La asociación conservadora de fiscales pide a García Ortiz que se abstenga de nombrar a un nuevo fiscal de delitos contra la Administración

La Asociación de Fiscales (AF), de tendencia conservadora y la de mayor representación en la carrera fiscal, ha pedido este lunes al fiscal general, Álvaro García Ortiz, que se abstenga de proponer al nuevo fiscal de sala encargado de delitos contra la Administración, un nuevo cargo surgido del plan de regeneración aprobado en septiembre pasado por el Consejo de Ministros. La asociación mayoritaria reclama a García Ortiz que se aparte de esta elección al entender que ese nuevo cargo tendrá que intervenir en la causa abierta al jefe del ministerio público en el Tribunal Supremo por una supuesta revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e imputado por fraude fiscal.

La designación de ese nuevo fiscal de sala (la máxima categoría en la carrera) está prevista en un Consejo Fiscal que se celebrará este martes, y es una potestad del fiscal general, aunque tiene que escuchar previamente la opinión de todos los miembros de ese órgano. A esa plaza se han presentado seis candidatos: los fiscales del Supremo Álvaro Redondo y Rafael Escobar; el fiscal de Tribunal de Cuentas Carlos Castresana; la fiscal anticorrupción Concepción Sabadell; la fiscal de Madrid Virna Alonso; y Emilio Sánchez Ulled, que ha llevado varios asuntos muy mediáticos en Cataluña, como el caso Palau o el del 9-N. El fiscal general no ha revelado todavía quién es el candidato al que pretende proponer, pero la asociación mayoritaria de la carrera ya ha advertido de que se opondrá a que García Ortiz designe a ninguno de ellos.

Fuentes del ministerio público descartan que el fiscal general vaya a apartarse de ese nombramiento porque considera que las razones que alega la AF carecen de fundamento. Según sostiene esta asociación en una carta abierta al fiscal general difundida este lunes, varias normas establecen que es una causa de abstención el hecho de “tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél” y, para la AF, García Ortiz “tiene un interés personal” en el nombramiento de esa plaza porque a quien la ocupe le corresponderá “la coordinación de la actuación del Ministerio Fiscal” en la causa que tramita el Supremo contra él y “puede adoptar decisiones interpretativas, entre otros, del delito de revelación de secretos”.

Fuentes de la Fiscalía argumentan, sin embargo, que este nuevo fiscal de sala será el coordinador de una unidad especializada y no tendrá función jurisdiccional, por lo que no participará en las instrucciones de los casos ni en los juicios, igual que ocurre con los fiscales de sala de seguridad vial medioambiente o menores. Según estas fuentes, el papel de la Fiscalía en la causa abierta contra García Ortiz seguirá ejerciéndolo su número dos, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y descartan que, como señala la asociación mayoritaria, esta vaya a estar a partir de ahora sometida a las directrices que marque el nuevo fiscal de sala.

Aunque la exigencia de la AF no tenga visos de fructificar, la carta difundida por esta asociación ya anuncia que el de este martes será de nuevo un Consejo Fiscal marcado por el enfrentamiento del ala más conservadora de la carrera con García Ortiz. Esta asociación se ha opuesto desde el principio a la creación de la nueva fiscalía especializada en delitos contra la adminsitración pública, así como a la específica sobre delitos económicos cuya creación también prevé el plan de regeneración del Gobierno y cuyo responsable también se elegirá en esta reunión. Las fuentes consultadas consideran que, en este caso, el elegido será Fernando Rodríguez Rey, que ya es fiscal de sala de delitos económicos.

Aunque esta unidad no haya existido hasta ahora como tal, sí había ya fiscales especializados en estos asuntos en varios tribunales autonómicos y Rodríguez Rey es el encargado de su coordinación. La nueva unidad se centrará en delitos fiscales y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, y el objetivo es que se encargue de crear una red de fiscales delegados en todas las provincias y unificar sus criterios de actuación. La unidad de delitos contra la administración pública, por su parte, será la encargada de delitos como la malversación, el cohecho o la prevaricación, algunos de los tipos penales más habituales en las causas de corrupción que tienen su origen en gobiernos autonómicos, provinciales y municipales.

Anticorrupción

Desde que se anunció la creación de ambas, un sector de la Fiscalía ha mostrado su oposición al interpretar que su labor se va a solapar con la de la Fiscalía Anticorrupción, la fiscalía especial dirigida por Alejandro Luzón que se encarga de investigar los grandes casos de corrupción. Desde el ministerio público se ha defendido desde el principio que son órganos diferentes y que Anticorrupción seguirá encargándose de esos grandes casos, mientras que las dos nuevas unidades están diseñadas pensando, sobre todo, en los casos pequeños que tienen su epicentro en gobiernos municipales o diputaciones provinciales y que escapan a las competencias de Luzón.

La diferencia entre estas unidades y Anticorrupción es que esta última tiene labor jurisdiccional, es decir, los fiscales que la integran se encargan de investigar y ejercen la acusación en los juicios. Su labor se centra en los grandes casos de corrupción, causas de especial trascendencia que les encomienda el fiscal general, mientras que, según el Gobierno y la Fiscalía, las nuevas unidades pondrán el foco en causas más pequeñas que quedan fuera de Anticorrupción, pero que merecen una atención especializada y muy implantada en los territorios. El fiscal de sala y los fiscales adscritos que coordinarán el trabajo desde la Fiscalía General, al contrario de los de Anticorrupción, no ejercerán labores jurisdiccionales.