El juez Peinado ordena a la UCO un informe sobre más de siete años de correos de Begoña Gómez

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realice un informe sobre los correos que mantuvo Begoña Gómez durante más de siete años y que La Moncloa acaba de aportar al procedimiento. La intención del magistrado es aclarar el papel de la asesora Cristina Álvarez que, junto a Begoña Gómez, está acusada de delitos de malversación y tráfico de influencias por haber destinado presuntamente recursos públicos a la actividad privada de la mujer de Pedro Sánchez.

El área de tecnología de Presidencia del Gobierno extrajo el pasado 10 de octubre todos los datos que había en la cuenta bgomez@presidencia.gob.es, que correspondía a la actividad de la esposa del presidente entre el 11 de julio de 2018 y el 23 de septiembre de 2025. El juez Peinado lo había reclamado así para indagar en la actividad de Gómez en la cátedra extraordinaria que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y saber si su asesora, Cristina Álvarez, la ayudó en esta tarea.

La Moncloa ha entregado todos estos emails en un pendrive y el juez Peinado, en un escrito con fecha de este domingo, ha decidido remitir el material a la UCO “para que procedan al análisis e informe sobre los que tienen relación con la causa”. Hasta ese momento no dará traslado a las partes.

Además, la Dirección General de Servicios del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha remitido un informe para aclarar quién ha aprobado y ordenado las retribuciones percibidas por Cristina Álvarez desde su nombramiento cuando Pedro Sánchez llegó al Ejecutivo. Esta autorización corresponde, según explican, a la persona titular de la Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio que es la que realiza de manera conjunta las nóminas y aclaran que “las referidas actuaciones de autorización y ordenación del pago de la nómina se encuentran en todo caso precedidas de la correspondiente fiscalización previa por la intervención delegada del Ministerio (Intervención General del Estado)”.

El juez está buscando al responsable directo de Cristina Álvarez, que fue nombrada el 16 de julio de 2018 y continúa en el cargo, para esclarecer quién era el encargado de velar porque la asesora no se dedicara a tareas distintas de las que tenía encomendadas al lado de Begoña Gómez. El Ministerio aclara que por este puesto de Subdirección, desde el que se ordenaba el pago de las nóminas, han pasado un total de cinco personas desde que Sánchez está en La Moncloa. Además, han entregado también los nombres de los secretarios generales de Presidencia de los que dependía directamente Cristina Álvarez.

Cabe recordar que este puesto lo ocupó el actual ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, y el juez Peinado trató de encausarlo en junio de este año enviando una petición de imputación al Tribunal Supremo por malversación y falso testimonio. La Sala de lo Penal, en cambio, rechazó esta posibilidad porque no había indicios que justificaran tal paso: “Absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud de la participación de la persona aforada”.

La Audiencia Provincial de Madrid, por su parte, avaló que el juez Peinado investigara una posible malversación por una “estructura institucionalizada de poder” en La Moncloa que permitió “una clara y palmaria desviación” del trabajo que debía realizar Álvarez como asistente de la mujer del jefe del Ejecutivo, que consistía en acompañamiento institucional, de seguridad y protocolo. Sin embargo, los magistrados deben todavía pronunciarse sobre si esa malversación se puede imputar a la propia Gómez y Álvarez, así como al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que está investigado por haber ocupado el cargo de secretario general de Presidencia en el que debía supuestamente controlar la actividad de la asistente.