La Guardia Civil admite que confundió dólares con pesos en el informe sobre una propiedad de Ábalos en Colombia

La Guardia Civil asume su error en el informe sobre el patrimonio de José Luis Ábalos en el que confundió el símbolo del dólar con el del peso colombiano al valorar una casa comprada en Colombia en 2003 por el exministro de Transportes. Ese documento, remitido al Tribunal Supremo en el marco de la investigación por la supuesta participación de Ábalos en una trama corrupta, atribuía al exministro la compra de una “finca con una vivienda en construcción” en el municipio de Tuluá valorada en 2,5 millones de dólares (2,1 millones de euros). Después de que ese documento se difundiera en muchos medios, el exdirigente socialista y su abogado advirtieron de que la operación se hizo en pesos. La Guardia Civil admite ahora que el precio real fueron 751 euros.

El oficio enviado este jueves por la UCO al magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo en el Supremo, zanja la confusión que levantó el informe sobre el patrimonio del exministro. La casa en Colombia era la principal novedad de ese documento, que atribuía también a Ábalos otras propiedades en Valencia y Madrid, tres coches y una moto. Los agentes han encontrado la documentación sobre esta vivienda en unos de los dispositivos intervenidos en el domicilio de Koldo García, asesor del exdirigente socialista, e incluyen en el informe una imagen del documento de compra firmado por Ábalos el 17 de octubre de 2003. A partir de ese documento, la UCO concluyó que el inmueble fue adquirido por 2,5 millones de dólares, cantidad que, convertida a euros en el momento de la transacción, serían 2.137.848,37 euros.

La Guardia Civil llega a esta cifra porque el documento de compraventa hallado en el ordenador de Koldo García recoge el siguiente concepto: “valor del acto: $2.500.000″. Sin embargo, el símbolo $, el del dólar, lo es también del peso colombiano. En Colombia, estas operaciones se tienen que hacer siempre en su moneda nacional y es práctica habitual en aquel país que las operaciones inmobiliarias se formalicen por un valor que oscila entre aproximadamente un 70% o un 80% inferior del real de compraventa.

Horas después de que se difundiera el informe de la UCO, el exministro aseguró que vendió el terreno en 2013 y que el precio al cambio de la época serían 8.000 euros. En la red social X, aseguró que se trataba “de un terreno rústico”, que vendió “sin construcción alguna”, aunque el informe de la UCO incluye fotografías de una casa. Este periódico ha podido confirmar que Ábalos vendió esa propiedad en 2013 por dos millones de pesos colombianos a un médico colombiano llamado Adalberto Aranda. Así consta en el certificado oficial de tradición y libertad del inmueble actualizado disponible en la Superintendencia de Notariado y Registro de ese país, informa Juan Esteban Lewin. Al deshacerse de esta propiedad, Ábalos perdió el 20% de su importe en pesos, a lo que hay que sumar que la inflación acumulada del peso colombiano de 2003 a 2013 fue de más del 59%.

La casa está ubicada en el corregimiento (una subdivisión administrativa de los municipios) La Moralia, el primer lugar del departamento del Valle del Cauca (uno de los más poblados y ricos del país, que tiene como capital a Cali) al que llegaron los grupos paramilitares que asolaron a Colombia hacia el cambio de siglo. En 1999 llegaron unos 50 hombres armados durante una celebración religiosa y mataron a dos personas, ocasionando el desplazamiento de un centenar. La compra de Ábalos se produjo pocos años después y antes de la desmovilización de esos grupos paramilitares (el Bloque Calima, el que actuó en ese lugar, operó hasta 2004).

Fuentes cercanas a la investigación aclararon a EL PAÍS que la información que los agentes manejan sobre el inmueble de Colombia fue obtenida en los dispositivos electrónicos intervenidos, pero que, al haber sido adquirido en 2003 ―es decir, mucho antes de 2019, que es el año a partir del cual se ha puesto el foco de la investigación patrimonial― no está previsto hacer nuevas indagaciones sobre el mismo, informa Óscar López-Fonseca. En este sentido, estas mismas fuentes recalcan que entre las diligencias que los investigadores han solicitado al juez en el informe no se ha incluido el envío de ninguna comisión rogatoria (petición de auxilio judicial) al país sudamericano. “Se incluyó porque apareció en la investigación patrimonial que el magistrado encargó, no porque se vaya a hacer más gestiones sobre él”, aclaran. Por ello, consideran que el supuesto error al hacer el cambio a euros del valor del inmueble es irrelevante para las pesquisas.

El juez reclama información a Caixabank y Hacienda

En ese informe, la UCO reclamaba al juez que les autorizara a acceder a información adicional sobre el exministro al margen de la disponible en fuentes abiertas, que es con la que se realizó el primer documento. En un auto dictado este jueves, el magistrado accede a esa petición y requiere a los agentes la información que conste en las bases de datos, desde enero de 2014, de Caixabank y la Agencia Tributaria sobre el exdirigente socialista y la Fundación Fiadelso, vinculada a Ábalos y su familia.

La intención del juez es comprobar si se han producido “ingresos irregulares” que pudieran corresponderse “con los cobros que se le imputan” relacionados con supuestas mordidas a cambio de beneficiar a determinadas empresas en adjudicaciones de compras y obras públicas. El instructor quiere también analizar las salidas de dinero “que de alguna forma pudieran justificar, por ejemplo, los gastos de reembolso” a Koldo García de las cantidades supuestamente anticipadas por este a Ábalos”.

El auto considera que “no hay otro modo de conocer estas realidades y, en esa medida, las diligencias interesadas resultan, a juicio del instructor, además de pertinentes, necesarias, útiles y proporcionadas en atención a la gravedad de los hechos delictivos que al investigado se atribuyen. También aparecen sujetas al principio de especialidad en la medida en que se orientan de forma inmediata a la averiguación de los precisos hechos que resultan objeto de la presente causa especial”.