Una funcionaria canaria receló de la compra de mascarillas a Aldama: “¿Estamos seguros? Hemos comprado más baratas”

Una funcionaria canaria mostró sus dudas sobre el contrato de mascarillas de más de 12 millones de euros que el Gobierno insular que dirigía entonces Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, comprometió con la empresa del comisionista Víctor de Aldama. “¿Estamos seguros? Hemos comprado mascarillas más baratas”, reflejó Salomé B., jefa del servicio de contrataciones del Servicio Canario de Salud, en un correo enviado a una de las responsables de este último. Un nuevo informe de la Guardia Civil, aportado en la Audiencia Nacional en el marco del caso Koldo, refleja cómo la compra de material sanitario en Canarias se fraguó a través del Ministerio de Transportes y detalla las conversaciones entre Torres y uno de los principales implicados en la trama, el entonces asesor ministerial Koldo García, para desbloquear parte del pago que todavía se le debía a Aldama. Torres intercedió úncamente cuando supo de la intención del empresario de denunciar al Ejecutivo de las islas, según recuerdan fuentes cercanas al ministro.

Este informe de la Unidad Central Operativa (UCO), a cuyo contenido las partes personadas en el juzgado todavía no han podido acceder de manera íntegra, muestra cómo la compra de mascarillas en Canarias se gestionó directamente desde la cartera que entonces encabezaba José Luis Ábalos, llegando incluso a pedir desde las islas la aprobación de Koldo García para efectuar el encargo.

Fueron el entonces viceconsejero de Presidencia del Gobierno en Canarias Antonio José Olivera y el socio de Aldama Íñigo Rotaeche ―también imputado en la Audiencia Nacional- quienes mantuvieron las primeras conversaciones en abril de 2020. “Buenas tardes, Koldo!! Hablado con Íñigo solo me queda cerrar la cantidad del envío. ¿Es posible que nos quedemos en esta ocasión dos millones de unidades o la cantidad máxima que quepa en un vuelo? ¿Te parece bien?”, pregunta Olivera al asistente de Ábalos. La UCO destaca que, por el contenido de estos mensajes, se puede inferir que Koldo García ostentaba “el control de estas operaciones”. Los agentes concluyen, de hecho, que la empresa de Aldama, Soluciones de Gestión S. L., ya estaba suministrando mascarillas a la Administración canaria “incluso antes de llevarse a cabo las adjudicaciones”.

El informe incluye correos electrónicos con las funcionarias que tenían que dar luz verde a las mascarillas. En ellos, la que fuera jefa del servicio de contratación y asuntos generales del Servicio Canario de Salud, Salomé B., mostró reticiencias porque el precio que se va a pagar por el material, que asciende a 12 millones de euros, y advirtió de que el pago por unidad no era competitivo: “Hemos comprado mascarillas más baratas (1,89 euros) [las de Aldama costaban 2,5]”, expuso en un correo. Su compañera Ana M. P., directora general de Recursos Económicos, le contestó que si no se había dado cuenta “de dónde procede la propuesta”, en referencia a que los empresarios venían recomendados por el Ministerio de Transportes. Pero la responsable de contrataciones, que la UCO ha comprobado que falleció en 2023, insistió en que el precio estaba “fuera del mercado” y explicó que le daba igual “de dónde venga” la oferta. “Yo soy funcionaria y tengo que comprobar unos mínimos”, indicaba en un email del 22 de abril de 2020.

Más adelante, otro funcionario del Servicio Canario de Salud, Sebastián F., también cuestionó el procedimiento seguido para adquirir las mascarillas. “Por qué nos salimos del circuito”, le preguntó a su superiora, Ana María P., lo que, en opinión de los investigadores, revelaba que “se podría estar operando de manera excepcional con la facturación de Soluciones de Gestión”, la mercantil de Aldama. Este segundo funcionario ―que llegó a aludir en su mensaje a la compañera que recelaba de la compra como la más indicada para culminar la gestión― también planteó dudas sobre las condiciones pactadas en los fletes con el proveedor, ya que consideraba que estos debían ser asumidos por la empresa que suministraba el material sanitario y, sin embargo, había comprobado que estaba remitiendo facturas al margen. “¿Se han negociado condiciones distintas para pago de mercancía y fletes?“, planteaba el 24 de abril. Al día siguiente, Koldo García enviaba el primer mensaje a Torres para pedir su intervención en el intento por desatascar los pagos al comisionista.

El instituto armado explica que mientras el socio de Aldama y Olivera “daban por sentado el envío de mascarillas”, los responsables de la tramitación de la compra en la administración canaria todavía estaban “dilucidando la viabilidad de la operación”. Finalmente la compra se llevó a cabo y para la UCO esto refuerza los indicios de que Aldama tenía preferencia en el acceso a contratos públicos tras pasar por el aro de pagar mensualmente 10.000 euros a Koldo, quien le abría las puertas de las distintas administraciones.

Por contrato, el 50% del dinero que costaron las mascarillas en Canarias se debía pagar por adelantado y el otro 50% una vez se había entregado el material. Esta mitad, 7,5 millones de euros de los 12 millones que se pactaron, quedaron bloqueados unos meses y fue a partir de julio cuando la Guardia Civil refleja las conversaciones entre Torres y Koldo para lograr desencallar la situación. Desde el ministerio que ahora dirige el político canario explican que el material que llegó estaba correcto, que se llegaron a mandar muestras al centro de verificación de Sevilla para comprobar la calidad de las mascarillas y que tras corroborar que todo estaba en regla se procedió al pago. Defienden que el Servicio Canario de Salud sabía que la empresa de Aldama había cumplido con otros contratos de mascarillas de Transportes y que eso era una garantía y, únicamente, cuando Soluciones de Gestión manifestó su intención de denunciar el impago, el entonces presidente canario se interesó por el asunto.