El Congreso impulsa otra rebaja de la tasa de alcohol al volante a un máximo del 0,1

“Solo la tasa cero tiene cero consecuencias”. Esta frase, repetida este martes por Patxi López, es el lema que preside el objetivo de la proposición de ley del PSOE para volver a reducir la tasa máxima de alcohol en sangre permitida para la conducción de vehículos del 0,2 al 0,1 gramos por litro. Los socialistas ya ha patrocinado varias veces propuestas similares, que han encallado por distintos problemas, pero ahora la iniciativa ha cogido impulso con su toma en consideración y ha sido respaldada por la Cámara menos por Vox con la abstención del PP. La reforma plantea la prohibición de difundir información sobre la ubicación de los controles policiales y en las redes sociales.

La ratificación de esa proposición de ley del PSOE con 177 votos a favor, 32 en contra de Vox y las 135 abstenciones del PP inicia así su recta final parlamentaria para reducir la tasa de alcohol permitida a la espera de su ratificación definitiva en un próximo pleno. El portavoz socialista en el pleno, Manuel Barrios, aseguró en el debate que el asunto no debería prestarse a ninguna discusión ideológica porque su fin pretende “salvar vidas, poner freno a una realidad dramática y coto a la impunidad de los más irresponsables” en la carretera.

La propuesta del PSOE unifica las tasas para todos los conductores, eliminando las diferencias actuales entre noveles y profesionales, como hacen ya en Suecia y Noruega. La modificación legal fijará tres niveles de infracciones: graves (entre 0,1 y 0,25 miligramos en aire), con la pérdida de 2 puntos del carné; muy graves (superiores a 0,25 mg/l), y 4 puntos menos; y las muy graves agravadas (más de 0,5 mg/l), sancionadas con 6 puntos y una multa de 1.000 euros. El texto legal se agarra a investigaciones que demuestran que los conductores con tasas de entre 0,05 y 0,25 miligramos tienen hasta tres veces más riesgo de accidentes mortales que los sobrios. Barrios volvió a recurrir en el pleno a los datos oficiales del Instituto Nacional de Toxicología para resaltar que el 33% de los conductores fallecidos en accidente de tráfico presentaban índices de alcohol superiores a los permitidos, el 29% de los peatones afectados y para alertar de que en 2023 se registraron un total de 50.000 condenas por superar las tasas autorizadas.

PNV y ERC refrendaron en sus intervenciones el peligro que supone conducir tras ingerir alcohol. Desde Junts lamentaron que el redactado del texto actual del PSOE haya trascendido en algunos aspectos y competencias a lo anunciado en un primer momento desde el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska. La diputada de ERC contrarrestó a los que defienden que reducir esas tasas es restringir las libertades individuales con la imagen de que se dejara operar a un cirujano con alcohol en sus venas. PNV y ERC avanzaron su apoyo, aunque presentarán enmiendas en el siguiente trámite parlamentario. Sumar la subsumió como propia.

La iniciativa también defiende la prohibición de la difusión de información sobre la ubicación de controles policiales en redes sociales y que se considere una infracción muy grave, con responsabilidad de la persona física que vuelca esos contenidos. La representante del PP, Bella Verano, construyó toda su intervención crítica con el proyecto por su fondo y su forma, al lamentar que el PSOE haya vuelto a recurrir a la fórmula de la proposición de ley para acoger una promesa del Gobierno actual y saltarse así como en otras ocasiones los informes de distintos colectivos y expertos del sector y en el caso de la limitación para la difusión de controles policiales incluso del trabajo técnico y jurídico que prometió en su día el director general de Tráfico.

Las tesis del PP se asemejaron así bastante, con otras formas, a la arremetida general del diputado de Vox, Francisco José Alcaraz, que denegó cualquier posibilidad de que el Gobierno de Sánchez y del PSOE puedan hacer nada positivo. Alcaraz comenzó por denunciar que los diputados de la mayoría se habían negado en otra comisión mixta del Congreso y el Senado a someterse ellos a controles de droga “para dar ejemplo” y luego rechazó que los conductores sean los únicos y primeros responsables de los accidentes, porque ahí situó también un alto grado de culpabilidad a las administraciones por su afán recaudatorio, por el mal estado de las carreteras, las señales y los coches. Alcaraz no desperdició la tribuna para atacar al Ejecutivo de Sánchez por sus alianzas con ETA y Otegi y cuestionó el “ecofanatismo eléctrico” de los parlamentarios, de los que denunció que solo tres de los 350 presentes en el Congreso disponen ahora de un coche con ese tipo de motor.

El PP se distanció así en principio del voto afirmativo, pero se abrió a negociar cambios si el PSOE relega lo que la diputada llamó el “método Sánchez” de abusar de los reales decretos sin negociaciones previas. La diputada Bella Verano interpretó ese procedimiento y el “ruido” con este debate como otra “cortina de humo” del Gobierno y del PSOE para no enfocar “la chapuza” y el problema de fondo del aumento en la siniestrabilidad que achacó a la mala gestión de la DGT, el abandono de la red viaria y los 14,5 años de edad media del parque móvil de España, en la cola de los socios europeos.