El fiscal general consigna en el Supremo la fianza de 150.000 euros que le impuso el juez

Álvaro García Ortiz ya ha hecho efectiva la fianza de 150.000 que le impuso el Tribunal Supremo tras abrirle juicio oral por revelación de secretos. Fuentes fiscales señalan que el fiscal general del Estado se ha visto obligado a presentar un aval con parte de su patrimonio (un bien inmueble), ya que no disponía de esa cantidad en metálico.

El magistrado Ángel Hurtado dio el pasado martes cinco días de plazo al jefe del ministerio público para aportar 150.000 euros de fianza para hacer frente a las posibles responsabilidades económicas que se le puedan imponer en caso de que sea condenado por la supuesta filtración de un correo electrónico vinculado al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El jefe del ministerio público, según fuentes fiscales, ultima un recurso de apelación contra esa decisión del instructor, pero la impugnación no suspende el plazo, por lo que García Ortiz tenía que depositar 150.000 euros en el Supremo antes de este martes. Si la Sala de Apelación rebaja esa cantidad, se le devolverá la parte que corresponda.

Desde que se conoció el montante de la fianza, numerosos familiares, amigos, compañeros, personas cercanas e incluso ciudadanos sin relación alguna con el jefe del ministerio público se han ofrecido a colaborar, ya que consideran que esta fianza es desproporcionada e injusta, según señalan en su entorno. Pero García Ortiz no ha querido implicar a nadie en el pago, aunque asegura estar “profundamente agradecido ante tantas nuestras de afecto y solidaridad”.

Para calcular la cifra de 150.000 euros, el juez tuvo en cuenta una posible indemnización a González Amador y “otras responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse, como costas o la multa contemplada para el delito de revelación de secretos”, a pesar de que el Tribunal Constitucional declaró expresamente hace dos años que era inconstitucional incluir esa multa en el cálculo. Varias fuentes jurídicas señalan, además, que la cifra impuesta por el instructor es muy superior a la indemnización media en los delitos de revelación de secretos. En 2015, por ejemplo, el Supremo condenó a varios jóvenes de un municipio gallego por acceder al móvil de una joven y difundir un video íntimo y les obligó a indemnizarla con entre 3.000 y 20.000 euros tras considerar probado que ella tuvo que cambiar de casa y sufrió daño psíquico “de carácter permanente”.

No obstante, González Amador reclamaba 300.000 euros, el doble de la cantidad que ha acordado Hurtado, por lo que la defensa del empresario ha recurrido ante el juez para que incremente la fianza. Según la pareja de Ayuso, la revelación del correo electrónico enviado por su abogado a la Fiscalía en el que admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponía un pacto que le librara de entrar en prisión, le han causado “lesiones procesales” y “daños extraprocesales personales, familiares, profesionales y empresariales son continuos durante ya más de 550 días”.

“Jamás ha existido en nuestro sistema jurídico y constitucional una vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano tan intensa, lesiva y significativa derivada del comportamiento del entonces fiscal general del Estado”, sostiene el abogado de González Amador, que culpa al fiscal general de que dirigentes políticos y parte de la opinión pública se refieran a él como “defraudador confeso”.