Las redes de Antxon Alonso: ¿quién es el empresario detenido junto a Leire Díez y el expresidente de la SEPI?

Joseba Antxon Alonso Egurrola acudió a declarar al Tribunal Supremo el pasado 7 julio después de que su nombre se vinculara por primera vez con un gran caso de corrupción: el supuesto pago de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública que implica a Santos Cerdán y José Luis Ábalos, ex secretarios de Organización del PSOE. Entonces, sentado ante el magistrado Leopoldo Puente, Alonso se presentó como un empresario que había comenzado a trabajar “muy joven” en el sector de las nuevas tecnologías; que había dado el salto a la construcción en el 2000; y que, según insistió, “nunca” había tenido una denuncia. Ahora las acumula. La Guardia Civil lo ha detenido este miércoles por su presunta implicación en una nueva trama de irregularidades vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez y a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

El arresto de Joseba Alonso se produjo por la noche en Bizkaia, donde tiene su domicilio. El empresario vasco vive en Elorrio, un municipio de poco más de 7.000 habitantes, a una media hora en coche de Bilbao. Precisamente, en su casa entró la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado el 10 de junio, cuando Puente autorizó el registro que lo puso bajo el foco esa primera vez. Los investigadores lo señalaron como el administrador de Servinabar 2000, una compañía constituida en 2015 en Navarra y que, según sus pesquisas, Cerdán manejaba en las sombras. Los agentes mantienen que el político socialista y su “amigo Antxon” usaban esta mercantil para participar en proyectos de obra —por ejemplo, en concurso con Acciona— y percibir comisiones irregulares.

De hecho, pese a que Alonso insistió ante el juez en que Servinabar es una sociedad “unipersonal” y que él es el único socio y administrador, la UCO encontró en su domicilio un contrato privado donde el empresario cedía el 45% de las participaciones al dirigente del PSOE. Ambos alegaron que era un “borrador” que nunca llegaron a formalizar y que se había redactado cuando Cerdán se planteaba dejar la política en 2015 tras un mal resultado electoral: “Me hace el ofrecimiento de trabajar como su socio en una empresa de servicios que se encargaría de la seguridad, vending y seguramente del transporte al puerto de la potasa extraída del proyecto de la mina de Geoalcali”, aseguró el ex secretario de Organización en el Supremo. Sin embargo, el juez no le creyó.

Fue en esa cita en el alto tribunal, antes del ingreso en prisión provisional de Cerdán, donde el exdiputado ofreció más detalles sobre Alonso. Explicó que lo conoció en 2012 o 2013, cuando coincidieron en Pamplona. “Es simpatizante del PNV y comenzamos a tener una relación que, con el paso del tiempo, se convierte en una fuerte amistad. Hablamos mucho de política porque él es un enamorado de la política”, lo describió. Aunque los investigadores sospechan que, detrás, también había un interés económico.

“Existen indicios bastantes de que Joseba Antxon Alonso podría haberse beneficiado, a cambio de un precio —y en ‘colaboración, al menos’, con Cerdán, Ábalos y Koldo García, exasesor del ministro—, de la adjudicación de obras en beneficio de los intereses que promovía”, resumió el juez Puente hace medio año, cuando le retiró el pasaporte y le prohibió salir del país. En esas pesquisas, ha aflorado después un flujo de dinero desde Servinabar y otras sociedades del empresario (como la cooperativa Noran, constituida por él y Koldo García) hacia Cerdán y su entorno: 84.930 euros dedicados a supuestas contrataciones de familiares (la esposa, cuñado o hermana del político); 62.840 euros destinados al alquiler de dos pisos y a muebles; y 33.574 euros gastados con una tarjeta de crédito.

Esos movimientos quedarían resumidos en varios mensajes interceptados por los investigadores a la esposa de Alonso: “Gastar y gastar. Y restaurantes, fin de semana sí y otro también. Ya les vale. Todos de lo bueno, lo mejor. [...] La Paqui. Que la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés”, se quejaba a su marido. Ese sumario también refleja una presunta transferencia de 4.500 euros desde Servinabar a la fundación Fiadelso, vinculada a José Luis Ábalos.

Las pesquisas de la UCO sobre el caso Koldo-Ábalos-Cerdán perfilan a Alonso como un empresario que aprendió a moverse muy bien en diversas aguas. Supo tejer contactos con directivos de Acciona, como Fernando Merino, quien fuera director del Departamento de Navarra y La Rioja de ese gigante del Ibex; y Justo Vicente Pelegrini, exresponsable del área de Construcción en España —la Guardia Civil halló en el móvil de Alonso las fotografías de los encuentros furtivos entre Cerdán y Pelegrini—. Y no cesaba en sus intentos de extender su red: el instituto armado, por ejemplo, subraya que envió un correo electrónico en 2016 a Uxue Barcos, entonces presidenta de Navarra, para “solicitarse su presencia durante una reunión que mantendrían él y Merino con los inversores de Highfield Resources (empresa matriz de Geolcali)”.

En el Registro Mercantil constan vínculos del empresario vasco con una docena de compañías, que abarcan desde el sector inmobiliario y de la construcción (como Marbella Real State; Residencial Las Merindades, de la que ha dejado de ser apoderado este pasado 24 de noviembre; y Alegure, que se presentó junto a Acciona a la licitación de las obras de un colegio público del municipio navarro Arbizu) a las renovables (ha sido administrador único de Next Generation Caliope Innova desde 2022 hasta el 19 de noviembre de 2025) y la minería (figura al frente de Grupo Mining Team).

Koldo García y Santos Cerdán se referían a Alonso como “guipuchi”, “guipu” o “gui”. Según la UCO, debido a que es originario de Gipuzkoa. “El hp de Santos con gui [sic] en Madrid, de fiesta en fiesta gastándose la pasta [...] Qué asco me dan”, escribió el exasesor de Ábalos a su mujer en 2018. Para desvincularse de todos los mensajes que lo ponían bajo sospecha, el empresario aseguró que no se reconoce en ese mote porque “lleva 30 años viviendo en Bizkaia...”.

La Audiencia Nacional mantiene bajo secreto la causa que ha provocado la detención este miércoles del empresario vasco y aún se desconocen los detalles que han propiciado su arresto junto a Leire Díez y Vicente Fernández. El expresidente de la SEPI trabajó entre 2021 y 2023 como asesor externo de Servinabar, que le transfirió decenas de miles de euros, según las cuentas registradas en la Hacienda Foral navarra. Según fuentes jurídicas, los tres permanecen en los calabozos de la Guardia Civil y pasarán el sábado a disposición del magistrado Antonio Piña, que dirige estas nuevas pesquisas. Él deberá decidir si los deja en libertad o los envía a prisión provisional.

Cuando se sentó ante el juez Puente en julio, Alonso reiteró que todo “esto” le había causado un enorme “daño reputacional”. “Vivo en un pequeño pueblo… El tema mediático es muy complicado”, le comentó al magistrado mientras defendía su inocencia. Para entonces, la UCO ya había encontrado dos mochilas (una negra y otra verde) en un canapé y un armario de su dormitorio, que ocultaban cinco paquetes de billetes de 200, 50, 20 y 10 euros. En total, sumaban 16.180 euros.