La Fiscalía se opone a que la UCO analice siete años de ‘mails’ de Begoña Gómez: “Es una decisión desmesurada”

La Fiscalía considera “absolutamente desmesurada” la decisión del juez Juan Carlos Peinado de reclamar una copia de todos los correos electrónicos que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, envió y recibió desde su cuenta oficial de La Moncloa desde julio de 2018 hasta la actualidad. El Ministerio Público ha recurrido la medida que, asegura, “adolece de la más elemental motivación”. “Qué estamos buscando con la adopción de esta medida? No podemos estar de acuerdo, ya que se están vulnerando derechos fundamentales y la propia ley procesal”, señala la Fiscalía en el escrito que ha presentado ante la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La Fiscalía coincide con el argumento de la defensa de Gómez, que también ha impugnado la petición del juez, que pretende recabar siete años de correos de la esposa del presidente para que sean analizados por la Unidad Centrar Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la investigación abierta por su trabajo como codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según el abogado de Gómez, la petición del juez no concreta los indicios que le llevan a exigir los mails Gómez, en contra de los requisitos que exige la ley para adoptar una medida que afecta de una forma “tan intensa” a un derecho fundamental como es el secreto de las comunicaciones.

Este mismo reproche al juez lo hace también la Fiscalía en su escrito, en el que advierte de que el juez ha quebrado “el deber de motivación de las resoluciones judiciales”. Según el fiscal, Peinado no plasmó en su resolución las razones que le llevan a adoptar esa medida y la finalidad que persigue, preceptivas para adoptar una decisión de esta índole, ni se ha analizado su proporcionalidad.

En su escrito, el fiscal cuestiona también la decisión del juez de atribuirle a Gómez un delito de malversación, el último que ha sumado el instructor a la lista de delitos que atribuye a la esposa del presidente y el que, supuestamente, ha motivado la solicitud de sus correos. “La investigación en torno a este delito debiera ser lo único que se pretendería analizar, aunque parece que de un modo u otro se está investigando absolutamente todo lo relacionado con una persona y con un periodo de más de siete años”, censura el fiscal, que se pregunta: “Es proporcional de acuerdo con los criterios expertos recabar y analizar todos los correos electrónicos enviados y recibidos? ¿Todos? ¿Todos los correos están relacionados con el delito investigado?“.

”Estamos sin duda ante una decisión absolutamente desmesurada en su alcance pretendido. Todos los corros electrónicos enviados y recibidos a lo largo de más de siete años; sin filtro de búsqueda, o sin relación determinada a indagar, ni acotamiento temporal ninguno. ¿Qué estamos buscando con la adopción de esta medida?“, advierte la Fscalía.

El titular del Juzgado 41 de Madrid investiga a Gómez por su trabajo como codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero a lo largo de la instrucción ha ido añadiendo hechos y delitos que atribuye a la esposa del presidente del Gobierno, a la que ya investiga por tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, el último delito en sumarse a la lista y que el titular del Juzgado 41 de Madrid vincula a la contratación de la asesora de Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez, también imputada.