Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Loja a tener un número mínimo de bomberos de guardia: de dos, en la actualidad, a seis

Sin reglamentación que establezca el número mínimo de bomberos de guardia en cada localidad, un juzgado de Granada ha encontrado el documento más cercano a una norma de obligado cumplimiento para los ayuntamientos: el plan de prevención de riesgos laborales. En Loja, Granada, el servicio de extinción de incendios y salvamento cubre ocho municipios que acogen a algo más de 47.000 personas en casi 1.000 kilómetros cuadrados. Para ello, hay un equipo de 15 bomberos y un mando. Vacaciones, libranzas, bajas y enfermedades dejan con frecuencia el cuerpo reducido a tres efectivos que a veces son dos. Tras una denuncia de un trabajador por las ausencias, una jueza ha encontrado que el plan de riesgos laborales del servicio de bomberos lojeño marca un tren de salida de los bomberos ―el equipo mínimo que ha de actuar en cada incidente― de seis efectivos. La sentencia, emitida este lunes y recurrible hasta el viernes, obliga al Ayuntamiento de Loja a garantizar un mínimo de seis bomberos en todo momento, como retén básico.

El pasado 6 de diciembre, por ejemplo, se produjo un incidente que comprometió la vida de los bomberos de guardia y la de las personas en el interior de un edificio que comenzó a arder. Al aviso de incendio en un bloque de tres plantas, según recoge la sentencia, acudieron únicamente dos bomberos, sin más refuerzos ni mando. Una mujer que estaba en una de las viviendas falleció. La jueza, en cualquier caso, no entra a valorar la causa del fallecimiento ni lo imputa a la escasez de efectivos.

En el juicio que ha dado lugar a la sentencia, el abogado del cuerpo, Jorge García Fernández, interrogó al sargento de los bomberos lojeños sobre si él hubiera entrado a ese edificio con solo dos personas. “No, yo no hubiera intervenido”, dijo. La realidad es que a los dos que estaban de guardia en aquel momento, sin nadie más al mando y sin apoyo, no les quedó otra opción que entrar ―“con la única guía de la manguera para encontrar la salida”, recuerda el letrado― aunque no pudieron hacer nada por la señora fallecida.

El plan de prevención del servicio de bomberos de Loja establece que cada intervención en un siniestro debe constar, como mínimo, de un equipo de intervención de dos personas, otro similar de apoyo ―el llamado equipo SOS, que respalda a quienes están en el interior de una vivienda en llamas, por ejemplo―, un mando y un bombero a cargo del camión bomba. Como Loja tiene bajo su control un túnel por el que circula el AVE, cualquier intervención en él, siempre según el plan de prevención, requiere el doble de personas y equipos: dos de intervención, dos de apoyo, dos mandos y tantos responsables de camiones bombas como sean necesarios. Las seis personas de cualquier actuación ordinaria deberían ser entonces de once en adelante.

El alcalde de Loja y senador popular, Joaquín Camacho, ha explicado a este diario que van a recurrir la sentencia “porque no hay ninguna ley que estipule claramente el número de efectivos mínimos que debe tener el servicio de bomberos en los ayuntamientos o en los consorcios provinciales”. También, asegura, porque creen que con los recursos de los que disponen, y los tres bomberos por turno, “se puede seguir de forma ordinaria”. “Y si surge un problema mayor o una necesidad de refuerzo de la plantilla por una situación extraordinaria de emergencia, hay protocolos de actuación para activar a tantos bomberos sean necesarios”, agrega. Camacho recuerda, además, que antes había dos bomberos por turno que se subieron a tres por acuerdo de Pleno del municipio.

Para el alcalde de Loja, otro elemento fundamental es la disponibilidad presupuestaria: “Nosotros podemos llegar hasta los tres bomberos por turno”. Esta sentencia, que está dictada por un juzgado de lo social porque se trataba de incumplimientos de carácter laboral, dice, sin embargo, que “el Ayuntamiento de Loja, como empleador público, está obligado a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores del SPEIS [Servicio de Bomberos], debiendo adoptar las medidas necesarias para asegurar la dotación mínima de efectivos establecida en el Plan de Prevención, y no puede justificar su incumplimiento en razones presupuestarias o de organización interna”.

Miguel Camacho, bombero y representante sindical de CSIF, es quien interpuso la demanda. Para él, “esta sentencia es pionera y marca un camino a seguir al establecer los planes de prevención como norma de referencia sobre los mínimos en los parques de bomberos”. En el caso de Loja, este plan lo realizó una empresa externa. Otros ayuntamientos de mayor tamaño tienen, sin embargo, personal propio para desarrollar ese documento. Este bombero recuerda también que salieron a “unos 600 partes de intervención anual”, una cifra elevada para un equipo reducido como el suyo.

En la misma provincia de Granada, el Ayuntamiento de Motril optó por la otra medida posible: un acuerdo con sus trabajadores. Hace unos años ayuntamiento y bomberos alcanzaron un “acuerdo regulador” ―el equivalente a convenio colectivo en las administraciones públicas― que establecía en siete el número mínimo de efectivos disponibles. Según el abogado García Fernández, que también llevó aquel caso, se incumplió el acuerdo “aduciendo razones presupuestarias” y fue un juzgado quien tuvo que obligar al municipio a acatar, recordando también, como ahora, que esa no es una justificación válida. Ahora, dice, en todo momento hay siete personas al pie del cañón en Motril.

Así, en ausencia de una norma nacional o europea que fije el número mínimo de bomberos, solo quedan dos vías para acordar esa cifra: un acuerdo entre ayuntamientos y profesionales de la extinción de incendios o, si la sentencia de Loja se consolida, la referencia obligatoria al Plan de Prevención y la cifra de efectivos que este establezca que han de participar en cada intervención.