La ‘comisión Kitchen’ evidencia la relación histórica del juez Enrique López con el PP

¿Amigos o conocidos? ¿Mediación interesada o contacto casual? La sesión de este miércoles de la comisión parlamentaria de investigación de la Operación Kitchen, sobre un trama ilegal montada desde el Ministerio del Interior del Gobierno del PP para tapar escándalos de ese partido, se centró en la práctica durante varias horas en intentar averiguar por qué el entonces juez de la Audiencia Nacional, Enrique López, y hoy relevante político popular en la Comunidad de Madrid, presentó a un empresario amigo suyo y de Luis Bárcenas al abogado que llevaba su causa en ese partido. No hubo ocasión pese a que la pregunta se formuló una veintena de veces en distintos formatos. No se logró esclarecer la razón de ese encuentro o de esa mediación producida en 2016 del ahora consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la popular Isabel Díaz Ayuso cuando la causa Bárcenas llevaba ya varios años abierta y el extesorero nacional del PP estaba imputado, pero libre, a la espera de juicio.

Enrique López compareció en la comisión de investigación del Congreso y fue cuestionado con dureza por varios portavoces. Luego reconoció que se sintió bastante incómodo y esa fue la sensación que transmitió en la sala. Especialmente durante el interrogatorio al que le sometió el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que llegó a amenazarlo con emprender acciones legales basándose en el artículo 500.3 del Código Penal, que obliga a no mentir en este tipo de comisiones.

Felipe Sicilia, portavoz del PSOE, fue el que más incidió en intentar saber por qué un juez en ejercicio entonces al frente de la sección II de la Audiencia Nacional como Enrique López, con buenas conexiones con el PP y cargos judiciales propuestos por ese partido desde hace 20 años, “puso en contacto” a su amigo el empresario Jesús de Diego con el abogado Jesús Santos, que llevaba la defensa del partido en la causa sobre Bárcenas.

El dirigente socialista no consiguió aclarar esa incógnita pese a su insistencia, pero sí evidenció como hicieron otros portavoces la proximidad y buena relación histórica de López con el PP. El ahora político madrileño entró en la carrera judicial en 1989 y empezó a acumular cargos y nombramientos a propuesta del PP desde 2001, primero en el Consejo General del Poder Judicial y luego en el Tribunal Constitucional.

Sicilia pretendía mostrar que López debía ser en aquel momento del contacto “un testigo privilegiado” por su conocimiento de la causa de la Gürtel en la Audiencia Nacional (fue recusado por falta de apariencia de imparcialidad en cinco piezas separadas de ese proceso), por su acceso a compañeros jueces de ese organismo y por su cercanía al PP. López lo negó todo, y aunque aceptó que tiene ideología, enfatizó que esta jamás le ha determinado ninguna decisión judicial.

El consejero madrileño justificó su actuación de 2016 en que los dos contactados “pertenecían” a su “círculo de conocidos de relación personal” y de su “ámbito privado”, pero “no amigos íntimos”. López precisó que fue el empresario el que pidió la cita, pero añadió que nunca le requirió para qué. “Lo podía presumir, pero al revés y siempre le puse de manifiesto que no quería saber nada”, añadió. A Rufián le matizó que no se consideraba “un intermediador”. El portavoz de Ciudadanos, el abogado del Estado Edmundo Bal, lo intentó con la táctica de subrayar “lo raro y extraño” de que dos personas cercanas a una causa judicial y con sus respectivos abogados recurrieran a López para ser presentados. No tuvo efectos.

El exjefe de gabinete de María Dolores de Cospedal, José Luis Ortiz Grande, se negó a colaborar con la comisión y no contestó a nada porque argumentó que ya declaró en sede judicial. Los portavoces de casi todos los partidos menos el del PP, Luis Santamaría, acusaron a Ortiz Grande de “mofarse” de la comisión y de la representación en la sede parlamentaria por escudarse detrás de sus intervenciones ante el juez que lleva la causa en la Audiencia Nacional.