PP y otros dos por iniciativa del PSOE, lo que mantendría la mayoría progresista. La dirección popular prefiere diferir los relevos, con la esperanza de aumentar su actual mayoría absoluta en la Cámara. Si el PP alcanzara los tres quintos en el Senado, podría teóricamente copar las cuatro plazas para obtener un nuevo Constitucional con mayoría conservadora. Ese es el motivo del freno a la renovación.