Castuera concentra el dolor y el miedo por el asesinato de la educadora Belén Cortés

Cuando daban las 8.45 de este lunes las campanas doblaban por ella. Pero casi nadie, en el municipio pacense de Castuera (a 100 kilómetros de Badajoz), se podía imaginar esa mañana que se trataba de Belén Cortés. La chica “alta y fuerte”, de 35 años, que había empezado dando clases particulares a los chavales del pueblo y que luego siguió ganándose la vida como buenamente podía cuando no había trabajo de lo suyo, por ejemplo, desempeñándose como camarera en el bar de la piscina. Hace al menos dos años que se dedicaba por fin a lo que siempre había querido, educar a los jóvenes. Tres de ellos, de 14, 15 y 17 años, han sido detenidos y acusados de haberla asesinado este domingo, de manera brutal. Cuando los agentes acudieron al piso tutelado para infractores donde Cortés estaba haciendo el turno de noche, encontraron su cuerpo golpeado, había sido asfixiada con un cinturón. Este martes este municipio no acostumbrado a abrir los informativos enterraba a Belén y a las puertas de la parroquia se congregaba el dolor y el miedo de un pueblo ante un crimen “inexplicable”.

Poco antes de las cinco de la tarde, por la calle principal de este municipio de poco más de 6.000 habitantes salpicada de negocios cerrados, comenzaba a desfilar un rosario de vecinos armados con paraguas. En silencio, se iban juntando decenas, luego cientos, en la plaza de la iglesia de Santa María Magdalena. Como si el luto oficial de tres días decretado por su alcalde, Francisco Martos, no hubiera hecho falta, el pueblo parecía haberse detenido desde que corriera la noticia, primero por los grupos de WhatsApp la misma noche, y después en la panadería, en los portales, en los escasos bares del centro, en cada esquina. A la hora de la misa de este martes, no parecía haber nadie en Castuera que hubiera pasado 48 horas sin pensar en los últimos minutos de esa chica a la que muchos habían visto crecer. “Qué agonía tuvo que pasar la pobre. Anoche lo comentaba con mi marido y casi no pude dormir”, señalaba Manoli, una vecina de la familia que la conocía desde pequeña.

A las puertas de la parroquia se desmentían a la vez rumores y se propagaban otros. El dolor por una muerte tan terrible, de una mujer joven, “que estaba para casarse”, se mezclaba con la rabia y la ira de muchos vecinos, que juraban la venganza contra esos dos menores—a la joven de 17 apenas la mencionaban— si algún día se atrevían a entrar al pueblo. “Ojo por ojo”, murmuraba una de ellas bajo el soportal de Ayuntamiento, mientras una amiga trataba de matizar sus palabras para acabar dándole la razón. “A mí que me expliquen cómo es posible que se juzgue como niños a quienes han hecho esta salvajada”, insistía otra vecina en la otra esquina de la plaza, iniciando un debate iracundo sobre la ley del menor entre susurros con otro vecino que le pedía “sensatez”. “¿Cómo van a encontrar justicia estos padres, que los acaban de enterrar también a ellos en vida?”, se preguntaba Manoli, con la mirada fija en el féretro, que entraba puntual a las cinco de la tarde por la puerta principal de la parroquia.

En las escaleras de la iglesia se apretaban decenas de personas que trataban de entrar a un templo abarrotado. Entre ellas, muchas compañeras de Belén de la universidad, algunas educadoras y otras que no han podido ejercer todavía. Mónica, integradora social en Mérida, de 27 años, señalaba indignada cómo este crimen se podía haber evitado: “Las medidas de protección existen, pero no las ponen porque no quieren”. No se explica, ni ella ni otras cinco compañeras que se encendían un cigarro en la explanada, cómo le pareció a cualquier autoridad normal que una sola educadora tuviera que custodiar en un turno de noche a cuatro menores sin ningún tipo de seguridad. En el caso de Cortés, este servicio estaba externalizado por la Junta de Extremadura a una empresa privada, Cerujovi. “Si al menos le hubieran puesto a una compañera, quizá esto no hubiera pasado”, añade Mónica. No es el único error que señalan, la noche en la que los menores —que habían huido una semana antes para irse a unas fiestas de Carnaval— fueron devueltos al piso, no había ningún fiscal de menores de guardia que hubiera podido ordenar un régimen de internamiento más estricto.

Cinco educadores se turnaban para atender a los cuatro menores que vivían en el piso donde fue asesinada Cortés. Una de ellas, que trabajaba en la misma vivienda, señaló a Efe que desde hace 15 días “se vivía una situación muy difícil con algunos robos y fugas”. “Estudiamos educación social por vocación y te quitan las ganas porque vas con miedo. Porque ahora que ha pasado esto, cómo vamos a ir a trabajar. Los niños tendrán que ir a este tipo de pisos, pero no hay garantías para nosotras”, apuntaba otra que prefería no dar su nombre porque teme perder su trabajo. El gremio de trabajadoras sociales han recogido en estos días 23.000 firmas en la plataforma Change.org en un escrito donde solicitan más medios y seguridad dirigido al Ministerio del Interior.

El féretro con el cuerpo de Belén cruzó el pueblo ante la mirada atónita de vecinos de todas las edades, autoridades locales y autonómicas y jóvenes venidos de pueblos cercanos. El crimen de Badajoz ha sacudido a una región que ha pulverizado en dos días algunos bulos sobre este tipo de centros de menores: los imputados por el asesinato son niños españoles, hijos de familias conocidas en la región, de clase media, vinculados a la política y el activismo sindical. La víctima amaba su trabajo y es sobrina de la primera teniente alcalde de Castuera.