La estrategia de Abascal: agitar el miedo a los migrantes para ganar voto femenino y explotar las contradicciones de Feijóo

Hacía dos meses que el líder de Vox, Santiago Abascal, no tenía ocasión de mantener un cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En este tiempo han pasado muchas cosas; entre otras, la peor ola de incendios forestales que ha sufrido España en tres décadas o la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado, un hecho sin precedentes que se confirmó la víspera del debate. Sin embargo, Abascal prefirió aprovechar toda la atención mediática que concentra la sesión de control al Gobierno para poner los focos en otro asunto: la amenaza para la seguridad de las mujeres que, según predica, supone la “inmigración irregular”.

El líder de Vox leyó el pasado miércoles en el Congreso una retahíla de titulares, publicados entre el 31 de agosto y el 9 de septiembre, con un denominador común: todos se referían a agresiones ―la mayoría sexuales― cometidas por extranjeros ―la mayoría marroquíes— contra mujeres. Aunque no mencionó su fuente, los titulares no procedían de ningún medio de información, aunque coincidieran en algún caso, sino de La Gaceta de la Iberosfera, el boletín de Disenso, la fundación que preside el propio Abascal. Esta es una técnica habitual de Vox: avalar sus opiniones con noticias difundidas por su aparato propagandístico y presentarlas como si fueran hechos contrastados.

Muchos de los sucesos citados por Abascal son ciertos, aunque algunos se encuadraban en la violencia de género, que Vox niega, como el del magrebí que intentó degollar a su mujer en su casa de Roquetas de Mar (Almería); o el hombre de 41 años que quedó con su expareja en un parque de Vitoria y la violó a plena luz del día. En algún caso, el órgano de Vox atribuyó la condición de inmigrante al agresor sin que esté acreditada y en otros la nacionalidad española a una víctima que es extranjera. Una de las noticias que mencionó Abascal es un completo bulo: ningún inmigrante ilegal subsahariano ha sido detenido en La Laguna por agredir a una canaria que salía del velatorio de un familiar, una noticia particularmente macabra que fue descrita con todo detalle por el boletín de Disenso y ha sido desmentida a EL PAÍS por un portavoz del Cuerpo Nacional de Policía en Tenerife.

En todo caso, la violación de una niña de 14 años por un marroquí de 17 interno en el centro de menores de Hortaleza (Madrid) en septiembre y la de una mujer de 21 años a manos de un refugiado maliense en Alcalá de Henares, a finales de junio, han servido a Vox para arrancar el curso alentando protestas ante las instalaciones que acogen a inmigrantes.

Un año después de abandonar los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia, el partido ultra ha escalado en las encuestas, hasta encaramarse por encima del 17% en las últimas de 40dB. y el CIS, cinco puntos más de los que tenía en el verano de 2024. El pretexto esgrimido por Vox para aquella abrupta salida de los ejecutivos de coalición con el PP fue que los populares aceptaron el reparto no obligatorio de unos pocos centenares de menores inmigrantes varados en Canarias, pero la razón de fondo fue intentar frenar, con un golpe de efecto, el imparable declive del partido ultra, que seguía cayendo en los sondeos tras haber perdido 19 escaños en las elecciones de julio de 2023. Se trataba de volver a la calle y recuperar el voto protesta, que en las elecciones europeas le había robado el activista ultra Alvise Pérez, olvidándose de la imagen de partido de gobierno que había querido vender Abascal cuando se presentaba flanqueado por los cuatro vicepresidentes autonómicos de Vox, como si el presidente de todos ellos fuera él y no el de la comunidad autónoma respectiva de cada uno.

Según fuentes de Vox, la salida de los gobiernos la decidió el líder del partido con el reducido sanedrín que le rodea: el secretario general, Ignacio Garriga; el jefe de Gabinete, Enrique Cabanas; Gabriel Ariza, hijo del patrón mediático de Vox, Julio Ariza; y Kiko Méndez-Monasterio, socio del anterior. Los dos últimos pasan por ser los hombres más poderosos del partido, aunque no forman parte de sus órganos de dirección. En la reunión del Comité Ejecutivo Nacional que ratificó la decisión, el entonces vicepresidente valenciano, Vicente Barrera, se quejó de que se tirase por la borda el trabajo desarrollado en las autonomías; mientras que su homólogo castellano-leonés, Juan García-Gallardo, advirtió de que ese paso no tenía marcha atrás.

Abascal había diseñado la entrada en los ejecutivos autonómicos como primer paso para formar un Gobierno de coalición con el PP a nivel nacional. Una vez que los resultados electorales hicieron imposible que fuera el vicepresidente del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, la presencia en los ejecutivos autonómicos perdió interés, alegan fuentes de su entorno.

La oportuna salida de los gobiernos autonómicos le ha ahorrado, además, el desgaste que habría supuesto afrontar la catastrófica dana desde la dirección de emergencias del Gobierno valenciano de Carlos Mazón; o responder a las críticas por la falta de prevención en los bosques de Castilla y León con uno de los suyos al frente de la consejería de desarrollo rural. “Hace 12 meses decían que aquella decisión iba a ser el fin de Vox y se va a volver a demostrar que tenemos una fuerza extraordinaria”, proclama ahora un Abascal ufano.

Aquella salida autonómica coincidió con otra a nivel europeo que no le fue ajena: Vox abandonó el grupo de los conservadores y reformistas (ECR), que lidera la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para pasarse al nuevo grupo Patriotas, promovido por el húngaro Viktor Orbán. Ambos son ultras, pero el primero es atlantista y el segundo un ‘submarino’ de Putin; uno participa plenamente en el Parlamento Europeo y el otro está sometido al cordón sanitario; uno acepta el pacto europeo de migración y asilo y otro abona la teoría xenófoba del ‘gran reemplazo’.

La ruptura de los gobiernos autonómicos no fue solo una reacción coyuntural, sino una jugada a largo plazo. Abascal, aseguran quienes le rodean, está convencido de que es solo cuestión de tiempo que la ola reaccionaria que ha triunfado en EE UU y buena parte de Europa llegue a España. Aunque lo haga con retraso, como ya sucedió en 2018. Una vez agotado el procés catalán, el rechazo a la inmigración es el nuevo combustible que necesita para crecer.

La estrategia parece estar funcionando. Según las encuestas, Vox es ya el primer partido en intención de voto entre los electores de 18 a 44 años. Pero sigue teniendo un enorme hándicap: se le resiste el electorado femenino. Solo el 13,1% de las mujeres tiene intención de votarle, frente al 22,3% de los hombres. Si solo pudieran votar los varones (como sucedía en España hasta la Segunda República), Vox ya sería el primer partido en intención de voto, siempre según la encuesta de 40dB.

Abascal, que atribuye el rechazo de las mujeres a la imagen machista de su partido que difunden los medios de comunicación, a su juicio distorsionada, ha intentado blindar ese flanco con figuras femeninas como la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, hasta ahora con escaso éxito. La fórmula para seducir a las mujeres pasa por presentar a Vox como el único partido que las protege de los inmigrantes irregulares, especialmente los magrebíes, a los que señala como culpables del aumento de las agresiones sexuales.

No es una idea original. Abascal la ha copiado de otros partidos de ultraderecha, como Alternativa por Alemania (AfD) o el Reagrupamiento Nacional francés, pero Vox tropieza con dos obstáculos: su carácter ultraconservador y su rechazo del feminismo, que hace poco creíble su defensa de la mujer; y el hecho de que España no haya una psicosis como la que se desató en Alemania tras las agresiones sexuales de la Nochevieja de 2015 o en el Reino Unido a raíz del asesinato de tres niñas de 2024. Al menos hasta ahora.

Además de atraerse al electorado femenino con un mensaje paternalista ―Abascal habla de “nuestras mujeres” o “nuestras hijas”― su objetivo es desgastar al PP. El líder de Vox no pierde ocasión de meter el dedo a su todavía aliado en muchos ayuntamientos e intentar explotar las contradicciones de Feijóo, que un día asume su discurso antiinmigración y otro tacha sus propuestas de ilegales. En las comunidades autónomas donde los populares han pactado presupuestos con los ultras han cedido a su exigencia de negarse a acoger inmigrantes e incluso cerrar un centro de menores, como en Murcia. Cada vez que el PP da un paso para acercarse a Abascal, este se felicita de que haya abrazado sus postulados para, a continuación, asegurar que la fe de los conversos no es creíble y dar una nueva vuelta de tuerca; proponiendo, por ejemplo, hundir el barco de Open Arms, la ONG que recoge inmigrantes en alta mar.

La nueva hostilidad de Vox hacia el PP se ha trasladado a los juzgados: mientras la querella por “homicidio imprudente” que presentó por la dana se dirigía exclusivamente contra Pedro Sánchez y sus ministros, exculpando a Mazón de cualquier responsabilidad, la que ha presentado ahora por los incendios forestales no solo acusa al Gobierno central sino también a los presidentes de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias. Los tres primeros son barones populares y ninguno de los tres ha pactado sus presupuestos con Vox.

En un escenario político de alto voltaje, donde el improperio y la descalificación personal han sustituido al intercambio de argumentos, Vox compite con el PP elevando varios decibelios el volumen de sus insultos, para que no haya duda de quién se opone con mayor dureza al Gobierno. El líder ultra terminó su pregunta parlamentaria del miércoles tachando a Sánchez de “corrupto, traidor e indecente”. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ordenó que se borrasen esas palabras del acta. No las podía borrar de las redes sociales donde Vox ya las había difundido.