PSOE y Sumar censuran la participación de tres de los magistrados que condenaron a García Ortiz en un curso pagado por una acusación

Entre que el juicio al fiscal general quedó visto para sentencia y el Tribunal Supremo anunció su decisión de condenarle por un delito de revelación de secretos pasaron seis días y medio. PSOE y Sumar han censurado este miércoles que tres de los magistrados que condenaron a Álvaro García Ortiz participasen entremedias en unas jornadas remuneradas a cargo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), una de las acusaciones en la causa contra el fiscal general de Estado y que pedía cuatro años de cárcel para él. Tanto el portavoz parlamentario de los socialistas en el Congreso, Patxi López, como la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el responsable de Justicia en la Cámara baja de Sumar, Enrique Santiago, han criticado la presencia en ese curso del presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, y de los magistrados Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, según reveló este martes elDiario.es. En un audio publicado por TVE y al que ha tenido acceso este periódico, se escucha a Martínez Arrieta despedir así su ponencia: “Y con esto, señores, concluyo, que tengo que poner la sentencia del fiscal general”.

Lo dijo el 18 de noviembre, dos días antes de que se hiciese público que era él quien iba a redactar la sentencia condenatoria contra García Ortiz porque la ponente inicial, Susana Polo, propuso la absolución y que, junto a Ana Ferrer ha anunciado un voto particular contra la decisión mayoritaria. Polo y Ferrer son las dos únicas claramente adscritas al sector progresista de los siete jueces que juzgaron a García Ortiz.

“Se necesita una explicación y espero que estos tres magistrados nos expliquen por qué. Si no, seguiremos manteniendo la sospecha sobre la sentencia”, ha asegurado el portavoz socialista esta mañana en el Congreso.

Durante una entrevista en La Sexta, Díaz también ha señalado que la declaración de Martínez Arrieta “no sostiene el decoro ni la institucionalidad debida al cargo que representa”. “Es muy grave. Ver al presidente de la sala, hacer chascarrillos diciendo que tiene que abandonar un acto, un curso pagado por el Colegio de Abogados de Madrid, que casualmente fue acusación en esa causa, porque tiene prisa”, ha añadido.

Enrique Santiago tilda el comentario final del presidente del tribunal de “inaceptable”. En declaraciones a EL PAÍS, el diputado señala que estos hechos sirven de argumento para la defensa del fiscal cuando llegue al Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Ellos deberían haberse abstenido antes de tener que ser recusados”, considera. Su formación, anuncia, va a tratar de averiguar “desde cuándo cobran, cuánto han cobrado y hasta cuándo van a estar cobrando” del ICAM. Es “poco estético y nada ético”, había cuestionado en un mensaje en redes sociales horas antes.

Desde que se conoció la condena, Sumar ha sido muy crítico tanto con el fallo —“injusto” y contra “un hombre inocente”, defiende la formación— como con el hecho de que este se haya conocido antes de la publicación de la sentencia, ya hace seis días.

La intervención en conferencias y cursos es habitual entre los jueces y no precisa de autorización por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Impartir este tipo de cursos forma parte del deber ético de colaborar en la formación de profesionales que ejercen el turno de oficio en defensa de los derechos de los ciudadanos sin recursos o que, por otras circunstancias establecidas en la ley, tienen derecho a este servicio”, afirman las fuentes del Supremo, cuyos magistrados han declinado hacer otra valoración sobre estas jornadas, que tuvieron lugar los días 17, 18 y 19 de noviembre, cuando el tribunal no había dado todavía por terminada la deliberación sobre el caso de García Ortiz, que acabó en condena por cinco votos a favor y dos en contra.

El organizador del curso, el ICAM, fue quien interpuso la querella que ha terminado con el fiscal general sentado en el banquillo, y ha actuado en el proceso como acusación popular. Las fuentes del Supremo consultadas señalan que la fecha del curso estaba fijada desde hace más de un año (el juicio a García Ortiz se señaló en octubre) y vinculan el comentario final de Arrieta con su papel de presidente de la sala, no de ponente de la sentencia. Fuentes del tribunal señalaron la semana pasada, cuando se adelantó el fallo sin que esté redactada la sentencia, que la sala decidió anunciarlo ante el riesgo de que, si se conocía que era Arrieta y no Polo quien estaba redactando la resolución, se dedujera que esta era condenatoria.

Además de Arrieta, en el curso participaron los magistrados Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, coordinador de esas jornadas desde hace años. Se trata de un curso sobre el recurso de casación, obligatorio para los abogados de oficio que necesitan impugnar resoluciones ante el alto tribunal. Fuentes del Supremo señalan que, en esta ocasión, se han inscrito más de 60 abogados de oficio y han participado magistrados del Supremo y de la Audiencia Nacional, letrados del gabinete técnico del alto tribunal y del Tribunal Constitucional y profesionales de la abogacía.

La remuneración de los ponentes es de 90 euros por hora. En la presente edición, Arrieta ha impartido dos horas de clase y Del Moral y Berdugo cuatro horas cada uno. Del Moral ha percibido además 270 euros por su labor como coordinador. La intervención en un curso o en conferencias no precisa de autorización de compatibilidad por parte del CGPJ, “más allá de la conveniencia de que la actividad se realice fuera de las horas de audiencia”, señalan las fuentes del alto tribunal, que recuerdan que el artículo 327 del Reglamento de carrera Judicial establece que el ejercicio de la docencia y la investigación jurídica por parte de los jueces “constituye una manifestación de su competencia profesional y el reconocimiento de su experiencia y conocimientos”. Generalmente hay que pedir autorización al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la norma exceptúa del régimen de incompatibilidades “la dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias cuando no tenga carácter permanente o habitual ni suponga más de 75 horas al año”.

El ICAM, por su parte, ha informado de que 1 la participación de jueces, magistrados, fiscales y otros profesionales en sus actividades docentes es “una práctica habitual, normalizada y transparente”. “Es importante subrayar que han impartido clases en el Centro de Estudios del ICAM multitudes de jueces, fiscales y abogados, incluida la fiscal propuesta como nueva FGE [fiscal general del Estado]”, señala el colegio de abogados, que explica que los cursos y ponencias no son decididos ni organizados por la Junta de Gobierno del ICAM, sino por los responsables académicos del Centro de Estudios, “que actúan con total independencia técnica”.