Feijóo: “El modelo buenista de la integración ha fracasado”

El PP abraza ya la inmigración como asunto central de su discurso. Este otoño, Génova presentará un “plan” sobre la materia cuyos mimbres verán la luz este fin de semana en Murcia, donde Alberto Núñez Feijóo se concentrará con todos sus barones territoriales. Un día antes del desembarco de los populares en la capital murciana, el líder de la oposición ha calentado la cumbre al desgranar los principios que regirán dicha estrategia, que cristalizará el endurecimiento de sus políticas durante los últimos meses, en pugna con un Vox al alza. Entre las medidas, el jefe de la oposición propone la deportación de “quien venga a delinquir” a nuestro país. Con un criterio concreto: “Quienes comentan delitos de violencia sexual y sean multirreincidentes serán expulsados aunque sean migrantes regulares”, ha advertido este jueves Feijóo desde Formentera. Y la preferencia por los llegados que sean “culturalmente próximos” a España, para quienes busca una “discriminación positiva” en la acogida.

El Código Penal español contempla en el artículo 89 la expulsión del territorio español de los ciudadanos extranjeros que sean condenados con una pena de prisión de más de un año. La expulsión en estos casos puede ejecutarse aunque el inmigrante tenga residencia legal o permiso de trabajo. Una gran cantidad de delitos conllevan penas de cárcel superior a un año, como por ejemplo los robos con violencia, el tráfico de drogas o la tenencia ilícita de armas, además de todos los graves como el homicidio o asesinato o las agresiones sexuales.

El juez puede decidir que no procede la expulsión de un inmigrante si valora que hacerlo resulte desproporcionado, por su arraigo en España, como por ejemplo en el caso de padres de menores españoles o residentes legales en España, o en los casados con un ciudadano español, o con residencia de larga duración, de más de diez años. También en el caso de que haya riesgo de persecución o tortura en su país de origen o esté protegido por el derecho de asilo, o en el caso de las mujeres embarazadas si hay riesgo para ella o el feto. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional establece que las expulsiones de los extranjeros deben ser proporcionales, justificadas y respetuosas con el derecho a la vida familiar. En caso de ser expulsado, el extranjero no podrá regresar a España en un plazo de cinco a diez años.

Feijóo ha viajado a Formentera para entrevistarse con la presidenta autonómica, Marga Prohens, así como con sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil sobre inmigración. La visita se produce después de un verano en el que Baleares ha experimentado un repunte de la ruta migratoria de Argelia. “El modelo buenista de la integración ha fracasado, en los países de nuestro entorno el modelo es el del mérito y la adaptación, es la mejor manera para garantizar la seguridad, la convivencia y los intereses generales”, ha asegurado el líder del PP. “No estoy de acuerdo con aquellos partidos que ignoran los problemas, ni con aquellos que prometen soluciones imposibles”, ha expresado en referencia velada al PSOE y a Vox, respectivamente.

Tras pisar Baleares, el jefe de la oposición acudirá este viernes a Murcia, donde repetirá encierro con sus barones —en enero la comunidad elegida fue Asturias— de este viernes y hasta el domingo. “Vamos a aprobar un plan de inmigración que, en coordinación con las comunidades autónomas, establecerá un marco para parar uno de los mayores problemas”, ha avanzado este jueves Feijóo.

El documento, que será detallado en su totalidad durante las próximas semanas, será la guía de las políticas de los populares en caso de que llegasen a gobernar el país, pues los presidentes autonómicos no tienen competencias directas en inmigración. “Una política que no puede basarse solo en la acogida, sino en la protección de nuestras fronteras”, ha pedido Prohens junto a su líder en Formentera.

La elección de Murcia para la cumbre de los populares de este fin de semana no es casual, sino con la vista puesta en la inmigración como asunto central de la estrategia de Génova ante los próximos meses. La Región de Murcia ha vivido este verano dos episodios marcados por la persecución contra los migrantes, en Torre Pacheco y en Jumilla. Su presidente, Fernando López Miras, ha cedido además a las exigencias de Vox en este tema para lograr su sí a los presupuestos. La última, la de la eliminación del programa árabe en los colegios.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, está al frente de elaboración del plan de inmigración, en el que trabaja junto a la asesoría parlamentaria de Europa y de Las Cortes, además de la Fundación Reformismo 21. Ezcurra fue una de las cuatro responsables de la ponencia política aprobada en el congreso del partido de julio. Un documento en el que se plasmó negro sobre blanco el endurecimiento en materia de inmigración que Feijóo había emprendido en las elecciones catalanas de 2024. Y que da pistas sobre por dónde caminará el plan que preparan los populares con la vicesecretaria de Coordinación Sectorial a la cabeza.

El texto también restringirá las regularizaciones, al vincular la residencia legal al trabajo y al conocimiento del español y de la cultura española. En línea con lo aprobado en su congreso de julio pasado, el PP abrirá también el debate sobre prohibir el niqab (el velo que solo deja los ojos descubiertos) y el burka en espacios públicos, mientras la extrema derecha presiona a sus Gobiernos para que vayan más lejos y veten el hiyab o velo islámico, una línea roja de momento para el PP.