El Supremo cita a declarar a Alvise por la supuesta financiación ilegal de su partido

El eurodiputado y agitador ultra Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, tiene una nueva cita en el Tribunal Supremo. El magistrado Julián Sánchez Melgar le ha citado a declarar como imputado para el próximo 11 de julio dentro de la causa en el que se le investiga por supuesta financiación irregular de su agrupación electoral Se Acabó la Fiesta (SALF), según una providencia hecha pública este martes.

Ese mismo día, pero una hora más tarde, debe comparecer también como investigado el empresario Luis Romillo, conocido en las redes como Luis Cryptospain, quién aseguro haber dado al agitador ultra 100.000 euros para la campaña de las elecciones europeas de 2024, en la que su formación obtuvo 800.000 votos y tres escaños.

Esta es la causa abierta en el Supremo en la que se le investiga por delitos más graves: financiación ilegal de partido, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la financiación electoral.

En la exposición razonada enviada al Supremo por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, señaló que durante la investigación que él había iniciado sobre Romillo se había evidenciado que Alvise solicitó supuestamente la colaboración de este para crear una wallet (monedero de criptoactivos) con objeto de recibir donaciones anónimas destinadas a sostener los gastos de la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024. El empresario, según el juez, abrió el monedero virtual y entregó los 100.000 euros a Alvise con la intención de que él, posteriormente, pudiera actuar en distintos foros publicitando tanto su plataforma bancaria Sentinel como la mercantil Madeira Invest Club.

Alvise ha acudido en las últimas semanas a declarar otras dos veces al Supremo por sendas causas. En una de ellas se investiga al agitador ultra por difundir una supuesta prueba falsa de covid del presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad Salvador Illa. En la segunda, por varios mensajes lanzados a través de la aplicación Telegram contra la fiscal de Odio de Valencia, Susana Gisbert, y que, según el alto tribunal, pueden constituir un delito de acoso.

En el caso que afecta a Illa, Alvise alegó ante el magistrado que él se limitó a reenviar una imagen que llevaba mucho tiempo circulando por internet y que lo hizo sin “mala fe”, pese a que la Fiscalía considera que la imagen la confeccionó él. En el caso de los mensajes contra la fiscal ―que incluían datos personales de esta― esgrimió que los difundió dentro de la “crítica política”.

El alto tribunal ya rechazó abrir una cuarta causa contra el agitador ultra por un presunto delito de desórdenes públicos en relación con las protestas contra la ley de Amnistía que tuvieron lugar en noviembre de 2023 en las inmediaciones de la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. En este caso el Supremo consideró que “no resultan elementos necesarios y suficientes para determinar la instrucción de una causa penal por los hechos relacionados en la misma”. No obstante, la Sala Penal del alto tribunal aún tiene que decidir si le abre también causa por, al menos, otras tres denuncias que tiene sobre la mesa.