Transparencia Internacional denuncia carencias en el plan anticorrupción de Sánchez

“Un paso muy importante”, pero también “insuficiente” y, por tanto, con “un alcance limitado”. Transparencia Internacional (TI) ha analizado las 15 medidas recogidas en el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción que presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 9 de julio en el Congreso tras el ingreso en prisión del que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. En un informe que hará público esta semana alaba algunas de las iniciativas, pero también recrimina la tardanza en adoptar otras o la dificultad de aplicar el plan sin financiación. “Las medidas anticorrupción del Gobierno”, afirma Silvina Bacigalupo, presidenta en España de TI, “son todas acertadas porque obedecen a asignaturas pendientes, pero algunas de ellas son mejorables”. Bacigalupo critica, sobre todo, que la lucha contra la corrupción se lleve a cabo “de una forma aislada, haciendo una lectura coyuntural” cada vez que aflora un escándalo. “Nos parece muy importante que el enfoque sea integral y consensuado con los grupos parlamentarios”, concluye.

El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, insiste, fundamentalmente, en dos aspectos: la necesidad de coordinar a los diferentes organismos de fiscalización o control y de dotarlos de recursos suficientes para que cumplan su función de manera óptima. “Si no hay Presupuestos Generales del Estado que puedan contemplar todas las innovaciones necesarias”, afirma Bacigalupo, “vamos a depender de encajes complejos para dotar a las oficinas, como la de protección del informante, de los elementos necesarios para hacer su trabajo”.

TI elabora desde 1995 el índice de percepción de la corrupción (IPC) en el mundo. En el último, publicado el pasado febrero, dio a España 56 puntos en una escala de 100 en la que a mayor puntuación menos presencia de corrupción. Son cuatro puntos menos que el informe anterior, lo que le hizo descender al puesto 46 entre los 180 países estudiados (en el anterior se situó en el 34) y el 16 entre los 27 estados de la UE. Estas son las recomendaciones de la organización al plan anticorrupción que el Gobierno ya ha puesto en marcha tras aprobar el pasado agosto la creación de una comisión interministerial para, según el real decreto, “garantizar el impulso y la correcta implementación, seguimiento y evaluación” de las medidas que Sánchez propuso en el Congreso.

Agencia Independiente de Integridad Pública. En su comparecencia en la Cámara baja, el presidente del Gobierno señaló que España contaba, a nivel estatal y autonómico, con “muchos organismos dedicados a la lucha contra la corrupción”, lo que había generado “ineficiencias y vacíos de coordinación”. Para solucionarlo, propuso la creación de la llamada Agencia Independiente de Integridad Pública que asumiría las “funciones claves en la prevención, la supervisión y la persecución” de la corrupción. Transparencia Internacional critica el uso del término “independiente” que, destaca, no conferirá a este organismo tal cualidad, ya que serían precisos otros elementos que hasta ahora no han sido concretados, como “su configuración normativa, atribuciones, régimen de nombramiento, autonomía presupuestaria y funcional, y garantías institucionales”. Además, alerta de que sus competencias pueden solaparse con otros organismos, como la propia Agencia de Protección del Denunciante, de reciente creación. “Para que la estrategia sea verdaderamente integral”, afirma Bacigalupo, “lo primero es hacer un mapeo de todos los recursos de lucha contra la corrupción disponibles para conectarlos entre sí y que haya un cruce de información eficiente”.

Mapas de riesgo. El Ejecutivo plantea extender a todos los fondos públicos los llamados “mapas de riesgos” —por ejemplo, conflictos de intereses, discrecionalidad en las concesiones, falta de seguimiento del dinero...— que ya aplica a los fondos europeos Next Generation con el objetivo de minimizar el riesgo de corrupción en la contratación pública. Transparencia Internacional considera esta medida “una avance relevante hacia la institucionalización de una cultura preventiva en materia de integridad pública”. No obstante, alerta de que la experiencia apunta a que estos mapas presentan “algunas limitaciones relevantes”.

Participación ciudadana. El plan del Gobierno propone facilitar el acceso a la información pública como derecho básico de la ciudadanía a través de una ley de Administración abierta. También plantea fijar para los altos cargos públicos y de confianza limitaciones tras el cese y exámenes patrimoniales al terminar sus mandatos. Transparencia Internacional ve la propuesta como “una oportunidad clave para consolidar el marco de transparencia, participación y rendición de cuentas”, pero denuncia su falta de concreción. También cree que “la medida no atiende plenamente las debilidades estructurales del marco legal vigente”, como la dificultad de los ciudadanos para acceder a información que en ocasiones se le niega “por causas interpretativas amplias y poco justificadas”.

Uso de inteligencia artificial. El Gobierno quiere utilizar la IA para detectar patrones irregulares en la contratación pública. También propone adaptar la ley para facilitar auditorías ciudadanas sobre “contratos con alto riesgo de corrupción, seleccionados de manera aleatoria o conforme a criterios objetivos de riesgo”, de forma que los ciudadanos puedan presentar “informes de evaluación, quejas o sugerencias sobre las fases de licitación, adjudicación y ejecución contractual”. Transparencia Internacional considera la propuesta “valiosa y necesaria”, pero cree que la formulación hecha por el Ejecutivo tiene “déficits de claridad, coordinación, plazos de implementación y viabilidad técnico-presupuestaria”.

Una ley para los ‘lobbies’. El Ejecutivo de Sánchez llevó en febrero al Congreso un proyecto de ley para regular la actividad de los llamados grupos de interés, conocidos popularmente como lobbies. El plan propone acelerar su tramitación parlamentaria e incluir nuevas medidas durante el plazo de enmiendas, como la obligación de dar publicidad a los encuentros con altos cargos del Gobierno y asesores. Transparencia Internacional recuerda que esta propuesta es un compromiso normativo ya asumido por España y destaca que el régimen de publicidad para los encuentros que plantea añadir al proyecto inicial es “fundamental”, pero también que “no resulta operativa si previamente no se establece una obligación de publicidad activa respecto de quiénes son estos asesores, qué funciones desempeñan y bajo qué autoridad actúan”.

Mayor control a partidos. El plan del Gobierno propone reformar la Ley de Financiación de Partidos para establecer nuevos mecanismos de control. Así, las formaciones políticas y sus fundaciones que reciban subvenciones superiores a 50.000 euros deberán contratar “auditorías externas e independientes de sus cuentas anuales” como complemento a la labor del Tribunal de Cuentas. TI considera este incremento del control sobre los partidos como “un paso necesario”, aunque cree que “su alcance resulta limitado si se reduce únicamente a aspectos financieros”.

Proteger a los denunciantes. El Gobierno quiere reforzar la protección a las personas que denuncien casos de corrupción. Para ello plantea que se pueda anular cualquier acto de represalia que sufran, fijar indemnizaciones por el daño sufrido e imponer sanciones para las entidades públicas que incumplan sus obligaciones. La organización destaca que la propuesta reconoce implícitamente que la actual ley de protección, de 2023, tiene “déficits”. Entre ellos, que la ya creada Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) no cuenta con “presupuesto propio para cumplir su mandato”.

Más medios. El plan señala como objetivo el “refuerzo integral de los organismos con capacidad para investigar, juzgar y sancionar con agilidad y rigor los delitos que afecten a la integridad de nuestras instituciones”. Eso incluye crear juzgados especializados y reforzar la Fiscalía Anticorrupción. Transparencia Internacional recuerda que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia aprobada en enero ya recoge una reorganización de la estructura judicial en esta línea, pero reclama que antes de acometer estos cambios se haga “una evaluación y valoración” que garantice la “viabilidad y eficacia” del cambio. Además, valora “positivamente” el incremento de medios personales y materiales previsto para la Fiscalía, pero reclama que se extienda a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, grupos policiales encargados de las investigaciones sobre corrupción.

Sanciones a empresas. “Si queremos acabar con la corrupción”, declaró Sánchez en el Congreso, “tenemos que perseguir a los corruptos, pero también a los corruptores, empresas y empresarios que suelen irse de rositas”. El presidente propuso “un sistema de exclusión y de listas negras” para impedir que las empresas condenadas sigan contratando por la administración pública. El plan de Gobierno plantea dos vías para sancionar a estas empresas: “La posibilidad de imponer multas proporcionales a los ingresos anuales o al beneficio ilícito obtenido, y la inhabilitación obligatoria que les impida obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social”. TI señala en su informe que “resulta difícil encontrar el fundamento que permita” las sanciones en función de los beneficios, ya que, recalca, la pena “debe ser proporcional al daño causado”. Además propone crear una lista blanca de empresas que “hayan demostrado un compromiso con la integridad”.

Penas más duras. El plan del Gobierno propone modificar el Código Penal para agravar las penas de cárcel por obstruir a la justicia en casos de corrupción; vincular el acceso de los condenados por corrupción a beneficios penitenciarios a la completa restitución del dinero defraudado, ampliar el plazo de prescripción de los hechos vinculados a la corrupción política o recuperar el delito de administración desleal de patrimonio público. TI rechaza que el plazo de prescripción de los delitos pueda extenderse “indiscriminadamente”, algo que considera que podría vulnerar el principio de proporcionalidad.

Medios para la ORGA. Entre las medidas anunciadas por Sánchez figura la de reforzar los mecanismos de embargo de bienes y, con ello, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA, creada a finales de 2015 para administrar el embargo de bienes de personas condenadas) con el fin de “garantizar la rápida localización e identificación de los bienes de origen delictivo”. Transparencia Internacional recuerda que la UE obliga a los Estados miembros a adoptar antes del 24 de mayo de 2027 una estrategia nacional de recuperación de activos, además de dotar a estas oficinas de “personal cualificado y los recursos financieros, técnicos y tecnológicos necesarios para cumplir efizcamente su función”. No obstante, también pide más transparencia de la ORGA para poder conocer “sus resultados y desafíos”.

Decomiso preventivo. El plan de Sánchez propone crear el “decomiso administrativo o preventivo” de bienes ante actividades supuestamente corruptas o patrimonios desproporcionados sin que medie una condena previa. Transparencia Internacional considera que incluir esta figura en el ordenamiento español requiere “una delimitación precisa de su naturaleza jurídica y, sobre todo, la incorporación de garantías procesales sólidas”.

Formación obligatoria para funcionarios. El Gobierno quiere exigir formación sobre corrupción en las oposiciones para ser funcionario. Transparencia Internacional considera que la propuesta, al estar dirigida únicamente a los trabajadores de la Administración, desatiende el resto de la sociedad y, con ello, vulnera el supuesto “enfoque integral y transversal proclamado” por el plan. También plantea que la formación vaya más allá del examen de ingreso y se convierta en continua durante la vida laboral, además de incluir a diputados y senadores, así como a sus asesores y personal de las Cortes.

Campañas para concienciación. Sánchez quiere lanzar campañas para concienciar a la ciudadanìa sobre la corrupción y sus efectos negativos, así como para aumentar el conocimiento sobre los canales de denuncia. “Si bien esta es una iniciativa valiosa y necesaria”, afirma TI en su informe, “requiere fortalecerse desde el enfoque de comunicación estratégica, educación cívica y participación ciudadana para garantizar una eficacia real”.

Encuesta sobre la corrupción. El Gobierno también ha propuesto que el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) realice una encuesta anual sobre corrupción cuyo objetivo sería analizar la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de la lucha contra la corrupción o la disposición de estos a denunciar los casos que conozcan. Transparencia Internacional considera que el diseño de la encuesta es “limitado si no se garantiza su carácter sistemático, representativo y participativo, en línea con estándares internacionales”.