La justicia no investigará al Ayuntamiento de Murcia por el incendio de las discotecas en las que murieron 13 personas en 2023

Las discotecas que se incendiaron en Murcia el 1 de octubre de 2023 y en las que murieron 13 personas incumplían toda la normativa en materia de seguridad y de evacuación antiincendios y tenían una orden de cierre en vigor que nunca llegó a ejecutarse. Por estos motivos, los familiares de las víctimas han perseverado los dos años transcurridos para intentar que los concejales, técnicos y funcionarios municipales que debían velar en contra de esas irregularidades administrativas fueran investigados. Finalmente, no será así: la Audiencia Provincial de Murcia ha dado carpetazo este jueves a esa petición con un auto en el que niega que haya conexión entre la actuación municipal y la responsabilidad penal por las muertes.

Que el Ayuntamiento fuera incorporado a la causa ha sido una reclamación constante de los familiares de los fallecidos, que solicitaron abrir una pieza separada por un presunto delito de prevaricación. Las víctimas comparten la tesis de que la permisividad municipal en el control de las discotecas fue clave para que se desencadenara el incendio. Entendían que las decisiones administrativas que se adoptaron, y que que creían que constituían ese delito de prevaricación, fueron una causa determinante del incendio y de las muertes de sus allegados, que se investigan como casos de homicidios imprudentes. Pero la jueza del Juzgado Número 3, que instruye el caso, ha rechazado esa idea en dos ocasiones, y ahora la Audiencia Provincial corrobora su decisión.

En el auto de la Audiencia Provincial, que es firme y por tanto no puede recurrirse, el tribunal considera que no se puede establecer “en términos razonables una relación jurídico penal” entre el presunto delito de homicidio por imprudencia grave que se deriva del incendio con otro posible delito de prevaricación de autoridades o funcionarios públicos por dictar resoluciones arbitrarias en asunto administrativo. Esa conexión entre los dos delitos, considera la sala, solo sería posible “acudiendo a interpretaciones fácticas y jurídicas extraordinariamente forzadas y ajenas por completo a las reglas y garantías esenciales del proceso penal”. La resolución abunda en que, para abrir piezas separadas en un procedimiento penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece varios supuestos “estrictamente acotados” que no se cumplen en este caso, por lo que desestima todas las peticiones de las víctimas. Esta misma semana, con motivo del segundo aniversario del incendio, familiares de los fallecidos y sus abogados se concentraron en la Ciudad de la Justicia de Murcia para insistir en su reclamación de procesar a los responsables municipales.

Los letrados se mostraron tajantes en este aspecto: “Nosotros pensamos que el juzgado actualmente está actuando como escudo del Ayuntamiento, este es realmente el obstáculo que estamos encontrando para obtener justicia, puesto que el juzgado está impidiendo que el Ayuntamiento responda por lo que ha ocurrido”, advirtió José Manuel Muñoz Ortín, que representa a familiares de cuatro de las víctimas. Las familias, subrayó otra de las abogadas, Rosa Egea “no comprenden cómo se cierra la fase de instrucción [lo hará el próximo 1 de enero de 2026, tras la última ampliación aprobada por la jueza instructora] teniendo en cuenta que no se ha dado noticia del Ayuntamiento”.

Para Jairo Correa, que perdió a su hija en el incendio, la sensación es de “frustración” por esa falta de investigación contra los responsables municipales porque, insiste, las discotecas Teatre y Fonda Milagros no deberían haber estado abiertas la noche de la tragedia, ya que tenían una orden de cese de actividad desde enero de 2022, pero nadie veló por que se ejecutara. Esa orden de cierre la motivó una obra hecha varios años antes para dividir en dos la nave industrial que ocupaban las salas. El ingeniero que hizo el proyecto de división ha sido incorporado como investigado a la causa este mes de septiembre, ya que diversos informes policiales y periciales han señalado numerosas deficiencias en esa obra: las salas compartían los mismos conductos de climatización y ventilación así como la instalación eléctrica, lo que favoreció la propagación del fuego desde Teatre, donde se produjo el incendio, hasta Fonda Milagros, donde fallecieron las víctimas.

Los locales no tenían suficientes salidas de emergencia de acuerdo con los establecido en la ley, y algunas de ellas estaban inutilizadas y bloqueadas con candados. Además, la longitud de los recorridos de evacuación superaba con creces y en algunos casos duplicaba el máximo permitido por ley. Sin embargo, el propio ingeniero, que ya declaró como testigo antes de ser imputado, explicó que su proyecto había recibido el visto bueno de los técnicos del Ayuntamiento, y por eso se llevó adelante. Para el abogado Pedro López Graña, que representa a familiares de uno de los fallecidos, si quien realizó el proyecto está investigado como posible responsable del incendio, también lo deben estar necesariamente y “por sentido común” quienes lo supervisaron, aprobaron y autorizaron desde la Administración. Pero este viernes ha quedado claro que la Audiencia Provincial no opina lo mismo, y su auto cierra la puerta a esa posible investigación; de este modo, la causa continuará con los siete investigados hasta el momento: el citado ingeniero, el responsable de Fonda Milagros, tres responsables de Teatre, el discjockey que organizaba una fiesta en esa discoteca la noche del incendio y el propietario de una máquina de fuegos fríos que se usó en la fiesta y que se cree que originó el fuego.