El Congreso planea llevar a Cospedal a la Fiscalía por negar la Operación Cataluña

Después de tres horas de comparecencia de Dolores de Cospedal en la comisión de investigación en el Congreso de la Operación Cataluña, montada presuntamente por la cúpula del Ministerio de Interior de los gobiernos de Mariano Rajoy para espiar a rivales independentistas, a los diputados presentes les quedó clara la estrategia de la exministra y ex secretaria general del PP en aquellos años: negarlo todo y cuestionar la veracidad y buena custodia de las grabaciones que la implican en aquella trama parapolicial. No es la única señalada que ha seguido esa táctica en la citada comisión. Pero la mayoría de los partidos representados en el Congreso no cejan y van a volver a citar a Cospedal y al exministro del Interior más afectado, Jorge Fernández Díaz, y además estudian la presencia de los expresidentes Rajoy y José María Aznar, porque mantienen que las conversaciones que los implican son irrefutables y han concluido que han mentido en sus comparecencias ante el Congreso, por lo que quieren que la Fiscalía actué al respecto.

La primera parlamentaria que interrogó a Cospedal el lunes de la semana pasada en el seno de la comisión de investigación de la Operación Cataluña fue Ione Belarra, la secretaria general de Podemos, que no se anduvo por las ramas. Le recordó de partida lo que estipula la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en su artículo 502.3: “El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses”. Y luego lo que significa el artículo 3.2 de la ley orgánica 5/1984, de 24 de mayo, de comparecencia ante las Comisiones de Investigación del Congreso y del Senado o de ambas Cámaras, que fija por su parte: “Si de las manifestaciones del compareciente se dedujeran indicios racionales de criminalidad para alguna persona, la comisión lo notificará así a la Mesa de la Cámara para que esta, en su caso a través de la presidencia respectiva, lo ponga en conocimiento del ministerio fiscal”.

Belarra lamentó, sin embargo, la falta de actuación hasta ahora del juez que llevó el caso años en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, y de la Fiscalía, y remachó su teoría de que “si España fuese una democracia plena, que no lo es”, Cospedal tendría ya antecedentes penales.

Ese escenario es exactamente lo que están tratando ahora los partidos que conforman la actual mayoría del Congreso y de la citada comisión sobre el testimonio recogido en la citación de Cospedal, pero también de otros comparecientes. El día que fue llamada la ex número dos del PP durante una década aparecieron en la emisora RAC1, del grupo Godo, una serie de audios de una larga conversación de hora y media de la exministra de Defensa con el polémico comisario jubilado José Manuel Villarejo en donde se interesaba por una serie de adversarios políticos, independentistas catalanes, para perjudicarles.

En la comisión no se reprodujeron esas grabaciones, salvo un tibio intento de la portavoz de Sumar, Aina Vidal, pero todos los portavoces aludieron repetidamente a las mismas, porque reflejan de manera muy palmaria el interés de aquel Gobierno, de su ministro del Interior, Jorge Fernández, y de su ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, por encontrar escándalos que pudieran perjudicar a adversarios políticos independentistas, pero también a Pablo Iglesias, entonces líder de Podemos y candidato a gobernar con el PSOE de Pedro Sánchez, y a la familia del actual presidente.

Cospedal negó prácticamente todo. Solo admitió que se pudo haber encontrado con Villarejo para recabar “información útil” para su partido un par de veces al año durante esa década, aunque no precisó el número exacto de citas, que osciló entre seis, ocho o una decena. Luego concedió que Villarejo había entrado en la sede del PP por el garaje porque solía ir en coche y afirmó que de todos esos contactos, muchos con su exmarido presente, Ignacio López del Hierro, que no tenía cargo alguno ni en su partido ni en el Gobierno, apenas extrajo datos relevantes porque casi todo lo que le contaba ya había sido publicado por distintos medios. Cospedal, además, alegó que ni entonces ni más tarde, cuando EL PAÍS y otros medios tuvieron acceso a sus comprometidas charlas con Villarejo, ni ahora, que se han vuelto a exponer, ha querido escuchar esas conversaciones y a preguntas de este periódico remachó: “Ni lo pienso hacer ahora, no las voy a oír, porque no confío en su veracidad y sí, pienso que están manipuladas”. También asumió que tendrá que volver a la comisión y argumentó que entonces, cuando se vio con Villarejo, no sabía lo que ahora conoce sobre su falta de credibilidad.

El presidente de la comisión de investigación, Arnau Ramírez, ha mantenido contactos con los portavoces de varios partidos, del PSOE, EH Bildu, ERC, Junts y PNV para valorar si procede volver a llamar a Cospedal a la sala y poner en contradicción sus testimonios o mentiras con las mencionadas grabaciones, pero sobre todo para sondear si están de acuerdo con hablar con la Presidencia del Congreso para remitir las declaraciones de la ex secretaria general del PP a la Fiscalía, como prevé la ley. Y ha comprobado que dispone de mayoría en la Mesa de la comisión para llevar a cabo esa decisión. El asunto se abordará ahora en la próxima reunión de esa Mesa, que se celebrará el próximo lunes 14 de abril, justo cuando está prevista la comparecencia de la exvicepresidenta del Gobierno de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, entonces al mando del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

En febrero de 2021, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el archivo de una denuncia presentada por Podemos contra el expresidente Aznar en la que se lo acusaba de mentir en 2018 en una comisión de investigación del Congreso sobre varios asuntos, incluida la presunta financiación ilegal del PP, por considerar que se limitó a cuestionar sus palabras “cuando en realidad debería haber presentado prueba documental o testifical que afirme lo contrario”.