De denunciante a investigada: cómo una ONG que ayudaba a familias de fallecidos en el mar acaba en el centro de la trama

En abril de 2023, Mari Ángeles C. se sentó frente al ordenador para enviar un email a la Guardia Civil y poner a los agentes sobre la pista de un caso que marcará un antes y un después en cómo deben identificarse los cadáveres de las pateras. La mujer, fundadora de una supuesta ONG, el Centro Internacional para la Identificación de Migrantes Desaparecidos (CIPIMD), contaba que había otra organización, con la que rivaliza, y otros intermediarios que mostraban fotos de inmigrantes fallecidos a sus familias con la intención de identificarlos y mediar en su repatriación. Destacaba Mari Ángeles el “daño devastador” que causaba a los familiares ver a sus seres queridos en avanzado estado de descomposición. La alerta surtió efecto inmediato y desembocó en una investigación que ha destapado una supuesta trama transnacional que se valdría de las imágenes de fallecidos para hacer negocio después con las repatriaciones de sus cuerpos. Pero la acusación de aquel email se ha vuelto en su contra y ha revelado cómo Mari Ángeles, con la ayuda de guardias civiles, policías y otros aliados, estaría supuestamente sustentando su ONG con las mismas prácticas que ella denunció.

El caso se destapó en marzo de 2024, aunque las familias y las activistas que apoyan a los inmigrantes llevaban años denunciando abusos y fraudes por parte de facilitadores y de la ONG de Mari Ángeles. Desde 2021, EL PAÍS ha entrevistado a media docena de parientes que contaron cómo el CIPIMD se aprovechó de su desesperación para arrancarles donativos a cambio de gestiones e información privilegiada —y no siempre fiable— para encontrar a sus fallecidos. A pesar del malestar creciente, hay muchas familias agradecidas porque lograron identificar a sus seres queridos y esta organización se convirtió rápidamente en referente gracias a la información privilegiada que manejaba.

Tras la identificación entraban en el juego varias funerarias que vieron un boyante negocio en la repatriación de cientos de personas que mueren cada año en el mar. La supuesta trama, que trabajaba sobre todo con víctimas marroquíes y argelinas, había normalizado el intercambio de fotos de cuerpos en descomposición. También el pago de mordidas y comisiones a cualquiera que ayudase a hacerse con un nuevo cliente. Según el juez, los miembros de esta red se habrían nutrido de atestados, informes de organismos oficiales, fotografías, ubicaciones, certificados médicos aparentemente falsificados... Todo para crear un “procedimiento paralelo de identificación”, sin cumplir con la legalidad, ni las autorizaciones, ni los plazos pertinentes, y a espaldas de la administración. Cada cadáver reportaba entre 3.500 y 6.000 euros, según la investigación.

Casi un año después de llegar al juzgado, la instrucción se ha extendido en todas direcciones, también hacia el origen de la denuncia. El juez ya había puesto la mira en el CIPIMD, pero solo había imputado a Francisco C., voluntario de la ONG en Almería y subordinado de Mari Ángeles. Hasta que este habló.

En su declaración, Francisco, que vive con sus padres y vende baratijas por internet, negó que se enriqueciese con su trabajo, pero sí reconoció que conseguía fotos de cadáveres y que se las mostraba a las familias. El investigado, eso sí, insistió en todo momento en que la información que tenía era gracias a los contactos de Mari Ángeles y bajo su supervisión. “La Guardia Civil mandaba las fotos a mi jefa”, afirmó ante el juez. Las imágenes de los fallecidos no solo se enviaban a los familiares, sino que, en varias ocasiones, se hicieron públicas. EL PAÍS detectó múltiples publicaciones en redes sociales en la página de la ONG y la de Francisco, con decenas de miles de seguidores, que mostraban cuerpos y restos humanos de personas fallecidas en el mar.

Con estos indicios, el juez decidió formalizar la imputación de Mari Ángeles por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y por otros dos delitos contra la libertad de conciencia y respeto a los difuntos. El magistrado, que ya había imputado a un policía y a un guardia civil, ahonda ahora sobre quiénes eran los otros guardias civiles que enviaban información y fotografías a la responsable de esta ONG con la que mantenían una colaboración extraoficial. Fuentes vinculadas al caso rebaten el convencimiento del juez de que la extraoficialidad signifique ilegalidad y están convencidas de que la causa decaerá.

En un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez justifica la imputación a la alto cargo de la ONG: “Resulta evidente que la hasta ahora testigo y presidenta del CIPIMD debe ser considerada formalmente como investigada”. Según el magistrado, el material analizado, en el que se incluyen intervenciones telefónicas, “evidencian” que Mari Ángeles no solo conocía las actividades de su subordinado, sino que además le presume “la dirección y coordinación del envío masivo de atestados, informes policiales, fotografías de cadáveres completas y documentación de los IML [Instituto Médico Legal]”. Según el juez, el propósito de la investigada no era el de “ayudar a las familias de los fallecidos de forma desinteresada”, sino el de “lucrarse mediante la entrega de esa información tan valiosa a funerarias cercanas que presuntamente ‘agradecerían’ los servicios prestados mediante pagos en [el servicio de transferencias instantáneas] Bizum o regalos varios”.

La imputación de Mari Ángeles tiene otra derivada y es esclarecer cuál era su relación con los institutos anatómico-forenses. Por un lado, el juez investiga al entonces director del Instituto de Medicina Legal (IML) de Murcia, Rafael B., que ejerció de asesor en el Ministerio de Justicia hasta el pasado octubre. Según las pesquisas, Rafael compartió con Mari Ángeles Información “reservada, sensible y de carácter oficial”. Rafael, según el auto, también autorizó que el IML entregase kits de identificación por ADN a personal “no cualificado de la ONG” que se desplazaban a países del Magreb para tomar muestras a las familias “con ignorada cualificación y cadena de control y custodia”. El juez presupone también que el funcionario recibía instrucciones de la directora de la ONG para que “intermediara” con otros directores de IML para que “colaborasen” con la organización y aportasen información y fotografías al margen de las autorizaciones judiciales necesarias. Rafael ha recurrido su citación como investigado ante la Audiencia Provincial. Su defensa entiende que el juez está haciendo una investigación prospectiva [que no contemplan un hecho delictivo, sino que se basa en suposiciones o hipótesis], prohibida por ley.

Mari Ángeles no ha querido responder a EL PAÍS sobre su imputación. Preguntada en junio del año pasado sobre cuál era la diferencia entre los hechos que ella denunció y lo que hacía su ONG, la investigada negó haber compartido fotografías de cadáveres con las familias, así como su publicación en redes. “La emplazamos a mandárnoslas”, conminó antes de asegurar que su organización estaba fuera del procedimiento. Tras enviarle las fotos que muestran que su ONG sí compartía fotos de fallecidos en las redes sociales, EL PAÍS volvió a preguntarle en octubre sobre su reciente imputación. Mari Ángeles negó tener constancia de ella.