Por qué blindar el derecho al aborto

“Váyanse a abortar a otro lado” dijo hace unos días la presidenta de la Comunidad de Madrid. Para las mujeres más jóvenes puede pasar desapercibida la carga de profundidad que conlleva expresar algo así en nuestro país. No es el caso, sin embargo, de toda una generación que recuerda sin mayor dificultad cómo en España las mujeres tenían que viajar a Londres para poner fin a un embarazo no deseado si podían sufragarse los gastos, mientras que las que carecían de recursos debían optar entre ser madres contra su voluntad o quedar al albur de matarifes. Y es que todavía vive esa generación de mujeres a las que nuestro marco normativo decidía por ellas y les obligaba a ser lo que no querían ser.

Cuando todo esto parecía olvidado, el aborto ha vuelto a captar la atención informativa con planteamientos extravagantes sobre supuestos traumas sin respaldo científico de los que hay que informar a las mujeres o prácticas administrativas que invitan a pensar en una burla a las exigencias que impone la legislación en relación, por ejemplo, al registro de médicos objetores de conciencia. Podríamos hablar de dislates políticos o de cierto relajo en una práctica médica si no fuera porque el contexto internacional ofrece evidencias sobre una acción coordinada para hacer retroceder todo lo avanzando en relación con los derechos de la mujer. Y entre ellos, claro está, está el derecho al aborto.

Llegados a este punto es pertinente recordar la evolución de la regulación en España del aborto para situar adecuadamente las coordenadas del debate que ahora se plantea. Y es que no fue hasta 1985 cuando el legislador utilizó el Código Penal para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo solo en determinados supuestos: peligro para la salud física o psíquica de la mujer, malformaciones fetales o violación. Y hubo que esperar a 2010 para que se aprobara la ley que otorgó a las mujeres autonomía plena para poner fin a un embarazo no deseado. La llamada ley de plazos, reformada en 2023 y avalada por el Tribunal Constitucional, reconoció el derecho al aborto libre de toda mujer mayor de dieciséis años hasta las 14 semanas y, más allá de ese plazo, por motivos de salud de la madre o anomalías graves en el feto (hasta las 22 semanas) o anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedades extremadamente graves (más de 22 semanas).

En este breve recorrido sobre los hitos legales del aborto en España, el PP siempre mantuvo una posición de resistencia a cualquier avance como prueban las discusiones parlamentarias recogidas en el diario de sesiones o los recursos de inconstitucionalidad planteados. Ahora que el aborto es un derecho legalmente reconocido y socialmente asumido, la resistencia se reactiva de nuevo utilizando estrategias de desinformación o mediante fórmulas silentes de insumisión a la ley. ¿Qué importancia hay que conceder a lo que está ocurriendo? Y, en su caso, ¿qué respuesta es la políticamente adecuada?

El Gobierno ha decidido impulsar una reforma de la Constitución con la pretensión de blindar el derecho de las mujeres a decidir con plena autonomía sobre su embarazo. Es razonable, con todo, preguntarse si tal propuesta de reforma es oportuna o incluso conveniente. Mi respuesta es, en ambos casos, afirmativa y se fundamenta en la necesidad de proteger parte de nuestra identidad democrática frente a una ola reaccionaria que pretender socavar los consensos que la han modulado aquí y en otros países como es el caso de Francia o de Estados Unidos. Los avances en derechos que afectan particularmente a la autonomía de la mujer conforman, sin duda, esa identidad que hay que salvaguardar con la garantía que representa constitucionalizar uno de los derechos que le da soporte. La iniciativa obligará al PP de Alberto Núñez Feijóo a decidir. También por eso la propuesta merece la pena. Las mujeres sabremos, así, a qué atenernos.