El Gobierno impugna el veto de PP y Vox a las celebraciones islámicas en Jumilla

El Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que anule el acuerdo sobre el uso de las instalaciones municipales deportivas, que impide la celebración de los dos grandes rezos colectivos de la comunidad musulmana de la localidad, porque entiende que atenta contra la libertad religiosa, según confirman a EL PAÍS fuentes del Ejecutivo. En el texto, enviado al Consistorio este lunes, se pide la anulación de la medida en el plazo de un mes. De lo contrario, la Delegación del Gobierno en la región ha advertido que el siguiente paso sería que la Abogacía del Estado llevara dicho acuerdo a los juzgados de lo contencioso-administrativo.

Desde el Ayuntamiento, que lidera Seve González (PP), han adelantado al diario murciano La Verdad que pretenden acelerar un informe jurídico y técnico donde se refleje la legalidad de la moción que salió adelante el 28 de julio. Y, si los técnicos determinaran que la medida no cumple con el ordenamiento jurídico, la anularán. El Consistorio no ha respondido a las preguntas de este diario sobre el mencionado informe, si bien su alcaldesa aseguró en una entrevista con EL PAÍS que ningún técnico municipal había puesto pega alguna a la medida cuando se llevó al Pleno, tampoco su secretaria municipal.

El 28 de julio, una semana antes de que comenzara el debate de los Presupuestos municipales en Jumilla —para los cuales la abstención de Vox resultaba clave—, el Pleno aprobó una enmienda del PP a una moción del partido ultra que impide en la práctica la celebración de las dos grandes fiestas musulmanas en este municipio de 27.200 vecinos, de los que se estima que 1.500 profesan esa religión. Una medida inédita, pues el título que se aprobó alude directamente a la religión islámica: “Sobre la defensa de los usos y costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas, como la Fiesta del Cordero y modificación del reglamento de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas municipales”.

Se trata del rezo colectivo del fin del Ramadán —el Aid el-Fitr— y el que se hace dos meses después, con motivo de la Fiesta del Cordero. Los dos se habían llevado a cabo al menos en los últimos cuatro años en el polideportivo municipal de Jumilla y es ahí donde el partido ultra encontró una llave para alentar un debate que poco tenía que ver con las funciones del recinto, sino que buscaba prohibir “actos ajenos a la identidad del pueblo”.

“La normativa permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, de manera que las razones objetivas esgrimidas no se sustentan”, se lee en el texto redactado por el Gobierno. La medida aprobada en el Ayuntamiento y que se encuentra en tramitación, contempla prohibir cualquier acto no deportivo en las instalaciones municipales deportivas o aquellos que no organice el propio Consistorio.

Para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la enmienda aprobada en Jumilla esconde una “verdadera intención discriminatoria”, pues según argumentan, “se puede observar tanto en el texto original como en las declaraciones del portavoz de Vox, que se ha jactado de prohibir festividades musulmanas”. Y concluye que “estamos ante una nueva vulneración de derechos y libertades fundamentales por parte de gobiernos locales y autonómicos de la derecha y la ultraderecha, donde tiene que intervenir el Gobierno de España en favor de la Constitución”.

El requerimiento lanza una advertencia que va más allá del municipio y apunta directo al partido ultra y sus acuerdos con el PP: “Combatiremos política y jurídicamente cualquier iniciativa que intente ir minando los derechos y libertades e introducir a España en una dinámica autoritaria, en línea con otros países donde la ultraderecha ha ocupado posiciones de gobierno”.

No es la primera vez que el Gobierno busca anular una medida de un Gobierno regional. De hecho, tras el requerimiento de este lunes a Jumilla, el Ejecutivo ha señalado: “Ya impedimos la legalización del chantaje emocional a las mujeres que deseaban abortar en Castilla y León, o la censura en las aulas en Murcia”.

En el caso de Castilla y León, el Gobierno central trató de frenar en 2023, también mediante esta estrategia jurídica, el protocolo con el que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP) quería instar a los médicos a ofrecer a las mujeres embarazadas que buscaban abortar la posibilidad de escuchar antes el latido del feto, una ecografía en 4D (de imagen en movimiento) y recibir asistencia psicológica. Y una medida similar buscó retirar el llamado pin parental en 2020, mediante el que se pretendía que los padres tuvieran que expresar su consentimiento explícito para que sus hijos asistieran a cualquier tipo de actividad programada por el centro.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha insistido en sus cuentas de redes sociales: “Frente a la deriva extremista de PPVox, defendemos la Constitución, los derechos y la libertad religiosa. Frenaremos sus medidas ultras, como hicimos ante trabas al aborto en Castilla y León o la censura en Murcia”.